El allanamiento de un piso propiedad del vicepresidente Argentino, Amado Boudou, y las declaraciones de un testigo que lo involucran más en el llamado “caso Ciccone”, han puesto más presión sobre el número dos del gobierno argentino, que reaccionó con graves acusaciones contra el juez que lleva el caso, al que acusó de integrar una mafia que pretende ignorar la voluntad popular, en complicidad con el diario Clarín.
El allanamiento del piso, situado en Puerto Madero, el barrio más caro y elegante de Buenos Aires, dio como resultado el hallazgo de un recibo por el pago de los gastos de comunidad de la vivienda, por parte del supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vanderbroele, al que dice no conocer. Dicha propiedad está alquilada por un tercer personaje, residente en España, socio de Vanderbroele en otros negocios.
“Estaban desesperados buscando la foto de Boudou con Vanderbroele, foto que no existe”, dijo el vicepresidente, al tiempo que aseguraba, sin dar más detalles, que se llegaron a ofrecer tres millones de dólares por dicha instantánea.
La investigación judicial trata de determinar si el vicepresidente actuó a favor de la imprenta Ciccone, salvada de la quiebra de manera irregular y adjudicada al citado Vanderbroele. Un testigo llamado Guillermo Gabella, declaró que un socio de Boudou y amigo de la infancia, José María Núñez Carmona, lo contactó en 2010 para presionarlo y lograr que otra empresa que había alquilado las instalaciones de Ciccone se retirase y dejase el campo libre para Vanderbroele. Núñez Carmona se habría presentado como hombre de Boudou y con planes para un negocio millonario, como es la impresión de billetes de banco.
Tras estos episodios, Boudou convocó una rueda de prensa en la que, durante más de cuarenta minutos, hizo graves acusaciones contra el juez Rafecas, que lleva la causa, asociándolo a los habituales ataques contra el diario Clarín y otros medios no oficialistas, como La Nación y Perfil. En su comparecencia, en realidad un monólogo sin preguntas, Boudou negó las acusaciones, no hizo ninguna referencia a que Vanderbroele pague los gastos de comunidad de su piso y dijo ser objeto de un ataque brutal e ilegal.
Insistió una y otra vez en hablar de una mafia y señalar como su jefe a Héctor Magnetto, el hombre fuerte de Clarín. “En otras épocas Magnetto mandaba por fax a los organismos públicos las resoluciones y los decretos que tenían que sacar, todos ustedes tienen infinidad de anécdotas en este sentido”, dijo Boudou. Y furioso porque hubiera fotógrafos de prensa que registraron el allanamiento de su piso, acusó al juez de manejar una “agencia de prensa” para intentar atacar el voto popular en Argentina. Calificó además de cachafaces (sinvergüenzas) y esbirros a los periodistas que cubren el caso.
En uno de los ataques más directos contra el juez de la causa, afirmó que había un plan para intentar ligarlo con personas que no conoce: “es una telenovela mediática de Magnetto (grupo Clarín), que es el Padrino, y de la agencia de noticias de Rafecas” (el juez), parece que Comodoro Py (sede de los juzgados) es una agencia de corresponsales”.
Por elevación, Boudou también atacó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, también peronista pero enemigo jurado del kirchnerismo más combativo. Sin citarlo, acusó a la empresa Boldt de estar detrás del “caso Ciccone”, ya que entre sus negocios tiene el del juego en la provincia de Buenos Aires.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, respondió que las críticas de Boudou “no son formas de responder a una causa”, añadiendo que no es conveniente que los jueces gobiernen y los funcionarios no se involucren en causas judiciales. Cabral definió a Rafecas como un juez reconocido, prestigioso e imparcial.
Otro juez, Luis María Bunge Campos, que fue presidente del Consejo de la Magistratura, consideró preocupantes y desafortunadas las declaraciones del vicepresidente Boudou, advirtiendo que esos dichos “tienen consecuencias institucionales”.
“Fui electo en elecciones limpias, democráticas, en elecciones con un altísimo nivel de participación, como vicepresidente de la República sufro un brutal ataque a las instituciones desde las mafias y sus esbirros”, dijo Boudou, queriendo indicar que el voto exime de cualquier responsabilidad.
Las primeras denuncias sobre este caso se produjeron el pasado 6 de febrero, cuando la ex esposa de Alejandro Vanderbroele, un oscuro empresario, afirmó que éste era el testaferro de Boudou. Diecisiete días tardó el vicepresidente en hablar públicamente sobre el tema. Desde entonces, ningún miembro del gobierno hizo realmente esfuerzos serios para defenderlo. Es más, algunos connotados kirchneristas, como el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que no ponía la mano en el fuego por nadie.
