"Sería muy extraño que el PRI fuera eterno". Así iniciaba Gabriel Zaid un célebre ensayo hace casi tres décadas. Faltaban aún 15 años para la alternancia en la presidencia de la República de 2000. Durante ese tiempo, la esfera pública se llenó de un entusiasmo que estaba marcado notablemente por el anti priismo (y la anti política). La “sociedad” como polo de pureza y el “sacar al PRI de Los Pinos” como objetivo fueron dos puntos centrales de todo ese proceso que se tuvo a bien llamar “transición a la democracia”.
Sin embargo, como señala Carlos Bravo Regidor, la experiencia tras 2000 ha sido poco congruente con esa narrativa: resultó que muchas prácticas caracterizadas como autoritarias y propias del antiguo régimen persistieron en democracia, que no eran exclusivas del PRI sino compartidas por todos los partidos una vez que llegaban al poder, y que los responsables de ello no eran sólo los políticos sino la sociedad misma. Fue un auténtico corto circuito: la narrativa decía que la democratización pasaba por echar al PRI de Los Pinos; la experiencia apunta a su probable vuelta en 2012… por la vía democrática. Deseada o temida, hoy se augura una especie de “restauración”.
Lo bueno del corto circuito, dice Bravo Regidor, es que prueba que las fuerzas autoritarias del pasado le apuestan a la democracia como única vía posible de acceso al poder. Lo malo es que eso no necesariamente significa una transformación en la forma de ejercer ese poder: competir democráticamente no implica gobernar democráticamente.
En este texto intentaré mostrar cómo, en ciertos temas importantes, el proyecto actual del partido sí contiene un cierto afán "restauracionista" negativo (a sabiendas de que, aunque ganase, el PRI no podrá volver a ser el partido de Estado hegemónico que antes fue, pues mucho ha cambiado en nuestras instituciones, en la sociedad y el mundo).
Uno de esos temas es el papel que debe jugar el Congreso en la política mexicana, lo que está íntimamente relacionado con la idea fuerza del candidato priista a la presidencia (y puntero) Enrique Peña Nieto: la necesidad de un Estado eficaz y la necesidad de que el gobierno cuente con amplias mayorías en el parlamento como su requisito.
"Para Peña, México necesita la construcción de mayorías en el Congreso que apoyen al presidente"
Para Peña, México necesita una segunda transición que traduzca la democracia electoral en una democracia de resultados por medio de un Estado eficaz. ¿Cuál es, para él, la clave para lograrlo? Lo ha repetido hasta la saciedad: la construcción de mayorías en el Congreso que apoyen al presidente. Sólo eso nos sacaría de la actual parálisis legislativa (el verdadero peligro para la democracia, de acuerdo con el candidato), resultado de tener un gobierno y un parlamento de partidos políticos diferentes.
Vale la pena subrayar que el sistema político mexicano es presidencialista. Es decir, Legislativo y Ejecutivo tienen ambos legitimidades populares directas y diferenciadas. Por ello es que no es raro que un gobierno no cuente con mayoría en el Congreso. Por lo demás, el sistema electoral es, aunque mixto, de carácter eminentemente mayoritario. 300 de los 500 escaños de la Cámara Baja son electos por el principio de mayoría relativa, 200 por representación proporcional (los llamados diputados plurinominales, electos por medio de listas). Este carácter mayoritario se atempera por dos topes de sobrerrepresentación: ningún partido podrá tener más de 300 diputados (60%), y la brecha entre el porcentaje de la votación emitida por un partido y el porcentaje de curules que obtenga no podrá superar nunca el 8%.
Según Peña Nieto, hay básicamente tres medios para fomentar la creación de mayorías: eliminar la barrera de 8% a la sobrerrepresentación, instaurar de nuevo una cláusula de gobernabilidad, o reducir el Congreso (eliminando diputados plurinominales). Me centraré en las últimas dos.
Reinstaurar la cláusula de gobernabilidad es la propuesta más audaz. También la más anacrónica y autoritaria. Esta cláusula implicaría que el partido que lograra un cierto porcentaje de votos (pongamos, el 35%) contaría automáticamente con la mitad más uno de los escaños en el parlamento. Se aseguraría la creación de mayorías de modo artificial, en resumen.
Se trata de un mecanismo muy raro en la experiencia internacional, aunque común en países con dudosas credenciales democráticas. ¿Por qué su rareza? Sencillo, porque si lo que se busca es fomentar las mayorías, ¿por qué no ir a un sistema electoral mayoritario y punto, en lugar de mantener un sistema electoral mixto como el mexicano (que busca mayor pluralidad en el Congreso) pero parchado con cláusulas de este tipo, volviéndolo una simulación? Me quedo con lo dicho por un miembro destacado del propio PRI, Manlio Fabio Beltrones, relativo a instaurar esta clausula: "no me gustan las regresiones".
Reducir el Congreso en 100 diputados plurinominales no alteraría el tamaño relativo de las bancadas dentro del Parlamento. Es decir, nos quedaríamos prácticamente con la misma composición: no aportaría nada a la formación de mayorías.
"Reducir a los partidos pequeños, con la pérdida de pluralismo y representatividad que esto implica"
Lo que sí haría sería reducir a los partidos pequeños, con la pérdida de pluralismo y representatividad que esto implica. Otra cosa que modificaría, de acuerdo con una investigación de Javier Aparicio, es el tamaño relativo de las bancadas de cada estado al interior de los grupos parlamentarios. Beneficiarios de esto serían el propio Peña y la bancada del estado que gobernó y que le generó su capital político, el Estado de México (el más poblado del país): el Estado de México tiene 40 distritos uninominales, que hoy representan el 8% de la Cámara, de los cuales 38 son del PRI, que representan 16% de su bancada. Con 100 plurinominales en lugar de 200, el Estado de México representaría 10% de la Cámara, y los diputados priistas de esa entidad pasarían a representar 20% de la bancada del PRI (que pasaría a ser de 190 diputados). Es decir, que parece que al candidato del PRI también le gusta la sobrerrepresentación.
Más allá de esto, el tema tiene bastante miga: en principio, el desprestigio de la clase política y el rechazo del coste de los legisladores hacen parecer atractiva la propuesta. Sin embargo, como ya algunos han señalado, los argumentos que están detrás son poco menos que demagógicos. Si se quiere reducir el costo de los funcionarios públicos, reducir el número de legisladores no es lo más efectivo, pues el ahorro no sería tan significativo. Sería más provechoso reducir las nóminas de la alta burocracia del Ejecutivo federal, pues actualmente más de 14 mil 237 funcionarios del gobierno de la República perciben un salario superior al de un diputado (de acuerdo al Presupuesto de 2011).
La idea que nuestro Congreso es "demasiado grande para nuestra población" tampoco se sostiene: en América Latina el promedio de habitantes por diputado federal es 135 mil. En México, en cambio, cada diputado representa a más de 200 mil habitantes, de acuerdo con cálculos de la politóloga Ma. Amparo Casar.
Por lo demás, que una cámara 100 diputados más pequeña facilitará la discusión y la negociación es simplemente falso. La discusión y negociación en el parlamento depende más del trabajo en Comisiones que el del Pleno (aunque este último sea más mediático).
"La campaña va en contra de la institución (especialmente sobre la representación proporcional) y no sobre los individuos que de ella se benefician. Como querer curar la rabia de un perro matándolo"
Lo que subyace en la popularidad de esta propuesta es la reprobable conducta y nulos resultados de algunos legisladores. Sin embargo, la campaña va en contra de la institución (especialmente sobre la representación proporcional) y no sobre los individuos que de ella se benefician. Como querer curar la rabia de un perro matándolo. Lo realmente pernicioso es que se olvida donde debería recaer la utilidad de un diputado plurinominal: en dar voz a sectores minoritarios, y posibilitar que profesionistas cuyo trabajo puede aportar mucho a la labor del Congreso en Comisiones (p. e. un médico o un ambientalista) pero que difícilmente podrían ganar una elección, puedan ser diputados al entrar en esas listas. Que los partidos mexicanos hayan desvirtuado esta institución (por lo demás, existente en muchas democracias avanzadas) es una discusión diferente.
Ayuden o no a la formación de mayorías (una lo hace, la otra no), ambas medidas allanarían el camino hacia una Cámara de Diputados como una caja de resonancia del Ejecutivo, vía mayorías artificiales o sobrerrepresentación de los fieles del presidente y no a una que fiscalice vigorosamente el quehacer del gobierno (un problema muy acusado en los parlamentarios, algo así como el reverso de la moneda de la parálisis legislativa que a veces ocurre en los regímenes presidenciales). Lo que, a poco de pensar, nos llevaría a un escenario pasado y peor. Creo que detrás de esto se esconde el ansia de un gobierno que resuelva rápido sin importar el cómo o a costa de qué. Un gobierno que, viendo la dificultad en la negociación en el parlamento, tire el tablero: que busca hacer que negociar sea innecesario. Algo que bien podríamos llamar “una capitulación democrática”.
No parece casualidad que en el reciente debate sobre la reelección legislativa consecutiva en México (actualmente prohibida), Peña Nieto haya sido un fuerte partidario del “no”. No lo parece en tanto que el triunfo del “sí” hubiera sido un cambio que fortalecería al Legislativo al abrir la posibilidad de carreras parlamentarias, y al cortar el actual control de las cúpulas partidistas sobre los legisladores. Y un Legislativo fuerte no parece ser lo que busca el candidato, sino al revés: un gobierno que controle al Legislativo.
Un gobierno así, que controle al parlamento, podrá decidir y tomar acciones más rápido, pero no necesariamente mejor. Si cabe, la probabilidad de error aumenta, ante la falta de contrapesos (es lo que veo que ocurre con el gobierno de Rajoy actualmente en España). Y eso, me temo, alimentará la conflictividad social. Después de todo, integrar a la oposición al sistema y a las instituciones fue una de las ideas detrás de la ampliación del Congreso y la creación de los diputados plurinominales en México en los años 70.
Sí, la creación de mayorías artificiales y la reducción del Congreso son propuestas simplistas y/o “restauracionistas”. Y es comprensible: el futuro pinta mal, y en tiempos de crisis, como ha dicho el profesor Fernando Escalante, algunos políticos se vuelven como los vendedores de ungüentos mágicos en tiempos de la peste: su popularidad es indicio de la desesperación. Y sus soluciones pueden ser un clavo ardiendo.
