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27 de diciembre de 2009, 12:51
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCICAS - 27.12.2009
La orden se enmarca en la causa que investiga si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son de desaparecidos durante la última dictadura.
En estos momentos hay 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de sus adopciones. “La resolución nos permite recuperar la expectativa de que la causa se resuelva y también creer que efectivamente existe el principio de igualdad ante la ley”, ha considerado Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió la medida hace un año y medio. Para Estela de Carlotto, presidenta del organismo, "es una decisión muy clara y justa".
Al mismo tiempo, De Carlotto ha pedido que se tomen "todas las precauciones" que aseguren que las muestras a analizar sean las correspondientes: "Esos chicos han sido adoptados dudosamente y lo que corresponde ante tantas irregularidades es que la justicia proceda obteniendo su ADN".
Desde Clarín se ha informado de que lo que ha hecho la Justicia es ordenar que se concrete un examen de ADN que habían solicitado Marcela y Felipe Noble Herrera en el 2003. Ese año, ambos ofrecieron que se les realizara un examen de ADN para confrontarlo con el de las familias querellantes en la causa. La Justicia ordenó entonces la realización de dicho examen con las modalidades ofrecidas, lo cual fue ratificado en las instancias judiciales superiores, incluyendo la Cámara Nacional de Casación Penal en el año 2007. "Lamentablemente esta prueba venía siendo demorada por diversas apelaciones e impugnaciones de la parte querellante", ha explicado Alejandro Carrió, abogado de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Según el expediente de adopción, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Roberto Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con un bebé a la que llamó Marcela. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa, en Lomas de San Isidro, y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. García agregó que Noble nunca vivió en la casa que declaró, dato que el juez confirmó en registros oficiales. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía.
El expediente de adopción de Felipe sostiene que la supuesta madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición de la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la magistrada concedió la segunda guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según el escrito presentado por Abuelas en julio de 2008, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron “decisivos para determinar la competencia del tribunal”. Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.
Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2001 en la detención de la viuda de Noble, que el juez Marquevich pagó con su destitución en un juicio político impulsado por Clarín. Su sucesor, el juez Bergesio, concedió desde entonces todas las medidas solicitadas por los abogados de la imputada pero rechazó ordenar la obtención de muestras por métodos alternativos a la extracción de sangre solicitada por Abuelas y por la fiscal Rita Molina. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos y fue respaldado por los tres poderes del Estado.
La orden se enmarca en la causa que investiga si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son de desaparecidos durante la última dictadura.
En estos momentos hay 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de sus adopciones. “La resolución nos permite recuperar la expectativa de que la causa se resuelva y también creer que efectivamente existe el principio de igualdad ante la ley”, ha considerado Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió la medida hace un año y medio. Para Estela de Carlotto, presidenta del organismo, "es una decisión muy clara y justa".
Al mismo tiempo, De Carlotto ha pedido que se tomen "todas las precauciones" que aseguren que las muestras a analizar sean las correspondientes: "Esos chicos han sido adoptados dudosamente y lo que corresponde ante tantas irregularidades es que la justicia proceda obteniendo su ADN".
Desde Clarín se ha informado de que lo que ha hecho la Justicia es ordenar que se concrete un examen de ADN que habían solicitado Marcela y Felipe Noble Herrera en el 2003. Ese año, ambos ofrecieron que se les realizara un examen de ADN para confrontarlo con el de las familias querellantes en la causa. La Justicia ordenó entonces la realización de dicho examen con las modalidades ofrecidas, lo cual fue ratificado en las instancias judiciales superiores, incluyendo la Cámara Nacional de Casación Penal en el año 2007. "Lamentablemente esta prueba venía siendo demorada por diversas apelaciones e impugnaciones de la parte querellante", ha explicado Alejandro Carrió, abogado de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Según el expediente de adopción, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Roberto Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con un bebé a la que llamó Marcela. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa, en Lomas de San Isidro, y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. García agregó que Noble nunca vivió en la casa que declaró, dato que el juez confirmó en registros oficiales. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía.
El expediente de adopción de Felipe sostiene que la supuesta madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición de la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la magistrada concedió la segunda guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según el escrito presentado por Abuelas en julio de 2008, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron “decisivos para determinar la competencia del tribunal”. Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.
Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2001 en la detención de la viuda de Noble, que el juez Marquevich pagó con su destitución en un juicio político impulsado por Clarín. Su sucesor, el juez Bergesio, concedió desde entonces todas las medidas solicitadas por los abogados de la imputada pero rechazó ordenar la obtención de muestras por métodos alternativos a la extracción de sangre solicitada por Abuelas y por la fiscal Rita Molina. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos y fue respaldado por los tres poderes del Estado.
