Ni el narcotráfico ni la lucha de los gobiernos mexicanos para erradicarlo o contenerlo son nuevos. Todos los presidentes del país han intentado resolver el problema del tráfico de drogas, con diferentes medios y con menor o mayor fortuna. Sin embargo, ninguno había apostado por hacerlo mediante un ataque frontal, en todo el territorio, durante todo el tiempo, a las organizaciones traficantes como hizo el presidente Calderón desde el inicio de su gobierno. Tras casi cinco años “guerra”, es difícil salir en defensa de esta estrategia, que entiende al “narco” más como un problema de seguridad que como uno de salud pública al que hay que atajar por medios policiacos y militares. No sólo porque la información disponible hoy demuestra que los argumentos que se manejaron como justificaciones de la estrategia son cuestionables, sino porque las medidas adoptadas, además de no haber cumplido sus objetivos, han tenido una serie de consecuencias negativas muy graves, de las cuáles ya he hablado en su momento en este espacio que me brinda nuevatribuna.es. Hoy retomo la cuestión por, al menos, tres razones: 1) el problema, lejos de resolverse, es cada día más grande, 2) el gobierno federal persevera en su error y parece impermeable a toda crítica, y 3) porque hay nueva evidencia para mostrar a propios y extraños lo érroneo de la actual estrategia. La agrupo en tres apartados:
1. EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA
Con un gobierno débil, una política de intervención antidrogas agresiva tienda a exacerbar y multiplicar la violencia. Es así por la capacidad de retaliación que tienen las organizaciones y porque esta política propicia conflictos entre e intracárteles.
Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones traficantes luchando entre sí, también la acción del gobierno desempeña un papel importante. Lo problemático es que se está entrando en el juego de los traficantes: varias detenciones de capos y decomisos se han hecho en buena medida por información provista por cárteles rivales cuyo fin es iniciar una ofensiva justo en el momento en que comienza el conflicto intracártel propiciado por el arresto, muerte o decomiso.
Tenemos pues, a un gobierno que en su afán de erradicación por medio de la confrontación ha actuado como detonador o coadyuvante de los espirales de violencia de la lucha entre traficantes.
Y no solo eso. En un trabajo reciente de Fernando Escalante para la revista Nexos se muestra con cifras algo que los críticos de la “guerra contra el narco” ya sospechaban: que en la mayoría de los estados donde se han desplegado operativos conjuntos policiaco-militares desde 2006 se rompió una tendencia a la baja de varios años en cuanto a violencia homicida y se sufrió un repunte alarmante que la frase “se están matando entre ellos” no alcanza a explicar. De hecho, nada puede explicarlo fuera de la presencia del Ejército.
En estos estados, además, si antes de los operativos conjuntos la violencia homicida se concentraba en algunos municipios, tras la llegada de la “guerra” dicha violencia repuntó no sólo en ellos, sino en prácticamente toda la geografía estatal. Una prueba gráfica de que la estrategia de guerra frontal redundó en más violencia, no solo donde ya la había sino donde antes no existía.
2. EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS.
México, también se ha dicho ya en este espacio, es un productor centenario de marihuana y de heroína. Regiones rurales como el llamado “Triángulo Dorado” o la Cuencua del río Balsas son de añeja tradición en su cultivo. Dicha producción estuvo en su origen controlada por políticos, siendo los traficantes actores integrados en el régimen nacido de la Revolución, pero en una posición de subordinación muy clara.
Otra consecuencia no deseada de que el Ejército se encuentre patrullando las ciudades e inmerso en un enfrentamiento permanente contra los carteles de la droga es precisamente el aumento de esta producción rural, ya que las Fuerzas Armadas (ahora en calles y carreteras) eran quienes se dedicaban a erradicar estos cultivos ilegales, especialmente en la región de la Sierra Madre. Se trataría de un efecto más de una estrategia centrada en atrapar o matar criminales y en el mercado de la cocaína, considerada una droga más valiosa para los carteles.
“La guerra contra el narco da un respiro a los sembradores”, se titula un artículo del Washington Post sobre el particular aparecido el lunes de la semana pasada.
De acuerdo con este diario, reportes de Naciones Unidas y de los gobiernos mexicano y estadounidense apuntarían a que México ha doblado su producción de marihuana desde 2006. El Ejército mexicano destruyó alrededor de 77500 acres de marihuana en 2005 (año anterior a que Felipe Calderón fue declarado Presidente). En 2010, la cantidad se redujo a 43000 acres.
De forma parecida, informes del Departamento de Estado de EE.UU. estiman un aumento significativo de las plantaciones de adormidera en el país, y colocan a México ya como el segundo productor de heroína en el mundo, solo detrás de Afganistán. De acuerdo a esta misma fuente, la producción nacional habría pasado de 8 toneladas métricas en 2005, a 50 en 2009.
De más está decir que los decomisos de ambas drogas han ido in crescendo, lo que no es necesariamente un gran motivo de celebración. Vale la pena recordar una sentencia del mayor experto mexicano en la historia de las drogas, Luis Astorga: “hay más decomisos y capturas por la simple razón de que hay mas producción, más diversificación del mercado y más cantidad de gente en el negocio”.
3. EL DISPENCIO: LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA GUERRA FALLIDA
Además de lo mencionado hasta ahora, es necesario destacar el enorme costo económico que ha significado la guerra contra el narco llevada a cabo por el gobierno mexicano, minuciosamente documentado el periodista Carlos Fernández-Vega en el periódico La Jornada: oficialmente, desde 2006 han salido del erario 667 mil 670 millones de pesos (mdp) (más de 49 billones de dólares) para financiar la estrategia de combate al crimen organizado. En lo que va del sexenio de Calderón el presupuesto conjunto de las cinco dependencias encargadas de implementar este combate (la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal, y la Procuraduría General de la República) se ha incrementado en cerca del 120 por ciento (comparado contra el 71 por ciento de incremento en el Ministerio de Educación Pública).
Tras declarar la guerra contra el crimen organizado (ahora “estrategia”), el presupuesto para 2007 autorizado para las cinco dependencias citadas sumó 71 mil 40 millones de pesos (Gobernación, 5 mil 8 millones; PGR, 9 mil 216; SSPF, 13 mil 664; SEDENA, 32 mil 201, y SEMAR, 10 mil 951). Seis años después la propuesta del Gobierno en 2012 asciende 154 mil 746.7 millones (Gobernación, 23 mil 537.5; PGR, 15 mil 385; SSPF, 40 mil 536.5; SEDENA, 55 mil 611; y SEMAR, 19 mil 676.7).
Comparando el Presupuesto para 2012 con el aprobado de 2011, estas 5 dependencias habrían tenido un incremento en sus recursos de 38.8 % (SEGOB). 23.9 % (PGR), 10.3% (SSP), 7.4% (SEDENA), y 4.1% (SEMAR). Y el total de los recursos asignados a la fallida estrategia de seguridad tendría un aumento real de 12.4%.
En su columna “México, S.A.”, Fernández-Vega no solo se dio a la tarea de recopilar todos estos datos. Realizó, además, una operación muy sencilla, pero de resultados interesantísimos: dividió este gasto entre el total de los presuntos narcotraficantes detenidos (92 mil 682, según datos de la Procuraduría General de la República, entre los cuales solo el 0.01 por ciento formaba parte de la dirigencia de algún cartel), para dar con un resultado de 7.2 mdp por captura (¡poco más de medio millón de dólares!).
Finalmente, y a pesar de que mucho se habla de la necesidad de invertir en la modernidad del aparato de seguridad del Estado (cosa absolutamente necesaria), a la hora de desmenuzar la propuesta presupuestal para 2012 se concluye que difícilmente se alcanzará este objetivo, porque el grueso del dinero que se canalizará el próximo año a las cinco dependencias referidas se destinará a gasto corriente, y dentro de éste, fundamentalmente, al pago de nómina, con lo que el margen de modernización es raquítico: al gasto corriente se destinará el 99.5% del presupuesto de la SEGOB, 98% del de la SEDENA, 72% del de la Secretaría de Seguridad Pública, y 95.5% de la PGR.
Como he sostenido en anteriores colaboraciones, el problema, y de ahí la pertinencia de la crítica a la estrategia del Gobierno, es que su plan se ha centrado en lo militar y lo policial, buscando la erradicación. Y mientras sigamos empantanados como estamos en un paradigma importado que ha sido utilizado como forma de presión internacional, la solución seguirá siendo lejana.
Hay que asumir que el problema del narcotráfico es un problema social y de salud pública, que el consumo de drogas ha sido y seguirá siendo una constante en la sociedad, y que hay que aprender a vivir con él. Y darse cuenta de que las estrategias punitivas, además de estar abocadas al fracaso, traen consigo unos costes extremadamente onerosos, tanto en términos materiales como humanos.
Este diagnóstico debe servir para repensar una estrategia abocada al fracaso, y a dejar de medir el éxito de la misma a granel, en toneladas decomisadas, pistoleros muertos, o en capos extraditados.
Para terminar, no me queda más que refrendar mi convicción de que criticar la estrategia del gobierno federal no es un ejercicio estéril. Y mucho menos, "hacerle el juego al narco", que apuesta por el cansancio de la sociedad. Tampoco creo que el fracaso de una estrategia particular como la implementada por el presidente Calderón implique la derrota del Estado mexicano. No. Los críticos sabemos que no existen alternativas perfectas ni infalibles, pero creemos que la búsqueda y construcción de esas mismas alternativas (consecuencia de una crítica seria de la estrategia actual) será siempre una tarea más redituable que poner nuestros recursos al servicio de una causa perdida, con razones, medios y fines equivocados.
