viernes. 29.03.2024

Para el WJP el imperio de la ley es la piedra angular para erradicar la pobreza, la violencia, la corrupción, las pandemias y otras amenazas para la sociedad civilEl Proyecto Justicia Mundial (World Justice Project, WJP), ha publicado su segundo índice sobre el Estado de Derecho en el Mundo, con detallada información sobre un amplio abanico de cuestiones en torno al imperio de la ley. Este informe, que se publicó este 13 de junio en Washington, será presentado en el III Fórum del WJP que se desarrollará en Barcelona entre el 20 y el 23 de este mes. El WJP cuenta con el apoyo financiero de numerosas fundaciones, entre las que está la de Bill Gates y su esposa.

El estudio abarca 66 países y el índice se elabora a partir de 9 factores y 52 sub-factores, para llegar a una definición sobre estos principios: el gobierno y sus agentes son responsables; las leyes son claras, públicas, estables y justas; el proceso de promulgación y administración de las leyes, es accesible, justo y eficiente; y el acceso a la ley cuenta con todas las garantías. Porque para el WJP el imperio de la ley es la piedra angular para erradicar la pobreza, la violencia, la corrupción, las pandemias y otras amenazas para la sociedad civil.

De acuerdo al estudio, América Latina, como región, presente fuertes contrastes. A pesar de que muchos países han avanzado mucho en los últimos tiempos y se han situado en la vanguardia a la hora de proteger los derechos y libertades básicos, las instituciones públicas de la región siguen siendo frágiles. Prevalecen la corrupción y la falta de rendición de cuentas de los gobiernos. Esto hace que se mantenga extendida la percepción de impunidad.

En Argentina y México, por ejemplo, solo el 15 % de la población cree que las instituciones actuarán correctamente en los casos de corrupción. Chile y Brasil son los que salen mejor parados del estudio, mientras que Venezuela está en la cola a escala global.

Con los mayores índices de criminalidad en el mundo, la media mundial de delincuentes  que son capturados, juzgados y condenados está en el 13 %. En América Latina la media es sensiblemente menor y varía entre el 2 % de Guatemala y el 6 % de México.

Venezuela es el peor de los 66 países estudiados en cuanto a la rendición de cuentas del gobierno. La corrupción está extendida, el crimen y la violencia son comunes, las instituciones gubernamentales no son transparentes y el sistema de justicia criminal es ineficiente y sujeto a influencias políticas. También presenta serias deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y opinión, así como el derecho a la privacidad. Mientras que el derecho de propiedad de las empresas es generalmente débil, ese mismo derecho para el ciudadano común recibe una significativa mejor protección.

El mejor de los países de América Latina es Chile, que en todas las categorías contempladas está en el puesto número 20, a nivel global. El gobierno rinde cuentas y la justicia es transparente y eficiente. Aunque el índice de criminalidad es relativamente alto, comparado con otros países de ingresos medios, el sistema de justicia criminal es efectivo y generalmente actúa con el debido proceso. Lo peor en Chile, discriminación policial contra extranjeros y minorías étnicas, duras condiciones de detención y su índice de reincidencia criminal.

Brasil sale también bastante bien parado, aunque el estudio señala que aumenta la percepción de una cultura de impunidad respecto a funcionarios del gobierno.

México, con una larga tradición constitucional y protección a la libertad de expresión y de religión, el sistema criminal de justicia es muy deficiente. Sobre todo por la debilidad de los sistemas de investigación criminal, amplia discriminación contra grupos vulnerables, corrupción de los jueces y agentes del orden y graves violaciones al debido proceso y los derechos de los acusados. Los fracasos para perseguir a funcionarios corruptos sigue siendo una fuente de preocupación.   

En Argentina, la rendición de cuentas también es débil, algo que el estudio achaca a los pobres resultados de los organismos que deben investigar los casos de mala conducta, así como a interferencias políticas en la justicia. Los órganos de control son ineficientes y tardan demasiado en actuar. Algo positivo en Argentina es que el sistema judicial, aunque descrito como lento y no totalmente independiente, es accesible. Los argentinos tienen mejor acceso a un abogado en disputas civiles que algunos países desarrollados, como Canadá y los EE.UU.

Venezuela, el peor gobierno del mundo a la hora de rendir cuentas