miércoles 21.08.2019
VERÓNICA RÍMULI

Proyecto Justicia Mundial: ¿el imperio de la ley o la ley del Imperio?

Con sede en Washington desde 2006, el Proyecto Justicia Mundical está financiado por fundaciones como la de Bill Gates, la Ford, la General Electric, otras grandes empresas y bufetes de abogados. 

En una nota que desde el pasado viernes encabeza la sección internacional de nuevatribuna.es -“Venezuela, el peor gobierno del mundo a la hora de rendir cuentas”- se informa que el World Justice Project (WJP) ha publicado su segundo índice sobre el Estado de Derecho en el Mundo. También se anuncia que será presentado en sociedad esta semana, en el tercer Forum de la organización a llevarse a cabo en la ciudad de Barcelona.

Quizá por falta de espacio, el artículo no abunda en datos sobre el WJP. Pero, cómo no dar a conocer algo de lo mucho que abriga un emprendimiento que, sin falsa modestia ni escasez de ambiciones, se autodenomina Proyecto Justicia Mundial y se aplica a la labor de elaborar un índex revelador del imperio de la ley (traducción legal de su título en inglés Rule of Law) en los más diversos puntos del planeta.

Contra lo que cabría suponer, no se trata de un organismo internacional. Su fundador, actual presidente y CEO es William H. Neukom, un cotizado abogado corporativo estadounidense que durante casi 20 años manejó todos los asuntos legales de la empresa Microsoft. En especial, -como destaca en su propio curriculum-, defendiéndola en las múltiples demandas por actividades monopólicas que cosechó tanto en Norteamérica como en Europa. En cuanto a sus tres vicepresidentes, Deborah Enix-Ross fue miembro del comité consultor del NAFTA (North American Free Trade Agreement), Suzanne E. Gilbert es especialista en entidades financieras y James R. Silkenat se ocupa de M&A (fusiones y adquisiciones) en la industria petrolera. Para no aburrir al personal, me abstendré de detallar la actuación del Secretario, el Tesorero y el Consejero General. Basta apuntar que todos son también americanos y practican la ley desde las corporaciones.

La entidad nació en 2006, tiene su sede en Washington y es financiada por fundaciones como la de Bill Gates y señora, la Ford, la General Electric y la de la familia Chase (ese apellido tan bancario); empresas como Microsoft, General Electric, Boeing, Intel, Wal-Mart, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Du Pont, LexisNexis y Viacom; todos los grandes bufetes de abogados de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de ese país.

Las actividades de WJP incluyen la realización de foros internacionales, la financiación de proyectos de ONGs, la asignación de becas, todo vinculado con el principio básico de la organización: incrementar el imperio de la ley. Aunque, seguramente, su producto de mayor impacto sea el aludido índex de países que más y mejor cumplen con ese imperio.

El estudio en cuestión, como bien señala el artículo aquí publicado, “abarca 66 países y el índice se elabora a partir de 9 factores y 52 sub-factores, para llegar a una definición sobre estos principios: el gobierno y sus agentes son responsables; las leyes son claras, públicas, estables y justas; el proceso de promulgación y administración de las leyes, es accesible, justo y eficiente; y el acceso a la ley cuenta con todas las garantías”. Por cierto, respecto de las leyes se omitió la frase final que las define, en cuanto a que “deben proteger los derechos fundamentales, que incluyen los de las personas y la propiedad”. Apenas un detalle.

La metodología para establecer el Rule of Law Index –dicen sus autores- se basa en dos fuentes: encuestas a la población ejecutadas por consultoras líderes en la materia, y cuestionarios respondidos por expertos calificados de cada país evaluado. Movida por la curiosidad -uno de los motores primarios del periodismo de investigación-, buceé en el capítulo correspondiente a la Argentina. Así pude constatar que la empresa que estuvo a cargo de la encuesta poblacional es Navarro MKT Research, un joven (se creó en 1996) y pequeño emprendimiento (menos de 40 empleados) que –según afirma en su website- se dedica básicamente a estrategias de marketing y publicidad.

En cuanto a los expertos calificados, destaca el nombre de Roberto Durrieu. Aunque no especifican si se trata del padre o del hijo, además del nombre ambos comparten el bufete jurídico. Durrieu senior fue subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla entre 1978 y 1981, y –durante el mismo gobierno genocida- fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires. Además, según señala un artículo del diario Clarín del 7 de julio de 2007 en relación al juicio al sacerdote torturador Christian Von Wernich, “el preso Norberto Cozzani, asistente del ex comisario Miguel Etchecolatz, sostuvo que Durrieu y Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, ‘fueron parte de un todo’ durante la dictadura militar y tuvieron responsabilidades en la represión ilegal”.

El resto de los “especialistas” -16 en total- son mayoritariamente bufetes legales al servicio de las grandes empresas multinacionales, como el emblemático M&M Bomchil. Ah, también apuntan el aporte de “Anonymous Contributors”.

Esto respecto del trabajo realizado por WJP en la Argentina. Es de suponer que la metodología no debe diferir demasiado en su aplicación al resto de los países.

Si de todo esto alguien infiere que los resultados del Index pueden estar influidos por una posición ideológica, goza de pleno derecho.

Para concluir, y como aporte a quienes concurran al Forum de WJP esta semana en Barcelona, sepan que tendrán la oportunidad de escuchar a Ramiro Monner Sanz, procurador del alcalde porteño Mauricio Macri (actualmente procesado por espionaje a víctimas del atentado a la Amia y desalojo violento de indigentes), quien a mediados de marzo de este año elaboró un dictamen aconsejando a su jefe proceder al despido de ocho trabajadores del Teatro Colón, (que arrastran un largo conflicto con el gobierno de la ciudad), siete de los cuales integran la junta de delegados del gremio que los representa.

Proyecto Justicia Mundial: ¿el imperio de la ley o la ley del Imperio?
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