nuevatribuna.es
25 de noviembre de 2009, 12:43
NUEVATRIBUNA.ES- 25.11.2009
Las constantes vulneraciones de derechos humanos que ejerce el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe son de sobra conocidas. Un tercio de su ejecutiva está siendo juzgada por sus relaciones con los paramilitares. Doce altos cargos han sido detenidos por pertenecer a una red de espionaje ilegal (creada por Uribe) que tenía como cometido investigar a jueces, abogados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas.
Entre 2002 y 2008 se han producido 14.700 ejecuciones extrajudiciales llevadas a acabo por paramilitares relacionados con el Ejecutivo. En los últimos años 2.200 familias han denunciado la desaparición de sus hijos que después han pasado a formar parte de la lista de ‘guerrilleros’ ejecutados por el Gobierno: “Llegaban a las casa de gente pobre, les prometían un trabajo, estas personas se lo creían, se iban con ellos y a los dos días la Policía los asesinaba con la justificación de formar parte de una lista de guerrilleros peligrosos”, señaló el abogado colombiano Eduardo Carreño, en la rueda de prensa en la que se presentaba la campaña ‘Colombia. Defensores de Derechos Humanos bajo amenaza’.
Los crímenes y delitos contra los derechos humanos que se cometen en el país andino podrían saltar fronteras y llegar hasta España y concretamente al Gobierno Regional madrileño. Las vinculaciones entre ambos países aparecen cuando se investiga la cooperación internacional.
Enrique Santiago, abogado y portavoz de la Plataforma Justicia Por Colombia (grupo de ONG españolas que defienden los Derechos Humanos en este país latinoamericano), aseguró que hay documentación seria que certifica que la ayuda para fines medioambientales que la Comunidad de Madrid ofrece a Colombia “está siendo utilizada para formar una red de informantes que le da nombres a los paramilitares para después cometer ejecuciones extrajudiciales”.
Según el Gobierno de Uribe, el dinero que recibe de los fondos de medio ambiente del gobierno regional madrileño, está destinado a la creación de grupos de guardabosques. Lo curioso señala Santiago, es que estos trabajadores en ocasiones ocupen zonas en las que no hay ni un sólo árbol. A pesar de todo dice el abogado: "Es completamente legal que la Comunidad de Madrid financie guardabosques en un lugar donde no hay bosques, lo que no sería legal, y eso requiere una actuación judicial en Colombia, es que esos guardabosques sean realmente paramilitares reconvertidos en informantes”.
A nivel estatal podría haber también una presunta complicidad con los delitos del Gobierno de Uribe. Santiago denunció que los cursos de formación de militares colombianos que se dan en España, o, incluso, los planes existentes para la integración de una fuerza colombiana dentro del contingente español en Afganistán sirvan para sustraer a la acción de la justicia a algunos soldados que puedan estar inmersos en investigaciones.
“Los cursos están formados por alumnos que en su mayoría son paramilitares que han sido investigados en Colombia por su larga lista de crímenes. El procedimiento para elegir a los estudiantes pareciera que depende de cuántas acusaciones tenga. Más puntos para el que más delitos haya cometido”, explicaba Enrique Santiago.
Las vinculaciones podrían ser aún peores de las anteriormente descritas. La ONG Justicia Por Colombia asegura que las recompensaciones económicas que recibían los paramilitares por cometer sus ejecuciones han salido de la hucha de la cooperación internacional. Por ello esta plataforma ha solicitado al Gobierno español que aclare “si ha habido fondos convertidos en recompensas para los criminales”.
En este sentido, las ONG reunidas esta mañana para denunciar estas aberraciones, piden que el Ejecutivo de Zapatero controle bien el dinero que invierte en cooperación. Hace años que las asociaciones de defensa de los derechos humanos solicitan a España que deje de enviar material militar a Colombia, uno de los países en los que más se vulneran los derechos humanos. Un estado, que según el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, lleva a cabo estas prácticas de “forma sistemática”. Un país en el que el poder estatal y paraestatal más que estar enfrentado se da de la mano.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS PODRÍAN VERSE SALPICADAS
El portavoz de Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia), Emmanuel Raison, advirtió que el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia podría perjudicar gravemente a España y convertirla en cómplice de las vulneraciones de derechos humanos.
Su advertencia se materializaría en el caso de que una empresa decidiera comprar una tierra en Colombia que perteneciera a uno de las seis millones de hectáreas robadas por los paramilitares. “Si sucediera esto y se la investigara, tarde o temprano tendría que responder por vulnerar derechos humanos”, dice Raison. Este politólogo francés también indica que las multinacionales podrían verse beneficiadas al encontrarse con una red sindical muy debilitada, ya que según la OIT Colombia es el país más peligroso para ejercer de sindicalista.
En este sentido, desde Oidhaco reclaman a Zapatero, que como próximo presidente de la UE, impida que las empresas españolas y europeas sean cómplices o promuevan violaciones de derechos humanos con un TLC “que no garantiza derechos laborales y sí permite las inversiones en tierras obtenidas a través de la violencia”.
Con la campaña ‘Colombia. Defensores de Derechos Humanos bajo amenaza’, las ONG aprovechan el mandato español en Europa para solicitar que condicionen la cooperación española con Colombia al respeto de los derechos humanos. Los defensores colombianos piden a Zapatero que exija a Uribe un cambio radical en su política de acoso y persecución contra estos activistas. Y por último, reclaman el apoyo para abrir una investigación en la Corte Penal Internacional en Colombia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares extraditados a Estados Unidos, así como las violaciones de mujeres, que se han convertido en una de las principales armas de guerra.
Las constantes vulneraciones de derechos humanos que ejerce el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe son de sobra conocidas. Un tercio de su ejecutiva está siendo juzgada por sus relaciones con los paramilitares. Doce altos cargos han sido detenidos por pertenecer a una red de espionaje ilegal (creada por Uribe) que tenía como cometido investigar a jueces, abogados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas.
Entre 2002 y 2008 se han producido 14.700 ejecuciones extrajudiciales llevadas a acabo por paramilitares relacionados con el Ejecutivo. En los últimos años 2.200 familias han denunciado la desaparición de sus hijos que después han pasado a formar parte de la lista de ‘guerrilleros’ ejecutados por el Gobierno: “Llegaban a las casa de gente pobre, les prometían un trabajo, estas personas se lo creían, se iban con ellos y a los dos días la Policía los asesinaba con la justificación de formar parte de una lista de guerrilleros peligrosos”, señaló el abogado colombiano Eduardo Carreño, en la rueda de prensa en la que se presentaba la campaña ‘Colombia. Defensores de Derechos Humanos bajo amenaza’.
Los crímenes y delitos contra los derechos humanos que se cometen en el país andino podrían saltar fronteras y llegar hasta España y concretamente al Gobierno Regional madrileño. Las vinculaciones entre ambos países aparecen cuando se investiga la cooperación internacional.
Enrique Santiago, abogado y portavoz de la Plataforma Justicia Por Colombia (grupo de ONG españolas que defienden los Derechos Humanos en este país latinoamericano), aseguró que hay documentación seria que certifica que la ayuda para fines medioambientales que la Comunidad de Madrid ofrece a Colombia “está siendo utilizada para formar una red de informantes que le da nombres a los paramilitares para después cometer ejecuciones extrajudiciales”.
Según el Gobierno de Uribe, el dinero que recibe de los fondos de medio ambiente del gobierno regional madrileño, está destinado a la creación de grupos de guardabosques. Lo curioso señala Santiago, es que estos trabajadores en ocasiones ocupen zonas en las que no hay ni un sólo árbol. A pesar de todo dice el abogado: "Es completamente legal que la Comunidad de Madrid financie guardabosques en un lugar donde no hay bosques, lo que no sería legal, y eso requiere una actuación judicial en Colombia, es que esos guardabosques sean realmente paramilitares reconvertidos en informantes”.
A nivel estatal podría haber también una presunta complicidad con los delitos del Gobierno de Uribe. Santiago denunció que los cursos de formación de militares colombianos que se dan en España, o, incluso, los planes existentes para la integración de una fuerza colombiana dentro del contingente español en Afganistán sirvan para sustraer a la acción de la justicia a algunos soldados que puedan estar inmersos en investigaciones.
“Los cursos están formados por alumnos que en su mayoría son paramilitares que han sido investigados en Colombia por su larga lista de crímenes. El procedimiento para elegir a los estudiantes pareciera que depende de cuántas acusaciones tenga. Más puntos para el que más delitos haya cometido”, explicaba Enrique Santiago.
Las vinculaciones podrían ser aún peores de las anteriormente descritas. La ONG Justicia Por Colombia asegura que las recompensaciones económicas que recibían los paramilitares por cometer sus ejecuciones han salido de la hucha de la cooperación internacional. Por ello esta plataforma ha solicitado al Gobierno español que aclare “si ha habido fondos convertidos en recompensas para los criminales”.
En este sentido, las ONG reunidas esta mañana para denunciar estas aberraciones, piden que el Ejecutivo de Zapatero controle bien el dinero que invierte en cooperación. Hace años que las asociaciones de defensa de los derechos humanos solicitan a España que deje de enviar material militar a Colombia, uno de los países en los que más se vulneran los derechos humanos. Un estado, que según el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, lleva a cabo estas prácticas de “forma sistemática”. Un país en el que el poder estatal y paraestatal más que estar enfrentado se da de la mano.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS PODRÍAN VERSE SALPICADAS
El portavoz de Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia), Emmanuel Raison, advirtió que el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia podría perjudicar gravemente a España y convertirla en cómplice de las vulneraciones de derechos humanos.
Su advertencia se materializaría en el caso de que una empresa decidiera comprar una tierra en Colombia que perteneciera a uno de las seis millones de hectáreas robadas por los paramilitares. “Si sucediera esto y se la investigara, tarde o temprano tendría que responder por vulnerar derechos humanos”, dice Raison. Este politólogo francés también indica que las multinacionales podrían verse beneficiadas al encontrarse con una red sindical muy debilitada, ya que según la OIT Colombia es el país más peligroso para ejercer de sindicalista.
En este sentido, desde Oidhaco reclaman a Zapatero, que como próximo presidente de la UE, impida que las empresas españolas y europeas sean cómplices o promuevan violaciones de derechos humanos con un TLC “que no garantiza derechos laborales y sí permite las inversiones en tierras obtenidas a través de la violencia”.
Con la campaña ‘Colombia. Defensores de Derechos Humanos bajo amenaza’, las ONG aprovechan el mandato español en Europa para solicitar que condicionen la cooperación española con Colombia al respeto de los derechos humanos. Los defensores colombianos piden a Zapatero que exija a Uribe un cambio radical en su política de acoso y persecución contra estos activistas. Y por último, reclaman el apoyo para abrir una investigación en la Corte Penal Internacional en Colombia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares extraditados a Estados Unidos, así como las violaciones de mujeres, que se han convertido en una de las principales armas de guerra.
