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NUEVATRIBUNA.ES - 5.8.2010

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes que dejen de hostigar a los abogados defensores de los derechos humanos, mientras el abogado defensor de un reciente caso polémico de lapidación sigue en paradero desconocido tras la detención de dos de sus familiares.

Mohammad Mostafaei fue puesto en libertad tras ser interrogado por funcionarios judiciales el pasado sábado y desde entonces está en paradero desconocido. De acuerdo con la información más reciente facilitada por ACNUR, el abogado está en Turquía y podría solicitar asilo. Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoz de "Irán Derechos Humanos", ha declarado: "Estamos contentos de que el Sr. Mostafaei esté fuera de Irán, y esperamos que un país europeo le ofrece asilo en breve, ya que no estará a salvo en Turquía".

Tras su interrogatorio el sábado, Mostafaei escribió en su blog que le habían interrogado principalmente sobre su defensa de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. También escribió en su muro de Facebook: "Es posible que me detengan". Esa misma noche, las autoridades iraníes detuvieron a la esposa y al cuñado de Mostafei.

El prestigioso abogado defiende a Sakineh Mohammadi Ashtiani, cuyo caso suscitó la indignación internacional cuando se informó de que iba a ser ejecutada en breve mediante lapidación. También ha defendido a numerosas personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, presos políticos y otras personas condenadas a lapidación. Mostafaei es un destacado crítico de la administración de la justicia de Irán.

"Mohammad Mostafaei es una persona incómoda para las autoridades iraníes y tememos que se le esté persiguiendo para intentar impedir que lleve a cabo sus actividades profesionales como abogado defensor y en apoyo de los derechos humanos", ha declarado Malcom Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. "Parece que las autoridades iraníes intentan silenciar a cualquier persona que hable contra la lapidación o de otras cuestiones en las que Irán incumple claramente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", ha añadido Smart.

En Irán se viene produciendo desde hace tiempo una constante de hostigamiento y prisión contra los abogados de derechos humanos. En 2002, Nasser Zarafshan fue condenado a cinco años de prisión, en parte por cargos fabricados de posesión de un arma de fuego y delitos relacionados con el alcohol.

Abdolfattah Soltani fue condenado a cinco años de cárcel en 2005 por revelar documentos públicos y por hacer "propaganda contra el sistema". La pena fue anulada en la apelación en 2007, pero Soltani fue detenido de nuevo en 2009 y permaneció encarcelado dos meses antes salir en libertad bajo fianza.

Entre los abogados encarcelados actualmente por su labor en relación con los derechos humanos figura también Mohammad Olyaeifard, que cumple una pena de un año de prisión impuesta por los comentarios que hizo criticando al poder judicial tras la ejecución de uno de sus clientes, Behnoud Shojaee, que era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito.

Otros abogados iraníes de derechos humanos, como Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y Shadi Sadr, que ha recibido varios premios internacionales de derechos humanos, trabajan actualmente fuera de Irán y tienen miedo de regresar.

Mohammad Mostafaei fue detenido brevemente tras las polémicas elecciones presidenciales de 2009 y posteriormente salió en libertad bajo fianza.

CAMPAÑA EN APOYO DE SAKINEH

Mientras tanto, sigue sin aclararse la condición jurídica de Sakineh Mohammadi Ashtiani y todavía no hay garantías claras de que no será lapidada. Esta mujer, madre de dos hijos, está presa desde 2005. En mayo de 2006 fue condenada a recibir 99 latigazos por mantener una "relación ilícita" con dos hombres. Con posterioridad, fue declarada culpable de tener una "relación extramatrimonial" y condenada a morir por lapidación.

En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, un principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión en relación con la culpabilidad del acusado, aun en ausencia de pruebas claras o concluyentes. Por otra parte, según fuentes de la Magistratura iraní, pesaría sobre ella una condena a muerte por el asesinato de su marido, afirmación desmentida por uno de sus abogados.

El Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte el 27 de mayo de 2007. Su indulto depende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya se lo ha negado dos veces. El gobierno iraní hizo público un comunicado el 8 de julio en el que informaba que Sakineh Mohammadi Ashtiani no sería lapidada. Posteriormente, el 13 de julio el Ministro de Exteriores de Irán, Manucher Mottaki, desmintió estas afirmaciones atribuyéndolas a “propaganda occidental”. Ante esta situación, es necesario que las autoridades iraníes aclaren a sus hijos y abogados cual es la condición jurídica actual de Sakineh Mohammadi Ashtiani. Hasta que tanto ella como su abogado hayan recibido una notificación oficial, estas declaraciones contradictorias no permiten descartar que pueda ser lapidada.

A mediados del pasado mes de julio, Anmistía Internacional entregó más de 100.000 firmas contra la lapidación a Mottaki, durante una visita suya a Madrid. La acción contra la ejecución de Sakineh Mohammadi se puso en marcha el pasado 9 de julio a través de la web de AI.

Su abogado, en la diana de Teherán