nuevatribuna.es
31 de mayo de 2010, 0:35
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 30.5.2010
Unos 30 millones de colombianos están convocados este domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente Álvaro Uribe en unos comicios que han sido considerados los más reñidos de la historia de ese país sudamericano. Se considera prácticamene seguro el empate técnico entre el candidato del gobernante Partido de la U, Juan Manuel Santos, y el aspirante por el opositor Partido Verde, Antanas Mockus.
Las últimas encuestas, divulgadas antes del cierre de campaña el pasado domingo, revelaron que ninguno de los dos candidatos alcanzaría la cantidad de votos suficientes para salir triunfante en la primera vuelta, lo que podría extender la contienda a unos segundos comicios el próximo 20 de junio en los que seguramente no faltarán las alianzas con los siete partidos que queden fuera.
El vertiginoso ascenso de Mockus tomó por sorpresa a Santos, candidato de Uribe, quien abandona la Presidencia con una popularidad que ronda el 70 por ciento, éxito que no ha podido traspasar a su delfín, que se ha estancado en los sondeos dando paso al matemático y ex alcalde de Bogotá que hasta hace unas semanas era anónimo para la opinión pública internacional.
Los imprevistos cambios en el panorama electoral tuvieron como antesala varios escándalos que enturbiaron la carrera por la Presidencia de Santos, acusado de ser uno de los responsables de los llamados 'falsos positivos', ejecuciones de civiles que eran presentados como bajas en combate con la guerrilla. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de Colombia registra al menos 2.000 casos ocurridos hasta finales de 2009. Santos, como ministro de Defensa de Uribe, autorizó además el bombardeo de un campamento de la guerrilla en Ecuador en marzo de 2008. Esta operación desencadenó una crisis diplomática con este país que apenas ha empezado a resolverse.
Pese a esta situación, los ciudadanos ven en Santos la posibilidad de continuar con las políticas de seguridad democrática que han permitido a Uribe hacer frente al conflicto armado que por décadas ha hecho de Colombia un país inestable en el que los grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han tomado el control de algunas regiones. El reverso de la moneda del uribismo es, por otra parte, la consolidación de grupos paramilitares que prosperan ante la mirada muchas veces complaciente de las autoridades. Además, la política y la institucionalidad colombianas se encuentran gravemente distorsionadas por la interferencia de los elementos paramilitar y narcotraficante. Se estima que los ingresos anuales por narcotráfico pueden llegar a los 15 mil millones de dólares, y el voto se puede comprar, ya sea con amenazas, o con dinero, como afirma el informe de la misión de observadores de la OEA. Asimismo, son constantes las críticas a Uribe por las violaciones a los derechos humanos, en el marco del enfrentamiento a la guerrilla y al narcotráfico.
Mockus tiene a su favor todas estas denuncias pero, consciente de la importancia que reviste la seguridad en un país afectado por un conflicto interno, se ha manifestado a favor de las políticas iniciadas por la administración en curso. De hecho, Mockus se presenta a sí mismo como un continuador de Uribe, pero con “coherencia entre medios y fines”, tal como le gusta repetir. En otros temas delicados de la política colombiana, como la difícil relación con su vecino Hugo Chávez y la alianza con Washington, tampoco se aleja mucho de la senda actual. Defiende la instalación de bases militares norteamericanas en su país, eje de los últimos conflictos diplomáticos con otras naciones del continente. Así las cosas, Colombia se apresta a elegir entre dos políticos que en los asuntos cruciales parecen no diferir demasiado.
POLÍTICAS SOCIALES
Pero a diferencia de comicios anteriores, en esta ocasión los colombianos irán a las urnas pensando también en las promesas de índole social: reducción de la pobreza, mejoras económicas y acabar con la corrupción que en los últimos meses ha sido protagonista de varias controversias.
El candidato que llegue a la Casa de Nariño asumirá un país con un nivel de pobreza que se ubica por encima del 45 por ciento, según cifras oficiales. El desempleo urbano, otra de las principales preocupaciones de los ciudadanos, supera el 12 por ciento, mientras que el sector de la salud enfrenta una de sus peores crisis por la falta de recursos.
Otro de los desafíos será mejorar las relaciones internaciones, especialmente, con países vecinos como Ecuador y Venezuela. Tanto Santos como Mockus se han comprometido a mantener buenas relaciones con el Gobierno de Hugo Chávez, aunque dejando siempre claro que no permitirán que se inmiscuya en los asuntos internos de Colombia.
Para contener el empuje de la 'oleada verde', el candidato del oficialismo ha presentado un importante programa de desarrollo económico, basado en la inversión privada. Santos ha prometido volcar los posibles beneficios de este crecimiento en un programa social de lucha contra el desempleo, en un país cuyo nivel de paro se sitúa en el 12,3 por ciento, el más elevado de la región.
Mockus juega con la baza de la eficacia de su gestión en Bogotá, donde fue alcalde en dos periodos (1995-1997 y 2001-2003). En esta ciudad, el profesor de 58 años protagonizó una transformación radical a partir de la construcción de una conciencia ciudadana de tolerancia y protección a la vida y un saneamiento de las cuentas públicas que contribuyó a neutralizar la corrupción. La seña de identidad de este académico es la apuesta por una revolución educativa que consiga erradicar los males endémicos del país, especialmente la corrupción. Una idea que ha sintetizado en la consigna "cuentas públicas, cuentas sagradas" y con la que pretende diferenciarse de gobiernos anteriores, salpicados por numerosos escándalos políticos.
A ambos se les ha reprochado, no obstante, que en sus planteamientos no se encuentra nada sustantivo, novedoso y efectivo para superar de verdad y de forma sostenible la trampa de la pobreza de 20 millones de seres humanos y el hambre que padecen 8 millones de ellos.
Jorge Arturo Bernal Medina ya denunciaba estas carencias al principio de la campaña: "No se introducen las nociones de ciudadanía, de derechos, de universalidad, de capacidades, libertades, de igualdad social, ni de equidad. Se siguen manejando conceptos y perspectivas propias del enfoque y el discurso neoliberal y conservador: la focalización en los más pobres y vulnerables; combatir el “flagelo de la pobreza”, en mejorar la inclusión social. Menos aún se establecen vínculos claros entre las políticas sociales y las políticas económicas, ni se plantea enfrentar los problemas estructurales que han dado lugar a que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo y con mayores tasas de pobreza en América Latina".
Sobre las propuestas de ambos candidatos para superar este estado de cosas, Bernal Medina le recordaba a Mockus que "la educación, la innovación, el saber pueden ser elementos y componentes de una estrategia general de superación de la trampa de la pobreza, pero son eso, partes, componentes, además de mediano y largo plazo. Deben ser incluidos y articulados a unas políticas y estrategias generales y no ser asumidos como que solos permiten esos resultados".
Y a Santos que "particularmente grave es el planteamiento del candidato (Juan Manuel Santos) cuando pone en evidencia su modelo oligárquico de concentración de la tierra y de privilegio a la gran explotación capitalista: los pequeños cultivos de pancoger de los campesinos pobres estarán cerca de las explotaciones agropecuarias de los grandes capitalistas y terratenientes del campo colombiano".
FRAUDE Y AMENAZAS
Por lo demás, estos comicios se celebran bajo la sombra de las pasadas elecciones legislativas del 14 de marzo de las que resultó una larga lista de denuncias por irregularidades en el conteo de los votos que todavía no han podido resolverse. El titular de la Registraduría Nacional, Carlos Ariel Sánchez, alertó de que "la falta de recursos" podría afectar al trabajo del organismo que preside y, por tanto, aumentar la posibilidad de fraude.
A pesar de estas dificultades, Sánchez señaló que el sistema de biometría con el que cuenta Colombia "permite evitar una prolongada manipulación de las actas electorales" hasta el punto de que blinda la votación hasta en un 80 por ciento. Este sistema sitúa a Colombia "en el país con más avances técnico de toda la región".
Asimismo, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, había denunciado que 'hackers' colombianos y de otros países buscan afectar la seguridad informática del país durante este proceso. "Los intereses terroristas no tienen frontera, hemos detectado que hay esfuerzos de 'hackers' de otros países que pretenden no solamente afectar el proceso electoral sino la seguridad informática", alertó.
El otro asunto que preocupa tanto a las autoridades como a los propios colombianos son las amenazas de muerte que han recibido los aspirantes y la posibilidad de que las FARC y otros grupos subversivos boicoteen el proceso para hacer efectivo su llamamiento a no ir a votar.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido de que al menos 6 de los 32 departamentos del país se encuentran en "alto riesgo" de injerencia en las elecciones por parte de grupos armados ilegales, como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares.
El Ministerio de Defensa ha anunciado el despliegue de unos 350.000 policías y militares para resguardar las 72.725 mesas de votación que se mantendrán operativas hasta las 20.00 horas del domingo (03.00 horas del lunes en España), cuando se espera haber escrutado un 95 por ciento del total de los votos.
Unos 30 millones de colombianos están convocados este domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente Álvaro Uribe en unos comicios que han sido considerados los más reñidos de la historia de ese país sudamericano. Se considera prácticamene seguro el empate técnico entre el candidato del gobernante Partido de la U, Juan Manuel Santos, y el aspirante por el opositor Partido Verde, Antanas Mockus.
Las últimas encuestas, divulgadas antes del cierre de campaña el pasado domingo, revelaron que ninguno de los dos candidatos alcanzaría la cantidad de votos suficientes para salir triunfante en la primera vuelta, lo que podría extender la contienda a unos segundos comicios el próximo 20 de junio en los que seguramente no faltarán las alianzas con los siete partidos que queden fuera.
El vertiginoso ascenso de Mockus tomó por sorpresa a Santos, candidato de Uribe, quien abandona la Presidencia con una popularidad que ronda el 70 por ciento, éxito que no ha podido traspasar a su delfín, que se ha estancado en los sondeos dando paso al matemático y ex alcalde de Bogotá que hasta hace unas semanas era anónimo para la opinión pública internacional.
Los imprevistos cambios en el panorama electoral tuvieron como antesala varios escándalos que enturbiaron la carrera por la Presidencia de Santos, acusado de ser uno de los responsables de los llamados 'falsos positivos', ejecuciones de civiles que eran presentados como bajas en combate con la guerrilla. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de Colombia registra al menos 2.000 casos ocurridos hasta finales de 2009. Santos, como ministro de Defensa de Uribe, autorizó además el bombardeo de un campamento de la guerrilla en Ecuador en marzo de 2008. Esta operación desencadenó una crisis diplomática con este país que apenas ha empezado a resolverse.
Pese a esta situación, los ciudadanos ven en Santos la posibilidad de continuar con las políticas de seguridad democrática que han permitido a Uribe hacer frente al conflicto armado que por décadas ha hecho de Colombia un país inestable en el que los grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han tomado el control de algunas regiones. El reverso de la moneda del uribismo es, por otra parte, la consolidación de grupos paramilitares que prosperan ante la mirada muchas veces complaciente de las autoridades. Además, la política y la institucionalidad colombianas se encuentran gravemente distorsionadas por la interferencia de los elementos paramilitar y narcotraficante. Se estima que los ingresos anuales por narcotráfico pueden llegar a los 15 mil millones de dólares, y el voto se puede comprar, ya sea con amenazas, o con dinero, como afirma el informe de la misión de observadores de la OEA. Asimismo, son constantes las críticas a Uribe por las violaciones a los derechos humanos, en el marco del enfrentamiento a la guerrilla y al narcotráfico.
Mockus tiene a su favor todas estas denuncias pero, consciente de la importancia que reviste la seguridad en un país afectado por un conflicto interno, se ha manifestado a favor de las políticas iniciadas por la administración en curso. De hecho, Mockus se presenta a sí mismo como un continuador de Uribe, pero con “coherencia entre medios y fines”, tal como le gusta repetir. En otros temas delicados de la política colombiana, como la difícil relación con su vecino Hugo Chávez y la alianza con Washington, tampoco se aleja mucho de la senda actual. Defiende la instalación de bases militares norteamericanas en su país, eje de los últimos conflictos diplomáticos con otras naciones del continente. Así las cosas, Colombia se apresta a elegir entre dos políticos que en los asuntos cruciales parecen no diferir demasiado.
POLÍTICAS SOCIALES
Pero a diferencia de comicios anteriores, en esta ocasión los colombianos irán a las urnas pensando también en las promesas de índole social: reducción de la pobreza, mejoras económicas y acabar con la corrupción que en los últimos meses ha sido protagonista de varias controversias.
El candidato que llegue a la Casa de Nariño asumirá un país con un nivel de pobreza que se ubica por encima del 45 por ciento, según cifras oficiales. El desempleo urbano, otra de las principales preocupaciones de los ciudadanos, supera el 12 por ciento, mientras que el sector de la salud enfrenta una de sus peores crisis por la falta de recursos.
Otro de los desafíos será mejorar las relaciones internaciones, especialmente, con países vecinos como Ecuador y Venezuela. Tanto Santos como Mockus se han comprometido a mantener buenas relaciones con el Gobierno de Hugo Chávez, aunque dejando siempre claro que no permitirán que se inmiscuya en los asuntos internos de Colombia.
Para contener el empuje de la 'oleada verde', el candidato del oficialismo ha presentado un importante programa de desarrollo económico, basado en la inversión privada. Santos ha prometido volcar los posibles beneficios de este crecimiento en un programa social de lucha contra el desempleo, en un país cuyo nivel de paro se sitúa en el 12,3 por ciento, el más elevado de la región.
Mockus juega con la baza de la eficacia de su gestión en Bogotá, donde fue alcalde en dos periodos (1995-1997 y 2001-2003). En esta ciudad, el profesor de 58 años protagonizó una transformación radical a partir de la construcción de una conciencia ciudadana de tolerancia y protección a la vida y un saneamiento de las cuentas públicas que contribuyó a neutralizar la corrupción. La seña de identidad de este académico es la apuesta por una revolución educativa que consiga erradicar los males endémicos del país, especialmente la corrupción. Una idea que ha sintetizado en la consigna "cuentas públicas, cuentas sagradas" y con la que pretende diferenciarse de gobiernos anteriores, salpicados por numerosos escándalos políticos.
A ambos se les ha reprochado, no obstante, que en sus planteamientos no se encuentra nada sustantivo, novedoso y efectivo para superar de verdad y de forma sostenible la trampa de la pobreza de 20 millones de seres humanos y el hambre que padecen 8 millones de ellos.
Jorge Arturo Bernal Medina ya denunciaba estas carencias al principio de la campaña: "No se introducen las nociones de ciudadanía, de derechos, de universalidad, de capacidades, libertades, de igualdad social, ni de equidad. Se siguen manejando conceptos y perspectivas propias del enfoque y el discurso neoliberal y conservador: la focalización en los más pobres y vulnerables; combatir el “flagelo de la pobreza”, en mejorar la inclusión social. Menos aún se establecen vínculos claros entre las políticas sociales y las políticas económicas, ni se plantea enfrentar los problemas estructurales que han dado lugar a que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo y con mayores tasas de pobreza en América Latina".
Sobre las propuestas de ambos candidatos para superar este estado de cosas, Bernal Medina le recordaba a Mockus que "la educación, la innovación, el saber pueden ser elementos y componentes de una estrategia general de superación de la trampa de la pobreza, pero son eso, partes, componentes, además de mediano y largo plazo. Deben ser incluidos y articulados a unas políticas y estrategias generales y no ser asumidos como que solos permiten esos resultados".
Y a Santos que "particularmente grave es el planteamiento del candidato (Juan Manuel Santos) cuando pone en evidencia su modelo oligárquico de concentración de la tierra y de privilegio a la gran explotación capitalista: los pequeños cultivos de pancoger de los campesinos pobres estarán cerca de las explotaciones agropecuarias de los grandes capitalistas y terratenientes del campo colombiano".
FRAUDE Y AMENAZAS
Por lo demás, estos comicios se celebran bajo la sombra de las pasadas elecciones legislativas del 14 de marzo de las que resultó una larga lista de denuncias por irregularidades en el conteo de los votos que todavía no han podido resolverse. El titular de la Registraduría Nacional, Carlos Ariel Sánchez, alertó de que "la falta de recursos" podría afectar al trabajo del organismo que preside y, por tanto, aumentar la posibilidad de fraude.
A pesar de estas dificultades, Sánchez señaló que el sistema de biometría con el que cuenta Colombia "permite evitar una prolongada manipulación de las actas electorales" hasta el punto de que blinda la votación hasta en un 80 por ciento. Este sistema sitúa a Colombia "en el país con más avances técnico de toda la región".
Asimismo, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, había denunciado que 'hackers' colombianos y de otros países buscan afectar la seguridad informática del país durante este proceso. "Los intereses terroristas no tienen frontera, hemos detectado que hay esfuerzos de 'hackers' de otros países que pretenden no solamente afectar el proceso electoral sino la seguridad informática", alertó.
El otro asunto que preocupa tanto a las autoridades como a los propios colombianos son las amenazas de muerte que han recibido los aspirantes y la posibilidad de que las FARC y otros grupos subversivos boicoteen el proceso para hacer efectivo su llamamiento a no ir a votar.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido de que al menos 6 de los 32 departamentos del país se encuentran en "alto riesgo" de injerencia en las elecciones por parte de grupos armados ilegales, como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares.
El Ministerio de Defensa ha anunciado el despliegue de unos 350.000 policías y militares para resguardar las 72.725 mesas de votación que se mantendrán operativas hasta las 20.00 horas del domingo (03.00 horas del lunes en España), cuando se espera haber escrutado un 95 por ciento del total de los votos.
