La Gendarmería justifica su actividad señalando que es una herramienta de análisis y orientación en causas judiciales
Lo llamaron Proyecto X y fue desvelado por un programa del canal de televisión TN, del Grupo Clarín, a partir de la denuncia judicial efectuada por una serie de dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos. El propio comandante general de la Gendarmería, Héctor Bernabé Schenone, admitió la existencia de este proyecto, cuyo fin era obtener información personal, movimientos bancarios, direcciones y hasta detalles privados, como hábitos y creencias, de dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles y políticos.
Entre los hechos denunciados, figura la infiltración de agentes camuflados en las protestas que llevaron a cabo trabajadores de la empresa Kraft, que terminaron con el procesamiento de 40 de sus trabajadores. Y en las manifestaciones que siguieron al asesinato del militante Mariano Ferreyra, muerto por pistoleros que respondían al encarcelado dirigente del sindicato ferroviario, José Pedraza.
La Gendarmería es, en principio, una fuerza cuya principal objetivo es el resguardo de las fronteras, pero también es un órgano auxiliar de la justicia y puede ser usada para reemplazar a otras fuerzas, como la Policía Federal o policías provinciales. De hecho el gobierno decidió que fuera desplegada en algunas zonas del Gran Buenos Aires para hacer frente al creciente problema de seguridad y ante la sospecha de que la policía bonaerense es cómplice en muchos delitos.
Al reconocer la existencia de este Proyecto X, la Gendarmería justifica su actividad señalando que es una herramienta de análisis y orientación en causas judiciales. Pero viola lo establecido en la Ley de Inteligencia, que prohíbe de manera expresa las tareas de inteligencia sobre personas que participan en organizaciones sociales y políticas, por el solo hecho de esta pertenencia, es decir, mientras no cometan ningún delito.
Una de las personas que fueron sometidas a este espionaje, y también firmante de la denuncia, es María Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos durante la dictadura, ella misma nacida en un centro clandestino de detención y recuperada en 1987 por sus abuelos. Militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), fue candidata a senadora por el Frente de Izquierda en las últimas elecciones. Y participó en las protestas por el conflicto en la empresa Kraft.
Otros firmantes de la denuncia, que también sufrieron espionaje, son la abogada Myriam Bregman, también dirigente del PTS e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), la abuela de la Plaza de Mayo Lidia Espen y delegados sindicales de diversas empresas, entre ellas la mencionada Kraft.
La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tardó más de 24 horas en reaccionar, dijo vía Twitter que el Gobierno será inflexible si la Gendarmería realizó efectivamente, las tareas que se denuncian. “no admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles”, afirmó. Habrá una auditoría informática del Proyecto antes de tomar decisiones. Antes en un breve mensaje de 13 líneas en su muro de Facebook, señaló que “resulta paradójico hoy que sectores que no pueden acreditar esa coherencia nos acusen de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales”.
Fuentes oficiales citadas por la agencia oficial Télam, que no dio ninguna información del caso antes de que hablara la ministra, dijeron que la investigación establecerá si la Gendarmería actuó por su cuenta o por órdenes de la justicia.
Un grupo de diputados presentó un pedido de urgencia para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dé explicaciones del caso. En concreto, quieren que explique cuál es la función del jefe de Gendarmería, general Schenone, en el Proyecto X, quién decidió que fuera secreto, qué datos tienen, cómo los consiguieron, quién tiene acceso a los mismos y cuál es el papel del gobierno.
Por su parte, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Juan Pedro Tunessi, presentó un pedido de informes para que el gobierno informe si tenía conocimiento de este Proyecto X, quién lo ordenó y si las acciones de Gendarmería consideran la actuación de los líderes sociales y gremiales como delictiva.
El dirigente piquetero Luis D´Elía, un firme aliado del gobierno, rechazó la acción de Gendarmería y la comparó con las escuchas de Ciro James, recordando el caso del ex policía que espiaba para el gobierno capitalino de Mauricio Macri (opositor). D´Elía, no obstante, confió en que la presidenta, Cristina Fernández, y la ministra, Nilda Garré, “van a actuar con todo el rigor necesario ante un hecho de tanta gravedad”.
Marcelo Parrilli, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), considera por su parte que hay responsabilidades políticas, señalando directamente a la ministra Garré y los titulares de Interior, Florencio Randazo, y Defensa, Arturo Puricelli.
