En las principales ciudades de Argentina hubo este miércoles manifestaciones “contra la justicia prostituyente”, para repudiar el fallo de tres jueces de Tucumán, en el noroeste del país, que absolvió a los 13 acusados por un caso emblemático de trata de personas. Se trata del secuestro de la joven Marita Verón, que desapareció el 3 de abril de 2002 y cuyo rastro pudo detectarse en prostíbulos de varias provincias argentinas, pero que nunca apareció. El juicio puso al descubierto una red de complicidades entre policías, jueces y políticos. El fiscal pedía para los acusados penas de entre 12 y 25 años de cárcel, pero el fallo consagró la impunidad.
La manifestación en Buenos Aires acabó con graves incidentes, cuando un pequeño grupo de encapuchados se enfrentó a la policía que custodiaba el edificio donde funciona la Casa de la Provincia de Tucumán, en el microcentro porteño. El edificio sufrió daños importantes, hubo 16 heridos y varios detenidos. En Tucumán, la manifestación fue encabezada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y la hija de esta, Micaela, de solo 14 años.
El jefe de la policía federal, Enrique Capdevila, presentó su dimisión horas después de estos episodios, a los que hay que sumar otros serios disturbios que se producían a la misma hora, protagonizados por hinchas de Boca Juniors. Unas 50.000 personas invadieron el centro de Buenos Aires, provocaron daños importantes en la zona del obelisco, destrozaron algunas tiendas e instalaciones del canal 13 de televisión.
A pesar de las numerosas evidencias aportadas por 150 testigos, durante un juicio que se desarrolló a lo largo de 10 meses, el fallo absolvió a los 13 acusados, lo que supone un serio revés en la lucha contra el tráfico de personas. “Fue un acto de corrupción, una estafa, es una vergüenza para todo el país”, dijo Susana Trimarco. Y añadió que no pararía hasta conseguir un juicio político para los tres jueces. El gobernador de Tucumán, José Alperovich, dijo sentir “una vergüenza total” por el fallo y se comprometió a apoyar el juicio político a los magistrados, tras reunirse con la madre de Marita.
Horas antes de conocerse el fallo, la madre de Marita Verón había recibido una carta anónima denunciando que se estaría sobornando a los magistrados. Los dardos apuntan a uno de los acusados Rubén Ale, alias La Chancha (la cerda), que según Trimarco controla el tráfico de drogas y la prostitución en la provincia. Ligado al mundo del fútbol y la política provincial, la publicación Cosecha Roja informó que durante los ´80 y junto con su hermano, El Mono, lideró la barrabrava de San Martín de Tucumán, el club de fútbol local. Con el tiempo llegaría a ser presidente del club. Controlaba una flota de remises (un tipo de taxis) y llegó a ser candidato a concejal y legislador durante el menemismo, bajo la protección del entonces vicegobernador de la provincia, Fernando Juri. Pero su proximidad con el poder llega hasta hoy, como lo demuestran las fotos con el actual gobernador, José Alperovich.
La presidente, Cristina Fernández, volvió a criticar al Poder Judicial y se mostró convencida de la irregularidad del fallo: “me hago cargo de lo que digo: no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que, cuando hay dinero de por medio, puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada”. La mandataria dijo que impulsará una democratización del Poder Judicial junto al Congreso, aunque no dio detalles al respecto. Cristina Fernández manifestó que cada vez es más evidente el divorcio entra la Justicia y la sociedad, señalando que es el único de los tres poderes que no cuenta con un control ciudadano. Y aprovechó para hacer una mención a la Ley de Medios: “nos enteramos de cosas que hubieran causado escándalo y estrépito si las hubiera hecho un gobernador, un intendente; sin embargo, fueron aceptadas por los jueces”. La alusión parece dirigirse al juez Santiago de las Carreras, recusado sin éxito por el gobierno, y que fue uno de los que aprobó la extensión de la medida cautelar a favor de Clarín.
Ante la gravedad del fallo de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia hizo público un comunicado en el que, “sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales (…) se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito”.
El caso de Marita Verón marcó un antes y un después en el tema de la trata de personas en Argentina. La madre, Susana Trimarco, que luchó casi en solitario para lograr llevar ante los tribunales a los acusados, pudo rescatar a 115 chicas que vivían esclavizadas en burdeles de todo el país mientras buscaba a su hija. Llegó a entrar en prostíbulos de todo el país, fingiendo ser traficante de mujeres.
Su lucha ha sido reconocida internacionalmente. Recibió un premio de la Secretaría de Estado de los EE.UU. como “mujer coraje” y hasta fue propuesta para el Premio Nobel. El pasado domingo, fue una de las personas premiadas por la presidente, Cristina Fernández, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y su lucha se vio reflejada en una serie televisiva de gran éxito en Argentina.
Las redes del tráfico de prostitución en Argentina se nutren de jóvenes y menores que son vendidas a diversas organizaciones, que trabajan sobre todo en las provincias. Según la revista Gatopardo, que cita datos de la policía tucumana, una chica genera entre 800 y 1.700 dólares a la semana. Y su explotación va paralela al tráfico de drogas. En muchos casos, las policías locales y los jueces actúan en complicidad con los traficantes.
La policía le llegó a decir a la madre de Marita que no podían salir a buscarla porque no tenían combustible para los patrulleros. Y se da por seguro que un aviso a tiempo impidió que fuera rescatada de un prostíbulo en la provincia de la Rioja. Una de las chicas que compartió cautiverio en ese lugar es Andrea Darrosa, que fue esclavizada durante 8 años, después de ser secuestrada cuando tenía 15 y que fue la principal testigo del caso.
En los últimos meses se tomaron algunas medidas para luchar contra el tráfico. Se eliminaron los anuncios de prostitución en los periódicos, aunque ahora aparecen camuflados. Pero no se actuó en serio contra el problema. Por todo Buenos Aires hay pegados pequeños anuncios con ofertas sexuales, y los tarjeteros ofrecen a la luz del día y a la vista de todos su mercancía. Las cabinas telefónicas, sobre todo, están plagadas de anuncios que se renuevan varias veces al día. Y se sabe que las comisarías de la mayoría de los barrios cobran por protección y por hacer la vista gorda.
La nueva Ley de Trata de Personas, que había quedado bloqueada en el Congreso tras ser aprobada por el Senado el 31 de agosto de 2011, será tratada en sesiones extraordinarias por decisión de la presidente, Cristina Fernández, a raíz de los acontecimientos en Tucumán. Según el texto aprobado por el Senado, se endurecen las penas y se garantiza la protección de las víctimas. Entre las modificaciones a la vieja ley destacan que el consentimiento dado por la víctima no constituirá causal de eximición de la responsabilidad penal; y se elimina la distinción entre menores y mayores de 18 años.
Según el Informe Global de 2012 sobre Trata de Personas de la ONU, el 58 % de las víctimas de trata son capturadas para su explotación sexual. Y de ellas, el 27 % son menores, lo que supone un aumento de siete puntos respecto a los datos de hace seis años. Se calcula que cada año hay unas 2,5 millones de personas víctimas de la trata, que son obligadas a distintos tipos de trabajo, incluyendo la prostitución. En África y Asia la mayoría de los casos se trata de explotación laboral, mientras que en Europa y América es más común el comercio sexual.
“La trata de personas exige una respuesta contundente basada en la asistencia y protección a las víctimas, la aplicación rigurosa del sistema de justicia criminal, una política de migración adecuada y firme regulación de los mercados de trabajo”, dijo el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov.
