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NUEVATRIBUNA.ES - 17.7.2010

El jueves, el gobierno de Álvaro Uribe mostró unos videos y proporcionó datos sobre la supuesta ubicación de los principales jefes de la guerrilla de las FARC y el ELN en el vecino país. El pasado jueves, Silva afirmó en rueda de prensa -sin la presencia de medios internacionales- que integrantes de las Farc, entre ellos Iván Márquez, mantenían una reunión en suelo venezolano pero aunque aunque había ofrecido presentar pruebas de estas acusaciones, no mostró nada a los periodistas allí reunidos. El titular de Defensa colombiano, Gabriel Silva, añadió que estaba “confirmada” la presencia de "alias Pablito (del ELN) en el sur del país, en un campamento de 25 personas que lo protegen allí", así como de Timoleón Jiménez (Timochenco), Germán Briceño (Grannobles) y de Jorge Briceño (Mono Jojoy), todos de las FARC.

Caracas rechazó las denuncias y llamó a consultas a su embajador en Bogotá, al tiempo que envió una nota de protesta. El gobierno de Chávez acusó a Uribe de querer "minar el terreno de una eventual normalización de las relaciones bilaterales".

El colofón ha sido la declaración del propio Hugo Chávez a varias cadenas de radio y televisión: "Si siguen con su locura, yo en las próximas horas voy a romper relaciones con Colombia". El presidente venezolano ha advertido además de que "eso haría más difícil, muchísimo más difícil las restituciones de las relaciones con el nuevo Gobierno que va asumir el próximo 7 de agosto". Chávez se refería al presidente electo Juan Manuel Santos y a su toma de posesión prevista para esa fecha, a la cual no piensa asistir "por razones de seguridad".

Pero lo más significativo de la declaración de Chávez es que responsabiliza totalmente a Uribe de la nueva escalada de tensión y pide a Santos que se desmarque de su predecesor y mentor: "Uribe es capaz de cualquier cosa, en estas últimas horas o últimas días (...) por el desespero y el odio que tiene y a mi en lo personal". Y es en este punto en el que el presidente de Venezuela ha mencionado que no irá a Bogotá para la toma de posesión del nuevo presidente, dando a entender que espera lo peor del saliente, al que considera un "mafioso".

Con anterioridad a la declaración del mandatario, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un comunicado en el que calificó de "patético espectáculo mediático" las declaraciones hechas el jueves por altos funcionarios colombianos sobre este caso. Para el Ministerio de Exteriores venezolano, en todo esto "no ha faltado la intriga de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, cuyo titular fue consultado por el ministro de Defensa".

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque, a la mayor brevedad posible, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente "para examinar la presencia de terroristas colombianos ubicados en territorio venezolano". En un comunicado, la Presidencia colombiana asegura que esta petición está precedida "por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo con Venezuela".

Para Maduro, sin embargo, "el gobierno de (Álvaro) Uribe ha decidido arremeter contra el pueblo de Venezuela, ha decidido dinamitar las posibilidades de un avance” en las deterioradas relaciones bilaterales. El Gobierno venezolano lleva tiempo denunciando que "a pocos días del fin del gobierno de Uribe, sus voceros mantienen la línea declarativa de agresión que ha obstaculizado el normal desarrollo de la relación bilateral”. Desde agosto del año pasado, el Presidente Chávez decidió congelar las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, tras hacerse pública la firma de un convenio entre Washington y Bogotá para la instalación de siete bases militares de Estados Unidos en territorio neogranadino, creando así una amenaza militar para toda la región. "El Universal" de Caracas publica una detallada cronología de los 'impasses' entre Chávez y Uribe.

Tanto Venezuela como el resto de las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), declararon en diciembre del año pasado que la presencia militar norteamericana en Colombia constituye una amenaza que compromete el avance de la integración suramericana, genera desconfianza en la región, pone en peligro la paz, amenaza las instituciones democráticas y facilita la injerencia hegemónica en el continente.

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