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31 de julio de 2010, 11:38
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 29.7.2010
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado la busca y captura de los militares estadounidenses el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp a los que acusa indiciaramente de la muerte del cámara español de Telecinco José Couso, fallecido a causa de un disparo cuando se encontraba en el Hotel Palestina el 8 de abril de 2003. Con ello, pretende poder extraditarlos a nuestro país para que sean juzgados por estos hechos en la Audiencia Nacional. Concretamente, Pedraz les acusa de un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio en relación con el "ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas". El juez considera que existen "motivos bastantes para creer responsables criminalmente" de estos hechos a los tres acusados.
El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de reabrir este caso, que había sido archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al entender que Pedraz no tenía base suficiente para seguir investigando la muerte del cámara. El Supremo considera que es penalmente imputable el bombardeo estadounidense que causó la muerte de Couso en Irak, en 2003, en la sentencia que anula el sobreseimiento decretado por la Audiencia Nacional de la causa que investiga la muerte del cámara en plena invasión de Bagdad por parte del Ejército estadounidense.
Dado que los hechos se produjeron bajo la administración Bush, Pedraz contempla que "ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada", por lo que, en una providencia también dictada hoy, libra una solicitud de auxilio judicial al Gobierno de Barack Obama para que declaren los tres militares y para que se recabe del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y de Justicia de Estados Unidos testimonio íntegro de la documentación obrante sobre los los hechos investigados. Por otra parte, el juez Pedraz quiere viajar a Irak para proseguir su investigación sobre el terreno y con ese fin ha solicitado la autorización del CGPJ.
Según el relato de hechos que consta en el auto dictado por Pedraz, De Camp fue la persona que "dio la orden directa de disparar" contra el Hotel Palestina, pese a saber que se encontraba en zona civil y era ocupado por periodistas; Wolford transmitió la orden y Gibson fue "quien materialmente efectuó el disparo" que mató a Couso y a otro periodista, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y provocó heridas graves a otros tres reporteros. Dada la "gravedad de los hechos imputados" y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado hasta el momento, al no responder al ofrecimiento de que la comisión judicial se desplazara a Estados Unidos para tomarles declaración, Pedraz acuerda la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares, a efectos de extradición, "cómo única medida efectiva para recibirles declaración y asegurar la presencia de los mismos en el proceso".
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado la busca y captura de los militares estadounidenses el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp a los que acusa indiciaramente de la muerte del cámara español de Telecinco José Couso, fallecido a causa de un disparo cuando se encontraba en el Hotel Palestina el 8 de abril de 2003. Con ello, pretende poder extraditarlos a nuestro país para que sean juzgados por estos hechos en la Audiencia Nacional. Concretamente, Pedraz les acusa de un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio en relación con el "ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas". El juez considera que existen "motivos bastantes para creer responsables criminalmente" de estos hechos a los tres acusados.
El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de reabrir este caso, que había sido archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al entender que Pedraz no tenía base suficiente para seguir investigando la muerte del cámara. El Supremo considera que es penalmente imputable el bombardeo estadounidense que causó la muerte de Couso en Irak, en 2003, en la sentencia que anula el sobreseimiento decretado por la Audiencia Nacional de la causa que investiga la muerte del cámara en plena invasión de Bagdad por parte del Ejército estadounidense.
Dado que los hechos se produjeron bajo la administración Bush, Pedraz contempla que "ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada", por lo que, en una providencia también dictada hoy, libra una solicitud de auxilio judicial al Gobierno de Barack Obama para que declaren los tres militares y para que se recabe del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y de Justicia de Estados Unidos testimonio íntegro de la documentación obrante sobre los los hechos investigados. Por otra parte, el juez Pedraz quiere viajar a Irak para proseguir su investigación sobre el terreno y con ese fin ha solicitado la autorización del CGPJ.
Según el relato de hechos que consta en el auto dictado por Pedraz, De Camp fue la persona que "dio la orden directa de disparar" contra el Hotel Palestina, pese a saber que se encontraba en zona civil y era ocupado por periodistas; Wolford transmitió la orden y Gibson fue "quien materialmente efectuó el disparo" que mató a Couso y a otro periodista, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y provocó heridas graves a otros tres reporteros. Dada la "gravedad de los hechos imputados" y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado hasta el momento, al no responder al ofrecimiento de que la comisión judicial se desplazara a Estados Unidos para tomarles declaración, Pedraz acuerda la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares, a efectos de extradición, "cómo única medida efectiva para recibirles declaración y asegurar la presencia de los mismos en el proceso".
