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viernes 20/5/22

Siete parlamentarios españoles son testigos del 'genocidio colombiano'

A. M.
Falta de independencia judicial. Asesinato y tortura de sindicalistas, defensores de derechos humanos y mujeres. Falsos positivos, desplazamientos forzosos y amenazas constantes contra la población civil. Siete parlamentarios españoles viajan a Colombia y constatan estas atrocidades. “Seguimos conmocionados”, dijeron los enviados.
NUEVATRIBUNA.ES - 04.02.2010

Las leyes están, pero no se cumplen. Esta constatación es una de las principales denuncias que hicieron el jueves el grupo de parlamentarios que viajó a Colombia para evaluar la situación de los Derechos Humanos en el país andino.

La misión la encabezaron Inés Sabanés, por Izquierda Unida; Jordi Pedret, por el PSC; Carles Campuzano, de Convergencia i Unió; Francesc Canet, por Esquerra Republicana; Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana; Mikel Basabe, por Aralar; y Marián Suárez, de Eivissa pel Canvi. Los parlamentarios se reunieron esta mañana con los medios para compartir sus impresiones, y “conmoción” fue la palabra que más veces salió de sus bocas.

Cada uno de los participantes aseguró que “aunque ya sabían muchos de los problemas que sufría Colombia, nunca imaginaron con lo que se iban a encontrar”. En sólo una semana con visitas a Bogotá, Cali y Medellín, los parlamentarios reconocían su “preocupación” por el sufrimiento del pueblo colombiano. De vuelta a casa tienen un objetivo: “La situación de Colombia se tiene que poner en la Agenda del semestre europeo”, sentenciaba el senador, Joan Josep Nuet.

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia fue la organizadora del viaje, y desde el primer momento tenía como premisa aprovechar el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Europa y Colombia y la presidencia española en la UE (en la que se llevará a cabo la cumbre de Jefes de Estado de América Latina - UE) para que los derechos humanos sean el centro de las negociaciones y debates. Pero para cumplir sus intereses necesitaban que parte del arco parlamentario viera con sus propios ojos las atrocidades que esta organización lleva denunciando desde hace años. El objetivo se puede dar por cumplido.

“Una de las cosas que más me impresionó fue cuando en la propia Corte Suprema nos reconocieron que el Poder Ejecutivo no permite trabajar al Poder Judicial, no hay una Justicia independiente”, denunciaba el parlamentario de Esquerra Republicana, Francesc Canet. Las amenazas a jueces y abogados están a la orden del día y el Tribunal Supremo del país es el primero en admitirlo y denunciarlo.

La presión que ejerce Uribe y su Gobierno para que no salgan a la luz determinados asuntos es una de las protestas más sonadas que hacen los defensores de derechos humanos. El pasado mes de diciembre doce altos cargos del Estado fueron detenidos por pertenecer a una red de espionaje ilegal
(creada por Uribe) que tenía como cometido investigar a jueces, abogados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas.

LOS COLECTIVOS MÁS TORTURADOS

Precisamente los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y las mujeres han sido los tres sectores con los que se entrevistaron los parlamentarios. Las impresiones son concluyentes: “Colombia sufre un conflicto armado interno cuya principal víctima es la población. La vulneración de derechos humanos es constante”, decía Inés Sabanés.

Los parlamentarios que también se reunieron con autoridades del Estado aseguraron que el propio Gobierno les reconoció la existencia de un conflicto armado: “Este reconocimiento es fundamental ya que en Defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, España y otros países pueden intervenir en Colombia para exigir el cumplimiento de estos derechos”, explicaba Jordi Pedret, quien insistió en numerosas ocasiones que no se iba a poner a debatir sobre el TLC o sobre la política interna colombiana: “Sólo estamos para evaluar los derechos humanos, que es en lo único que nos podemos meter”, aseveraba Pedret.

Los tres colectivos que eligieron para entrevistarse son los más maltratados e incluso asesinados dentro de este conflicto. Los sindicalistas son una de las víctimas más codiciadas por las fuerzas paramilitares y las Fuerzas armadas colombianas. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. “Si un trabajador se asocia a un sindicato o intenta crear un comité de empresa es inmediatamente despedido”, contaba el senador Joan Josep Nuet.

Con los defensores de los derechos humanos sucede más de lo mismo: “Se los estigmatiza y se les acusa de pertenecer a grupos insurgentes”, denunciaba otro de los parlamentarios. Los defensores de derechos humanos son también víctimas de los famosos ‘falsos positivos’ por los que se dio a conocer Colombia. Población civil que es asesinada por militares del Gobierno con la excusa de pertenecer a la guerrilla. Suelen aparecen muertos a kilómetros de sus casas y se les encuentra con ropa de guerrillero para cumplir con la escenografía necesaria para que las fuerzas del Estado queden impunes. Las últimas cifras hablan de 2.100 ‘falsos positivos’ durante los gobiernos de Álvaro Uribe, los cuales forman parte de los 14.700 asesinatos extrajudiciales que se han producido en el país andino.

Durante su estancia, los parlamentarios padecieron una anécdota que ellos mismos calificaron de “dolorosa”: “Nos estábamos entrevistando con madres de jóvenes asesinados como ‘falsos positivos’, y ese mismo día en los periódicos aparecía la noticia de la excarcelación de varios militares que habían cometido estos crímenes. Lo peor de todo es que el Gobierno lo celebraba y pagó una fiesta a los militares con spa, payasos y música. Una vergüenza”, contaba Sabanés.

Las mujeres son las otras grandes víctimas del conflicto . Madres viudas o con hijos asesinados y con el miedo a que los más pequeños tengan la misma suerte, se ven obligadas a desplazarse (en Colombia ya hay cinco millones de desplazados internos) de sus casas para escapar de la violencia de las guerrillas, de los paramilitares y de las fuerzas del Estado. Violaciones y torturas son algunas de las atrocidades que sufren estas víctimas.

URIBE Y SUS LEYES

Todos los parlamentarios coincidieron en que las leyes están y “son buenas”, pero no se cumplen. “La Ley de Verdad Justicia y Reparación no se cumple, las víctimas están abandonadas y los culpables siguen impunes. La sensación de impunidad es otra de las problemas más grandes que hemos percibido, no es una sensación, es una realidad”, constataba el parlamentario de Esquerra.

La impunidad es un problema que los defensores de los derechos humanos han vinculado en numerosas ocasiones con el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo los parlamentario se ponen un poco nerviosos cuando se les hace la pregunta: “Tenemos que reconocer que prácticamente todas las asociaciones y grupos sociales con los que nos hemos reunido vinculan la impunidad y la vulneración de Derechos Humanos con el presidente del Gobierno, pero pensamos que no es un problema personalista sino del Estado”, dijo Joan Josep Nuet. El representante de Esquerra Republicana se mojó un poco más: “No podemos obviar que un tercio de la ejecutiva de Uribe está siendo juzgada por sus relaciones con los paramilitares”, reconocía el parlamentario.

Los enviados españoles quisieron dejar claro que no tuvieron ningún problema para entrevistarse con asociaciones y con las autoridades colombianas, y aseguraron que en ningún momento les pusieron obstáculos para recabar información. “Desde el Gobierno nos advirtieron que estaban acostumbrados a que les hicieran este tipo de evaluaciones, que las aceptaban, pero que se reservaban el derecho de réplica”. Tras el regreso de los parlamentarios, un adjunto del ministerio de Defensa colombiano publicaba en el diario El Tiempo (un de los más leídos en el país) el “vergonzoso y absurdo trabajo” de los enviados españoles: “Sobre estas cosas no vale la pena opinar, estamos acostumbrados a las críticas”, decía Jordi Pedret.

LA VISBILIDAD DEL CONFLICTO

Tras sus denuncias, los parlamentarios plantearon las propuestas: “Vamos a llevar el conflicto de Colombia a la Unión Europea y dentro de dos semanas haremos un debate en el Senado sobre la situación que se vive en el país”. El senador Joan Josep Nuet decía: “Hablaremos de Colombia y no de América Latina, por la sencilla razón de que este país tiene los récord más brutales en asesinatos extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzosos y todo tipo de vulneraciones de los Derechos Humanos”.

A pesar de no querer entrar en las vicisitudes del TLC, sí admitieron que el cumplimiento de los Derechos Humanos debe ser una condición para poder llevar a cabo las negociaciones. Pero el reconocimiento del Gobierno colombiano de que en su país existe un conflicto armado y político interno, es a juicio de los enviados españoles unas de las declaraciones imprescindibles para empezar a solucionar el problema.

Los parlamentarios se ponen como tarea principal “visibilizar el conflicto colombiano”, pero también piden a Uribe y a su Gobierno que se comprometa a cumplir los derechos humanos, respete la independencia judicial y el papel de los trabajadores y sindicalistas. Francesc Canet hizo una propuesta personal: “Desde mi partido (Esquerra Republicana) también vamos a vigilar la cooperación que se hace con Colombia, porque hemos percibido que no es eficaz y no tenemos claro que llegue al destinatario correcto”.

LOS NUEVOS PARAMILITARES

Coincidiendo con el regreso de los parlamentarios, la ONG Human Wrights publicaba un informe sobre la reaparición de los paramilitares en Colombia, como consecuencia de la fallida desmovilización que el Gobierno de Álvaro Uribe abordó entre 2003 y 2006, según argumentó el director para América de la organización, José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia.

El estudio señala que, según datos de la policía, los grupos están formados por más de 4.000 miembros (aunque algunas ONG hablan de 10.000) y que actúan en 24 de los 32 departamentos del país. Si bien la visión oficial es que son bandas criminales al servicio del narcotráfico y que sólo un 12% son antiguos ex paramilitares.

El Gobierno de Colombia, por su parte, rechazó de plano el contenido del informe de HRW. Tras conocerlo, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, canceló la reunión que tenía prevista con José Miguel Vivanco, una acción muy del estilo del Gobierno colombiano.

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