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28 de abril de 2009, 14:13
NUEVATRIBUNA.ES - 27.04.2009
En las últimas dos décadas, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, mujeres y niños.
Al menos 300 civiles fueron asesinados en 2007 por los grupos paramilitares, en muchos casos en connivencia con las fuerzas de seguridad. Además, las estadísticas más recientes señalan que las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad han aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición.
Son datos aportados por Amnistía Internacional (AI) con motivo de la visita a España del presidente colombiano Álvaro Uribe. La organización humanitaria ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no puede continuar obviando el hecho de que la situación de derechos humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando" con la impunidad que otorga la connivencia con las autoridades, y ha recordado que su obligación es priorizar una agenda de derechos humanos en las relaciones bilaterales con Colombia.
Además, Amnistía ha instado al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las fuerzas armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de Naciones Unidas, de modo que "no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia". Según las últimas estadísticas oficiales, en el primer semestre de 2008 el Gobierno del PSOE autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros en "aeronaves".
EN LA DIANA
AI ha mostrado su preocupación por el hecho de que las autoridades colombianas tachen de "afines a la guerrilla" a algunos periodistas. Muchos de ellos, como los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos, son amenazados de muerte, y algunos acaban asesinados.
La organización ha recordado también que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares impulsado por Álvaro Uribe supone que nueve de cada diez paramilitares desmovilizados se beneficien de amnistías de facto. Además, desde que comenzaron a declarar ante las unidades de Justicia y Paz previstas por la Ley, al menos 15 personas relacionadas con el proceso fueron víctimas de homicidio y alrededor de 200 personas más recibieron amenazas.
MENORES RECLUTADOS
Amnistía Internacional ha denunciado que sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzoso de menores de edad, tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ha manifestado su preocupación por los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidos a las FARC.
En las últimas dos décadas, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, mujeres y niños.
Al menos 300 civiles fueron asesinados en 2007 por los grupos paramilitares, en muchos casos en connivencia con las fuerzas de seguridad. Además, las estadísticas más recientes señalan que las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad han aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición.
Son datos aportados por Amnistía Internacional (AI) con motivo de la visita a España del presidente colombiano Álvaro Uribe. La organización humanitaria ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no puede continuar obviando el hecho de que la situación de derechos humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando" con la impunidad que otorga la connivencia con las autoridades, y ha recordado que su obligación es priorizar una agenda de derechos humanos en las relaciones bilaterales con Colombia.
Además, Amnistía ha instado al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las fuerzas armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de Naciones Unidas, de modo que "no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia". Según las últimas estadísticas oficiales, en el primer semestre de 2008 el Gobierno del PSOE autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros en "aeronaves".
EN LA DIANA
AI ha mostrado su preocupación por el hecho de que las autoridades colombianas tachen de "afines a la guerrilla" a algunos periodistas. Muchos de ellos, como los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos, son amenazados de muerte, y algunos acaban asesinados.
La organización ha recordado también que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares impulsado por Álvaro Uribe supone que nueve de cada diez paramilitares desmovilizados se beneficien de amnistías de facto. Además, desde que comenzaron a declarar ante las unidades de Justicia y Paz previstas por la Ley, al menos 15 personas relacionadas con el proceso fueron víctimas de homicidio y alrededor de 200 personas más recibieron amenazas.
MENORES RECLUTADOS
Amnistía Internacional ha denunciado que sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzoso de menores de edad, tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ha manifestado su preocupación por los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidos a las FARC.
