martes 30/11/21
LA MEMORIA DE URUGUAY

La Ley de Caducidad para acusados de crímenes de la dictadura es inconstitucional

La resolución de la Suprema Corte de Justicia, que sigue la estela de otra aprobada hace un año también por el alto tribunal, considera inconstitucional la iniciativa para una veintena de procesos incluidos en la causa del ex dictador Juan María Bordaberry, condenado a 30 años de cárcel. Los procesos se refieren a otros tantos asesinatos.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 2.11.2010

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha declarado inconstitucional la Ley de Caducidad aprobada tras la dictadura militar (1973-1985), que dio impunidad a militares y policías acusados de violar los Derechos Humanos durante este periodo.

El portavoz del tribunal, Raúl Oxandabarat, explicó que este fallo permite realizar investigaciones sin las trabas establecidas en la polémica ley, lo que retira cualquier protección a los presuntos implicados. La ley fue promulgada en el año 1986, durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti y fue respaldada en referéndum en dos ocasiones, la última de ellas el año pasado.

La coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio, promueve la aprobación en el Senado de un proyecto interpretativo que suponga dejar sin efecto la Ley de Caducidad. La iniciativa cuenta ya con el respaldo de la Cámara de los Diputados pero no logra los votos necesarios en la Cámara Alta.

Uruguay se encuentra actualmente en medio de un agrio debate entre el oficialista Frente Amplio (FA) y la oposición, después de que la ratificación de la Ley de Caducidad en el referéndum del año pasado, coincidiendo con las elecciones presidenciales en las que venció el ex guerrillero tupamaro José Mujica, asestara un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos.

POSICIONES ENFRENTADAS SOBRE LA LEY DE CADUCIDAD

El FA justifica la nueva ley con la que pretende dejar sin efecto la de Caducidad precisamente por una sentencia de la Corte Suprema que en octubre de 2009 la declaró inconstitucional para aplicarse en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

La iniciativa legislativa pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática y por lo tanto hacerla inaplicable.

Sin embargo, los opositores a este proyecto, entre los que se encuentran los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), acusan a la propuesta de ser “un agravio a la ciudadanía” que aprobó la norma y un ataque a la “institucionalidad del país”. Además, los defensores de la Ley de Caducidad aducen que, si la norma se aplica correctamente, es posible llevar a los violadores de los derechos humanos ante la Justicia, como demuestran la decisión sobre el caso de Sabalsagaray y la adoptada este lunes sobre Bordaberry.

El tema también divide a la propia coalición de izquierda, que pese a gozar de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras se ha topado con el rechazo de al menos tres de sus senadores, que se han manifestado en contra del proyecto. Y si al menos dos de los senadores “rebeldes” votan en contra, el objetivo de la izquierda de dejar sin efecto la Ley de Caducidad fracasará.

La Ley de Caducidad obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período, algo que no había ocurrido hasta que la izquierda asumió el Gobierno en 2005, bajo la Presidencia de Tabaré Vázquez. Precisamente, la misma Suprema Corte que acaba de declarar inconstitucional esta norma se pronunció a favor de la misma en 1988.

El expediente que ahora podrá ser investigado corresponde a una denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos que acusan al ex dictador Bordaberry de tener responsabilidad en la muerte de 20 personas bajo su gobierno.

Bordaberry, de 81 años y que gobernó constitucionalmente entre 1972 y 1973 y luego como presidente de facto entre 1973 y 1976, ya fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución y a otros 30 por el asesinato de 14 personas desaparecidas bajo su mandato.

La Ley de Caducidad para acusados de crímenes de la dictadura es inconstitucional
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