El proceso de transición a la democracia mexicano alteró sustancialmente la distribución de poder en el país. El presidente y el Estado (cuya omnipotencia era más mítica que real) fueron perdiendo buena parte de su poder, especialmente tras 2000. Los beneficiarios de este resquebrajamiento del poder autoritario no fueron los ciudadanos, sino caciques, cúpulas de partidos políticos, líderes sindicales, grandes empresarios y criminales.
Una de las manifestaciones más notables de este proceso fue un cambio en el equilibrio de poder entre el centro y la periferia. Ante la fragmentación, el poder regresó muchas veces a sus depositarios originales: los poderes locales. El resultado fue la emancipación de los gobernadores (titulares del poder Ejecutivo en los distintos estados que forman la federación mexicana), que de subordinados del presidente en turno pasaron a ser, con algunas excepciones, pequeños autócratas (se les ha llamado señores feudales o nuevos virreyes, con esa licencia poética periodística que, aunque inexacta, es elocuente) que actúan de forma más autoritaria, impune, y antidemocrática que nunca antes.
¿Cómo se llega a esta situación?
Como sugiere Wayne Cornelius, México, después de siete décadas de gobierno presidencialista y centralizado, pasó a moverse hacia un sistema político en el que compiten activamente por el poder el centro y la periferia. Sin embargo, contrario a la opinión general que ve a los diversos regímenes subnacionales como terrenos fértiles para lograr mayores avances democratizadores (lo que se ha llamado “la vía centrípeta a la democracia”), Cornelius considera que los poderes locales en México han podido haber actuado como obstáculos a la conclusión de la transición democrática, pues son resistentes al control político de los actores centrales y en muchas ocasiones funcionan como “feudos políticos cada vez más impenetrables”.
Es decir, que en México, la reducción del poder central en la política produjo tendencias democratizantes en muchos estados, pero también liberó a caciques en otros estados para que pudieran hacer uso de las redes clientelares locales, de los recursos económicos y de maquinarias políticas para consolidar proyectos autoritarios provinciales. En lugar de producirse las bases para una transición democrática amplia e irreversible, se produjo una fragmentación del sistema presidencialista, tradicional y centralizado, en donde las fuerzas a favor de la democracia se consolidaron en yuxtaposición con enclaves autoritarios, en donde los “dinosaurios” sobrevivientes del aparato de gobierno el PRI pudieron resistir las presiones locales y supralocales a favor de la democratización. Edward Gibson, quien ha trabajado sobre dicho fenómeno, al que ha llamado “autoritarismos subnacionales”, lo considera característico (aunque poco estudiado) de muchas de las democracias de la tercera ola.
¿En donde recae la fuerza de los nuevos príncipes, los gobernadores?
En que la periferia cuenta con mayores recursos financieros bajo su control, debido a la descentralización fiscal, iniciada con el presidente Zedillo (1994-2000). Esto no ha sido causa de la casualidad, y mucho ha tenido que ver la acción concertada de los gobernadores, independientemente de sus orígenes partidarios, para buscar mayores recursos presupuestarios. El foro creado ad hoc para hacerlo, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), nacido en 2002, tampoco es comprensible sin la libertad que ganan tras la alternancia.
También recae en la falta de contrapesos y equilibrios institucionales al interior de los estados. Nada es capaz de someterlos a rendir cuentas y pagar por sus arbitrariedades, por lo que su impunidad es enorme. Y la circunstancia se agrava por la debilidad de los pocos organismos estatales encargados de servir de contrapeso. Gregorio Guerrero Pozas, ex contralor del IFE analiza de una de estas instituciones, los órganos superiores de fiscalización, y encuentra que en una gran parte de los estados en los que el Poder Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria en el Congreso local ha venido sucediendo lo que antes pasaba a nivel federal: el órgano de fiscalización superior tiene, en su operación, una importante influencia del Ejecutivo en turno, que limita el alcance y la imparcialidad de las auditorías. A pesar de ser electo por la Cámara de Diputados, los usos y costumbres hacen que, en los hechos, el nombramiento del auditor provenga del titular del Ejecutivo: el gobernador.
El nuevo papel de los gobernadores en la política nacional
La fragmentación del poder (llámesele como se quiera) no ha llevado a una mejora en la calidad de la democracia, pero ha tenido un importante papel en la política nacional.
En primer lugar, la nueva fuerza de los poderes locales ha modificado las reglas de la sucesión presidencial. El dedazo, la elección soberana del nuevo candidato del PRI por parte del presidente saliente, fue una de las instituciones informales más conocidas del antiguo régimen. El ungido solía provenir del gabinete presidencial: era un ministro. Pues bien, tras la alternancia en 2000, la mayoría de los candidatos presidenciales y quienes se han perfilado para serlo han sido gobernadores de alguna entidad federativa. Véanse los casos de PRD y PRI en estas elecciones: López Obrador fue Jefe de Gobierno del DF (2000-2006) y Peña Nieto fue gobernador del Estado de México (2005-2011). Incluso sus rivales en sus respectivas elecciones internas compartían este pasado en la administración local: Marcelo Ebrard, rival de López Obrador dentro de la izquierda, es el actual Jefe de Gobierno del DF, y Manlio Fabio Beltrones, rival de Peña Nieto dentro del PRI, fue gobernador del norteño estado de Sonora.
En segundo lugar, el enorme poder de los gobernadores (especialmente los del PRI) en su demarcación territorial los ha hecho ser actores determinantes en las elecciones federales, en formas legales e ilegales. Es ilustrativo lo que ocurrió en el año 2006, que Sergio Aguayo analiza:
Los comicios de 2006, en los que se compitió por la presidencia de la República y plagados de irregularidades, se saldaron con una diferencia muy apretada entre primer y segundo lugar y un conflicto poselectoral a causa de alegatos sobre un posible fraude. De 2005 a 2006, de acuerdo con la investigación de Aguayo, los gobernadores pudieron manejar con libertad hasta 838 mil millones de pesos, la mitad de los recursos federales que recibieron. Entre ellos, los gobernadores del PRI fueron quienes tuvieron más acceso a recursos: 56% del total, al contar dicho partido con 17 gubernaturas. Ese año, a la hora de involucrarse en la elección, los gobernadores priistas se enfrentaron a una situación peculiar: el candidato de su partido, Roberto Madrazo (él mismo, un ex gobernador del sureño estado de Tabasco), se estancó en el tercer lugar. Por ello, varios de ellos se inclinarán por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN): Felipe Calderón. Hay al menos tres testimonios de importancia que muestran que entre 6 y 10 gobernadores priistas actuaron para impulsar el triunfo de Calderón en el día de las elecciones: el primero es una conversación telefónica entre Eugenio Hernández (gobernador del PRI de Tamaulipas) y Elba Esther Gordillo (lideresa del sindicato magisterial), en el que la segunda conmina al primero a movilizar al voto a favor de Calderón. El segundo testimonio es una conversación entre el propio Hernández y Pedro Cerisola (ministro de Comunicaciones y Transportes del gobierno del PAN), en la que el segundo agradece al primero el apoyo dado a su candidato: “te sobregiraste”, subraya. El tercero es una entrevista a Manuel Espino (presidente del PAN en 2006, expulsado luego de ese partido, y en 2012 aliado del PRI), donde asegura haber ido a acordar con 10 gobernadores priistas para apelar al voto útil: “Sé que seis apoyaron”, dijo.
La pregunta inevitable que plantea Aguayo es, ¿cómo apoyaron esos gobernadores a Calderón? Muy probablemente a través de la transferencia de recursos públicos para la compra del voto y a través de la movilización de grupos de votantes cautivos, por medio de mecanismos corporativistas o clientelares. En 2012 la historia parece repetirse.
Peña Nieto y los gobernadores del PRI: la formación de un liderazgo
¿Cuál ha sido el papel de los gobernadores en la actual campaña presidencial? ¿Cuál será en la inminente elección del 1 de julio? ¿Qué pasará después? ¿Podrá volverse al estado anterior de cosas en las relaciones centro y periferia?
Otto Granados, antiguo gobernador de Aguascalientes por el PRI señala que, ahora que su partido puede volver al poder, los gobernadores temen que el ejecutivo federal los meta en orden y dejen atrás su actual grado de autonomía y libertad.
Más que pensar en un acomodo automático, en dado caso de que el PRI volviese a la presidencia, considero que convendría buscar los incentivos o los compromisos que harían que los gobernadores abandonaran sus actuales privilegios. Creo que, al menos dos de ellos, los encontramos en lo que hizo Peña Nieto durante su gobierno del Estado de México:
Para ganar las elecciones en el Estado de México en 2005, el equipo de Peña Nieto construyó una fórmula muy efectiva: una combinación de uso intensivo de medios de comunicación, un discurso basado en la eficacia, y la formación de una organización “en tierra” llamada Expresión Mexiquense, para operar políticamente antes y durante las elecciones. Carlos Tello recrea su formación y uso posterior en un reciente ensayo de la revista Nexos: Expresión Mexiquense daría resultados en la contienda de 2009 (para diputados) y 2011 (para gobernador) en el Estado de México, pero también sería aprovechada para competir y ganar elecciones en otros estados de la República a favor del PRI. Es decir: fue exportada, y tuvo un importante papel en el triunfo de una serie de gobernadores priistas que no podían voltear al centro en busca de ayuda: el presidente de la República no era del partido. De acuerdo con Tello, la lista de gobernadores que recibieron el apoyo de Peña Nieto para ganar elecciones, durante su campaña y durante su gobierno, es larga. Incluiría al menos a 9: en Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo, y a su sucesor en el gobierno del Estado de México, también del PRI.
Hubo otro factor que estableció compromisos y lealtades de los gobernadores hacia Peña y su proyecto: el debate sobre el presupuesto federal. En 2009, el PRI obtiene una amplia victoria en las elecciones a la Cámara de Diputados. El hombre de confianza de Peña, Luis Videgaray (su actual coordinador de campaña) fue electo diputado y fungió como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: desde ahí, gracias a su papel central en la reasignación de recursos federales a los estados, Videgaray engrandeció aún más el ascendente de Peña Nieto sobre los gobernadores del PRI, convirtiéndose el actual candidato en su líder. Un liderazgo que creció también del centro a la periferia, y que, de ganar la presidencia, podría tener como resultado la pérdida de algo de la fuerza que los gobernadores han tenido con los gobiernos del PAN.
El “feuderalismo” y las elecciones del 1 de julio: malos augurios
Sin embargo, el apoyo (legal e ilegal) ahora caminará seguramente en sentido contrario: no olvidemos que los gobernadores son una fuente muy rica de votos cautivos, y de recursos no controlados hacia la campaña presidencial, lo que quizá moderaría las pretensiones centralistas de un eventual presidente del PRI.
¿Cómo se ha manifestado este hecho ya? Para empezar, en una reunión que se llevó a cabo el 12 de junio entre la cúpula del PRI, los colaboradores más cercanos de Peña Nieto y 16 de los 20 gobernadores del partido. Una muestra de la urgencia de que esos mandatarios estatales cierren filas en torno a Peña en una elección que será más cerrada de lo que hace meses se auguraba, especialmente en estados donde el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, está cobrando fuerza inusitada, como Nuevo León, Coahuila, y Chihuahua, todos del PRI. Es revelador el lugar de dicho cónclave: en Toluca, desde donde despacha Eruviel Ávila, sucesor de Enrique Peña Nieto, en el gobierno del Estado de México: la entidad más pobladas del país, y donde el PRI jamás ha dejado de ser gobierno.
Y por último, en el reclamo conjunto del PAN y los partidos de las izquierdas pocas horas antes del cierre de la campaña: que los gobernadores del PRI saquen las manos del proceso, dejen de repartir recursos ilegales a los votantes, y permitan que acudan con libertad y sin compromisos a las urnas este 1 de julio. Una muestra son las recientes declaraciones del candidato de la coalición Movimiento Progresista, López Obrador, quien dijo que si en el PRI estuvieran tan seguros de ganar, no estarían regalando tarjetas ni miles de despensas para obtener el voto de la gente. Falta ver qué ocurre este domingo.
El escenario está puesto para reeditar algunas de las peores prácticas históricas de las elecciones en México: un festival de compra y coacción de voto el día de las elecciones operado también por los gobernadores.
Por lo demás, tenemos un IFE que señala la imposibilidad de un fraude, una FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) timorata y ornamental, encuestas que arrojan una elección “ya decidida”, un movimiento estudiantil que oxigenó la campaña, denuncias internacionales (The Guardian) de un acuerdo formal y añejo entre Televisa y Peña Nieto para promocionarlo, y la sombra del crimen organizado y la violencia.
Así llegamos al 1 de julio.
