nuevatribuna.es
8 de enero de 2010, 4:31
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 07.01.2010
El Ministerio Público (MP) de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordene la captura de la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó haber presentado un presentó ante la CSJ un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
Salgado precisó que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".
El fiscal explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" del Estado y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.
La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
UN “MANTO” SOBRE LA VERDAD
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo Zelaya a medios locales desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia desde el 21 de septiembre.
Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la CSJ como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
Zelaya afirmó que "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado (Luis Rubí) con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".
El general Vázquez dijo que desconocía la acción del MP pero que estaba dispuesto a presentarse ante la justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, dijo a periodistas que "se conformará un equipo de abogados" de la institución para que lleve la defensa en este caso.
Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes, y los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
La acción del MP contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.
El depuesto gobernante apuntó que "si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar", y fue "ratificado" por el Congreso Nacional, que lo destituyó a él y designó en su lugar a Micheletti. "El fiscal del Estado está dándose con la piedra entre los dientes porque le está dando ese derecho a la cúpula militar que no me lo quiso dar a mí", añadió.
El Ministerio Público (MP) de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordene la captura de la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó haber presentado un presentó ante la CSJ un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
Salgado precisó que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".
El fiscal explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" del Estado y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.
La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
UN “MANTO” SOBRE LA VERDAD
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo Zelaya a medios locales desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia desde el 21 de septiembre.
Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la CSJ como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
Zelaya afirmó que "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado (Luis Rubí) con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".
El general Vázquez dijo que desconocía la acción del MP pero que estaba dispuesto a presentarse ante la justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, dijo a periodistas que "se conformará un equipo de abogados" de la institución para que lleve la defensa en este caso.
Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes, y los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
La acción del MP contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.
El depuesto gobernante apuntó que "si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar", y fue "ratificado" por el Congreso Nacional, que lo destituyó a él y designó en su lugar a Micheletti. "El fiscal del Estado está dándose con la piedra entre los dientes porque le está dando ese derecho a la cúpula militar que no me lo quiso dar a mí", añadió.
