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viernes. 19.08.2022
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Nueva condena de 50 años de cárcel para Videla

Fue en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores en Argentina.

“Este fallo no repara solamente a las víctimas, sus familiares y amigos, sino a la sociedad toda"

Quince años de investigación demandó al Tribunal que rastreó la apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado, para llegar a las duras condenas contra algunos de los más importantes representantes de la dictadura militar (1976-1982). Nueve de los once acusados fueron condenados. La pena más importante recayó sobre el exgeneral Jorge Videla, primer presidente de facto del régimen militar, que fue condenado a 50 años de cárcel. El último presidente de la dictadura, el exgeneral Reynaldo Bignone, también fue condenado, en su caso a 15 años de cárcel.

El juicio por el robo de bebés es uno de los más emblemáticos de todos los que se han celebrado hasta ahora contra los represores. El tribunal investigó 35 casos de apropiación, aunque el número real está en torno a los 400. Algunos de ellos pudieron recuperar su identidad, como el caso de los diputados Victoria Donde y Juan Cabandié. Hubo maternidades clandestinas en los centros clandestinos de Detención de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), Campo de Mayo (donde funcionaba la principal guarnición del Ejército), el llamado “Pozo de Banfield” o la comisaría 5ª de La Plata. .

Además de Videla y Bignone los condenados más notorios son el exmarino Jorge “El Tigre” Acosta, que fue el jefe de inteligencia de la ESMA, 30 años; el almirante Antonio Vañek, que comandó la ESMA, 40 años; y el exjefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, 20 años.

En las instalaciones de la ESMA, situadas en la Avenida del Libertador, un lugar muy transitado de la capital argentina y donde hoy hay un Museo de la Memoria, funcionó un centro de detención por el que pasaron unas 5.000 personas, la mayoría de las cuales fueron torturadas y asesinadas, integrando la lista de desaparecidos. Allí funcionó la principal de las maternidades clandestinas, ya que recibía prisioneras de otros campos.

La mayoría de los niños nacidos en cautiverio fueron entregados a parejas de militares o policías que no podían tener hijos. Pero también hubo casos de niños que acabaron acogidos por familias de civiles relacionados con la dictadura, algunos mediante adopciones legales, otros con papeles falsificados. Pero con el patrón común de que no fueron entregados a sus familias biológicas.

Veinte de estos bebés que pudieron ser recuperados, prestaron su testimonio en este juicio. Entre ellos la hoy diputada Victoria Donda, nacida en la ESMA en el año 1977, que declaró: “este fallo no repara solamente a las víctimas, sus familiares y amigos, sino a la sociedad toda. La sentencia de hoy será un triunfo colectivo conseguido gracias a la búsqueda sostenida de justicia de los organismos de derechos humanos, las víctimas, los familiares y organizaciones sociales y políticas de todo el país”.

El caso de Victoria Donda ilustra la historia terrible de aquellos años. Con los dos padres desaparecidos, un hermano de su padre que era militar y trabajó en la ESMA, fue condenado a cadena perpetua en un juicio anterior. Una hermana dos años mayor, que cuando sus padres fueron secuestrados quedó a cargo temporalmente de sus abuelos maternos, crecería a cargo de Adolfo Donda, el hermano militar de su padre montonero. Ambas hermanas se conocieron a los 23 años y no han podido mantener una relación fraterna, separadas por las diferencias ideológicas.

Las defensas trataron de que el tribunal aceptase que la apropiación de bebés fueron casos aislados, cometidos por individuos que no recibieron órdenes superiores y, por tanto, debían ser juzgados como delitos individuales. En su alegato final, el exgeneral Videla negó que existiera este plan sistemático y acusó a las mujeres embarazadas de usar “a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.

La respuesta de las Abuelas de Plaza de Mayo fue que no hay prueba más contundente de que ese plan sistemático que los relatos de aquellos niños, hoy adultos, “nacidos en los centros clandestinos de detención y criados en la mentira”. Hasta ahora, 105 de esos niños han recuperado su identidad.

La causa fue iniciada por la denuncia de dos de las Abuelas, Estela de Carlotto y Chicha Mariani, aprovechando que los robos de menores quedaron fuera de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a la mayoría de los represores de la dictadura. El presidente Menem firmaría después una serie de indultos que beneficiaron a civiles (montoneros) y militares.

Por su alto contenido simbólico, las Abuelas consideran el juicio por la apropiación de menores como equivalente al juicio a las Juntas, que se desarrolló en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 25 de agosto de 2003, el Congreso anuló las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), dictadas durante el gobierno de Alfonsín tras las rebeliones de los militares carapintadas.

El último informe disponible de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, indica que a fecha de marzo de 2012 había 281 condenados, de ellos solo 43 con condena firme.

Nueva condena de 50 años de cárcel para Videla
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