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nuevatribuna.es | 11.01.2011

Cuando se cumplen nueve años de los primeros traslados de presos a la base de Guantánamo, Amnistía Internacional pide a las autoridades estadounidenses que “se ponga fin a la detención indefinida sin juicio de las personas que siguen recluidas”. Pese a que Barack Obama, anunció el cierre del centro de internamiento para enero de 2010, 173 hombres continúan todavía detenidos. Estos hombres llevan recluidos entre 2 años y medio y 9 años, y la mayoría permanecen en la base militar sin cargos ni juicios. Aunque las condiciones de reclusión han mejorado, algunos todavía permanecen en régimen de aislamiento.

Amnistía Internacional continúa preocupada por los efectos físicos y psicológicos que puedan tener en estas personas la detención indefinida y prolongada. Por ello pide el cierre inmediato de la base y que se garantice que todos los detenidos sean sometidos a juicio ante tribunales federales y no ante comisiones militares, que están lejos de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. “Si no se les somete a juicio ante tribunales federales, deberían quedar en libertad de inmediato”. También exigen que “se garantice la rendición de cuentas y se facilite el ejercicio de un recurso para aquellas personas que han sufrido graves violaciones de sus derechos humanos en el marco de la “guerra contra el terror”.

Un año de retraso y pocos avances

La administración Obama, en un informe de finales de enero de 2010 para el estudio del cierre de Guantánamo, recomendó que 36 detenidos fueran procesados ante tribunales federales o comisiones militares de Estados Unidos, que otros 48 permanecieran detenidos sin cargos ni juicio y que el resto fueran trasladados a terceros países. Hasta ahora los avances han sido escasos.

Juicios ante comisiones militares

El Gobierno estadounidense continúa llevando a cabo juicios ante comisiones militares, a los que Amnistía Internacional se opone por no cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. Hasta la fecha, cinco personas han sido declaradas culpables por este sistema, tres de ellas se declararon culpables en acuerdos previos al juicio. Es el caso de:

David Hicks, ciudadano australiano que en marzo de 2007 se declaró culpable tras un acuerdo previo al juicio, fue condenado a siete años de prisión, de los que sólo tuvo que cumplir nueve meses. Se le permitió volver a Australia y cumplir allí la mayor parte de su condena.
Ibrahim al-Qosi, ciudadano sudanés que en agosto de 2010 fue condenado a 14 años, tras declararse culpable de conspiración y de proporcionar apoyo material al terrorismo. Se espera que cumpla no más de dos años de prisión, en virtud de un acuerdo de aceptación de culpabilidad que se ha mantenido en secreto. Está cumpliendo su condena en Guantánamo.
Omar Khadr, ciudadano canadiense condenado a 40 años de prisión tras declararse culpable de los cargos que se le imputaban en octubre de 2010. Conforme a los términos de un acuerdo de aceptación de culpabilidad no cumplirá más de ocho años y, tras cumplir un año bajo custodia estadounidense en Guantánamo, podrá solicitar cumplir el resto de su condena en Canadá. En este acuerdo no se ha tenido en cuenta que Omar Khadr fuera detenido cuando tenía 15 años, que no se aplicara en su caso el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, respecto a la participación de menores en conflictos armados, ni que en reiteradas ocasiones denunciara que fue sometido a técnicas de interrogatorio y condiciones de detención equivalentes a tortura o a otros tratos crueles, humanos y degradantes.

Los otros juicios de comisiones militares fueron contra dos ciudadanos yemeníes: Salim Ahmed Hamdan, condenado a cinco años y medio de los que le descontaron los cinco ya cumplidos. Terminó de cumplir su condena en Yemen. Está en libertad desde enero de 2009. Ali Hamza al-Bahlul condenado a cadena perpetua, tras boicotear el proceso y no presentar ningún tipo de defensa. Sigue en Guantánamo cumpliendo su condena.

Juicios ante tribunales civiles

Ahmed Ghailani, ciudadano tanzano, fue retenido bajo custodia secreta de la CIA durante dos años y estuvo en Guantánamo durante casi tres antes de ser trasladado en junio de 2009 a Nueva York para ser juzgado por un tribunal civil. En noviembre de 2010, fue declarado culpable por participar en los atentados con bomba contra dos embajadas de Estados Unidos en África Oriental en 1998, en los que murieron 224 personas. Fue declarado culpable de conspiración para dañar o destruir propiedad estadounidense. El jurado lo absolvió de los otros cargos en su contra, pero aún así se enfrenta a un mínimo de 20 años en prisión y a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua. La vista de imposición de la condena se celebrará el 25 de enero de 2011. Sin embargo, nadie ha rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, incluido el delito de desaparición forzada durante sus dos años bajo custodia secreta de la CIA.

Hace más de un año, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, anunciaba que cinco detenidos iban a ser llevados a Nueva York para ser procesados ante tribunales federales por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, más de un año después los detenidos continúan recluidos en Guantánamo sin cargos, ni juicios.

Procedimientos de habeas corpus

En junio de 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a acceder “sin demora” a un procedimiento de habeas corpus ante un tribunal de distrito de Estados Unidos para impugnar la legalidad de su detención.

Hasta la fecha, se han resuelto un total de 56 recursos presentados, se desconoce cuántos están pendientes. Del total de recursos de habeas corpus resueltos, se han concedido 37 y desestimado 19 (17 de los 37 recursos aceptados se concedieron a uigures, cuya detención en calidad de “combatientes enemigos” ya no era defendida por el gobierno de Bush). De los recursos aceptados, sólo 23 personas han sido puestas en libertad, y otras 13 permanecen detenidas.

Protección internacional

Amnistía Internacional calcula que de todas las personas aún detenidas, aproximadamente 20 necesitan protección internacional ya que correrían el riesgo de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos si son devueltas a sus países de origen. Se desconoce cuántos de estos hombres han recibido la aprobación para su traslado fuera de Guantánamo.

Hasta la fecha, 32 ex detenidos han recibido protección internacional en terceros países como Albania, Alemania, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Cabo Verde, Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Letonia, Palaos, Portugal y Suiza.

España tiene acogidos en su territorio desde el pasado mes de agosto a tres ex detenidos de Guantánamo de nacionalidad yemení, palestina y afgana. Tras varias gestiones realizadas por la organización, el Ministerio del Interior contestó que se les está “facilitando residencia, medios de vida y ayuda para su recuperación física y mental”, que “sus familiares conocen su situación y paradero y pueden comunicarse libremente con ellos, si bien se mantiene reserva pública sobre su lugar de residencia para preservar su derecho a la intimidad y su seguridad”.

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