jueves. 28.03.2024

Libia rechazó la recomendación de la ONU en la que se le pedía no castigar con la pena capital casos relacionados con la libertad de expresión. La situación de los derechos humanos en Libia era ya muy preocupante antes de que estallaran las revueltas pacíficas en febrero pasado. El régimen de Muamar Gadafi lleva mucho tiempo restringiendo los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, y reprimiendo prácticamente cualquiera disidencia. Centenares de personas permanecían recluidas arbitrariamente por motivos de seguridad incluso habiendo cumplido ya sus condenas o tras haber sido absueltos por los tribunales.

Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando la violación sistemática de derechos humanos en Libia también contra inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo con detenciones indefinidas y malos tratos. En junio de 2010, el gobierno libio ordenó el cese de las actividades del ACNUR que, pese a que luego reanudó, siguió sin permitir que se tramitaran nuevos casos de refugiados ni que se visitaran los centros de detención. Según informes del año pasado, al menos 18 personas fueron ejecutadas. El pasado mes de noviembre, Libia se sometió al examen periódico universal de Naciones Unidas y rechazó, entre otras, las recomendaciones en las que se le pedía no castigar con la pena capital los casos relacionados con la libertad de expresión.

UN EQUIPO DE DDHH DE LA ONU VIAJARÁ ESTE MES A LIBIA

La situación se ha agravado con la intervención de las fuerzas aliadas para derrocar al Gobierno de Gadafi. AI ha podido constatar que han muertos cientos de personas desde que se iniciaron los disturbios, entre ellas personas “asesinadas deliberadamente y fallecidas como resultado del uso excesivo o indiscriminado de la fuerza letal”. Muchas de ellas han quedado atrapadas en el conflicto armado como consecuencia de abusos contra los derechos humanos y la organización ha podido documentar más de 30 casos, de los muchos, de personas víctimas de desaparición forzada como consecuencia de una campaña emprendida por las fuerzas libias leales al coronel Gadafi, desde antes de que empezaran las protestas, incluidos activistas políticos y presuntos combatientes rebeldes o simpatizantes de éstos, según denuncia AI en su último informe Voces contra el olvido.

La situación es crítica y la comunidad internacional empieza a mover ficha. Un equipo de DDHH de la ONU viajará este mes a Libia para investigar los abusos perpetrados tanto por las fuerzas del régimen de Muamar Gadafi como por las milicias rebeldes. Así lo ha anunciado el presidente de la comisión de investigación, el prestigioso experto en crímenes de guerra estadouniudense Mahmoud Cherif Bassiouni: "Iremos a Libia, tanto al este como al oeste", declaró este viernes en rueda de prensa.

El presidente de la comisión -que contará con tres miembros- no quiso dar detalles precisos sobre el viaje, pero sí indicó que podría incluir escalas en Egipto y Túnez. "La investigación debe ser fiable, imparcial e independiente", explicó durante su encuentro con la prensa en Ginebra. "Eso es lo que intentaremos", prosiguió Bassiouni. "Saldremos de Ginebra el domingo y esperamos regresar a finales de mes", añadió.

A esto se añade la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 26 de febrero de 2011, por la que decide remitir los acontecimientos de Libia a la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa que AI valora positivamente por el compromiso mostrado por la comunidad internacional en la “lucha contra la impunidad” de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

España ha cubierto directamente 19 vuelos en operaciones de repatriación.En este escenario, España también está jugando un papel relevante. El pasado 7 de marzo (antes de la resolución para crear una zona de exclusión aérea con el objetivo de proteger a la población civil) la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, se reunió en Madrid con el Fiscal de la CPI (junto con el que colabora como asesor el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón) Luis Moreno-Ocampo, al que trasladó las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de asistencia humanitaria. España ha cubierto directamente 19 vuelos coordinados por ACNUR y la Organización Mundial de la Migraciones (OIM) en operaciones de repatriación.

Según datos de Naciones Unidas, más de 218.000 personas han cruzado las fronteras a países vecinos, como Egipto y Túnez, huyendo de la violencia y persecución en Libia. Estos países están encontrando serias dificultades para asistir y dar protección a este rápido y masivo flujo de refugiados. Por ello, Amnistía Internacional se ha dirigido a la UE y a sus Estados miembros para que presten apoyo a estos países, que deben mantener la frontera abierta a todas aquellas personas que huyen de Libia sin ningún tipo de discriminación, y respondan al llamamiento del ACNUR del pasado 1 de marzo, asumiendo el compromiso de reasentar a miles de refugiados y solicitantes de asilo que se encuentran en o alrededor de Libia.

La organización considera que “la UE tiene una especial responsabilidad ante la crisis humanitaria en Libia por haber ignorado, durante años, el crítico historial del país en derechos humanos, buscando activamente la colaboración del gobierno de Gadafi para controlar los flujos de inmigración hacia Europa”.

AI denuncia que, si bien el pasado febrero la UE suspendió toda colaboración con las autoridades libias, en los últimos años han estado negociando un Acuerdo Marco y en octubre de 2010 firmaron un programa conjunto de cooperación sobre el control de la inmigración.

España es el tercer cliente de Libia de combustible. El 13% de las importaciones de petróleo de proceden de este país árabe.Las relaciones de España con Libia se encuadran en el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de 1974. La Comisión Mixta entonces creada se ha reunido 5 veces, la última en diciembre de 2008 en Madrid. El Presidente del Gobierno español visitó el país en junio, todavía como Presidencia española de la UE, y noviembre de 2010, principalmente con el propósito de estrechar sus relaciones económicas y empresariales. Las relaciones económicas entre ambos países han estado siempre marcadas por los hidrocarburos y, entre las compañías españolas presentes en el país, destacan Repsol, Gas Natural, Sacyr y Abengoa. España es el tercer cliente de Libia de combustible, tras Italia y Alemania, principalmente petróleo. El 13% de las importaciones de petróleo de España proceden de Libia.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha acogido con “satisfacción” el embargo de armas impuesto a Libia por la ONU y por la UE el 26 y 28 de febrero, respectivamente. En este sentido, la coalición “Armas bajo Control” valora la respuesta emitida por carta, a fecha 9 de marzo, del Secretario de Estado de Comercio Exterior. En ella afirma: “En lo concerniente a Libia, la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, en su criterio 3, impide a los Estados miembros la exportación de armas que puedan provocar o prolongar los conflictos armados o agravar las tensiones existentes o los conflictos en el país de destino”. Asegura asimismo que en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 53/2007 y del RD 2061/2008 por el que se aprueba su Reglamento, el 22 de febrero, se inició el procedimiento previsto de revocación de las 2 únicas licencias de exportación de material de defensa a Libia que estaban en vigor – gafas de visión nocturna – haciéndose efectiva esta revocación el 8 de marzo.

La ONU envía un equipo de derechos humanos para investigar los abusos en Libia