viernes. 29.03.2024
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Sólo el 6 por ciento de los españoles que viven en el extranjero podrá ejercer el derecho al voto en las elecciones generales del 20D

“Emigrante, votar es un derecho. Tu también puedes votar”. Este mensaje del Instituto Español de Emigración animaba en 1983 a los emigrantes españoles a participar en las elecciones autonómicas y locales. Hoy esa participación no sería posible porque a los emigrantes se les ha negado el derecho a votar en las elecciones municipales y deben rogarlo en el resto de convocatorias electorales. 

El sistema del voto rogado implica que los ciudadanos españoles que residen fuera y quieran participar en las elecciones deben pedir a la autoridad electoral que les sea concedido este derecho.

Sólo el 6 por ciento de los españoles que viven en el extranjero, en el mejor de los casos, podrá ejercer el derecho al voto en las elecciones generales del 20D. El colectivo afectado asciende sin embargo 1.875.272, según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). 

El motivo es la reforma de la LOREG –Ley Orgánica del Régimen Electoral General- aprobada por el Parlamento en febrero de 2011, con el respaldo de los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción de Izquierda Unida y Coalición Canaria.

Las consecuencias de esa decisión ha sido el hundimiento de la participación electoral  de los españoles en el exterior, que ha pasado del 35 por ciento del CERA al 5 por ciento, por término medio, tras la reforma de la Ley Electoral de 2011. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 la participación cayó al 1,8%. 

El motivo alegado para el recorte de un derecho fundamental fue la existencia de fraude en el voto exterior, pero en lugar de incrementar los mecanismos de control sobre los procesos electorales, se prefirió cercenar directamente un derecho fundamental.

Los emigrantes españoles creen que el voto rogado es un “voto mendigado” porque los españoles del exterior son tan españoles como los que residen en territorio nacional y, por lo tanto, tienen los mismos derechos constitucionales. Nadie en España se ve obligado a rogar el voto, simplemente lo ejerce.

El gobierno del Partido Popular ha desoído reiteradamente las denuncias aparecidas en los medios de comunicación y las demandas de las propias personas emigradas, tanto de sus organizaciones como de sus órganos de participación. De este modo, ha desatendido las resoluciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y ha evitado, hasta sesenta veces en el Parlamento, remover los obstáculos para que el derecho al sufragio sea efectivo para los españoles del exterior.

Casi dos millones de españoles emigrados no podrán votar el 20D