El ministro de Economía, Giulio Tremonti, compareció ayer en rueda de prensa junto a los ministros Roberto Calderoli, de Reformas Institucionales, y Maurizio Sacconi, de Trabajo y Políticas Sociales, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
El Gobierno italiano aprobó un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
La líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Sussana Camusso, aseguró hoy en una entrevista con el diario "La Repubblica" que "una vez más son golpeados los más débiles, que son los que pagan los impuestos" y criticó al ministro Sacconi "por hacer peligrar el contrato nacional".
La secretaria general del CGIL anunció una huelga general contra las "medidas injustas" que será decidida el próximo 23 agosto junto a los sindicatos Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL).
Para el exmagistrado de Manos Limpias y líder de Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro, el plan de austeridad es en parte positivo porque contiene medidas como la reducción de las provincias, una propuesta de su partido, aunque abogaba por su completa abolición, afirmó al diario digital "Il Tempo". "El decreto es verdaderamente deprimente y faltan intervenciones en el frente de la evasión fiscal, del que no se habla ni una línea", añadió.
"Está bien reducir -dijo Di Pietro- el sueldo de los diputados y de los senadores" y se preguntó: ¿Pero el los de los vitalicios?. También inquirió por qué no se ha recortado el número de parlamentarios.
"Si hacía falta dinero -prosiguió- se podría hacer pagar la contribución de solidaridad", que grava con un 5 por ciento los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 por ciento a los que excedan los 150.000, "a los que han traído dinero a Italia gracias al escudo fiscal".
El secretario nacional del Partido Democrático (PD), Pier Luigi Bersani, dijo a la televisión privada italiana La7 que el plan de ajuste económico es "depresivo, poco creíble e injusto, por lo que debe cambiarse".
"Una vez examinado el decreto ley, nos dirigiremos a las fuerzas sociales y a los partidos de oposición para abrir un diálogo destinado a preparar una propuesta alternativa", aseguró.
Emma Marcegaglia, presidenta de la patronal italiana, Cofindustria, hizo un llamamiento al Gobierno y a la oposición para "aprovechar el trámite parlamentario (del decreto ley) para recuperar el rigor y para que se reformen las pensiones de jubilación", según publica hoy el periódico "Il Sole 24 Ore".
Para Marcegaglia, "no se trata de recortar los subsidios de los jubilados sino de hacer trabajar a quien más ganas tiene y está en condiciones de hacerlo, dando perspectivas reales a los jóvenes, oportunidades de trabajo, futuro", para así "evitar el riesgo de una nueva fuga de cerebros".
Su antecesor en el cargo y actual presidente de Ferrari, Luca Cordero de Montezemolo, lamentó que el decreto ley no incluyera "un impuesto sobre los patrimonios superiores a los 5 o a los 10 millones de euros (al año), que hubiese golpeado así también a los evasores de impuestos".
Tras criticar duramente a Gobierno y oposición, Cordero de Montezemolo, dijo en una entrevista con el diario "Il Corriere della Sera", que, aunque el Gobierno tenía que hacer "urgentemente" el decreto ley, "no está a la altura de la situación de emergencia del país porque no afronta los verdaderos problemas estructurales".
