Se esperaba que las elecciones fueran en diciembre, como es costumbre en Venezuela, pero el tribunal electoral, sin explicar las razones, decidió que las presidenciales fueran el 7 de octubre de 2012, dejando para después las regionales (diciembre) y locales (marzo de 2013). Una decisión que, en principio, favorece al presidente Hugo Chávez, por dos razones: aprovecha la ola de popularidad que cosecha con su enfermedad y se expone a una campaña más corta, cosa que agradecerá su salud.
La oposición, reunida en la Mesa de la Unidad (MUD), ya anunció que no será necesario modificar la fecha de las elecciones primarias, fijada para el 12 de febrero, y en las que pretenden encontrar un candidato de unidad para enfrentar a Chávez.
Dos precandidatos se destacan: Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda, y Pablo Pérez, también gobernador, en su caso del Estado Zulia. Pero también tienen sus aspiraciones el gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, los democristianos Oswaldo Álvarez Paz y Eduardo Fernández y el diputado Pablo Medina. La presidenta del tribunal electoral, Tibisay Lucena, ha dicho que los gobernadores que pretendan aspirar a la presidencia tendrán que apartarse temporalmente del cargo, regla que no afectará al presidente.
Hasta ahora, la oposición ha sido incapaz de presentar un candidato y un programa atractivo. Cometió también dos errores importantes: haber apoyado el golpe de abril del 2002, cuando Chávez estuvo 48 horas detenido y fuera del poder, y no presentar candidatos en las penúltimas elecciones parlamentarias, con lo que Chávez tuvo un poder sin ningún contrapeso.
Hugo Chávez ganó sus primeras elecciones de 1998, después de haber encabezado dos fallidos golpes militares. Su primera victoria sería con el 56 % de los votos; en el 2000 revalidó mandato con el 60 %, después de forzar la elección de una Asamblea Constituyente, que redactó una nueva Carta Magna de corte “bolivariano”: aumentó de 5 a 6 años el período presidencial, habilitó la reelección inmediata y estableció un parlamento unicameral. El 2004, Chávez superó el referéndum revocatorio que planteó la oposición. Y en el 2006 volvió a ganar la presidencia con el 62 % de los votos.
En el camino solo tuvo una derrota importante: en el 2007 fracasó al plantear nuevos cambios en la Constitución, que reforzarían su proyecto de “socialismo del siglo XXI” Pero dos años después volvió a plantear casi los mismos temas en otra consulta y logró que se apruebe lo más importante de esa consulta, la reelección indefinida. Otra derrota menor es de hace un año, cuando en las legislativas, que ganó por escaso margen, no logró los dos tercios necesarios para aprobar nuevas reformas.
Estos doce años de gobierno chavista han cambiado profundamente a Venezuela, fundamentalmente desde el punto de vista político. Chávez impuso un diseño constitucional a su medida y el país vive un culto a la personalidad inédito. En política exterior, el eje es el antiamericanismo, con expulsión de la DEA del país, y posteriormente del embajador americano; y apoyo a todos los gobiernos que detestan en Washington, con Irán como el caso más notable.
Los logros del chavismo son cuestionables. Ha descendido la pobreza, del 55 % en 2003, a 26,4 % a principios de 2011 (última cifra disponible). La pobreza extrema se sitúa en el 7,7 %. Según el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías Eljuri Abraham, el nivel de desigualdad es el menor de América Latina. Pero con una de las inflaciones más altas y persistentes del mundo (de dos dígitos desde 1986), los venezolanos viven la escasez de artículos de primera necesidad y frecuentes cortes en el suministro eléctrico. Y soportan uno de los niveles de violencia más altos del mundo.
Pero donde más críticas recibe el gobierno es en el respeto a las libertades básicas. Especialmente su acoso a la prensa y a la oposición política. La ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, decía recientemente que habría que modificar el Código Penal y el Código de Justicia Militar para garantizar la salud de la democracia, ya que contienen normas que limitan la libertad de expresión. En este sentido dijo que “las figuras de desacato y vilipendio son invocadas a menudo por los gobiernos dictatoriales para cercenar la libre expresión del pensamiento”.
