nuevatribuna.es
16 de junio de 2010, 6:06
NUEVATRIBUNA.ES - 16.06.2010
Ni los asesinatos extrajudiciales, ni el robo de tierras, ni el exterminio indígena, ni el hecho de que un tercio de la ejecutiva de Uribe esté siendo juzgada por sus relaciones con los paramilitares son motivos suficientes para dejar de votar al partido de la U, del todavía presidente Álvaro Uribe.
Este domingo será la segunda vuelta de las elecciones colombianas y Juan Manuel Santos, el candidato de la U, parece que arrasará con mayoría. La política de mano dura y una campaña centrada en las FARC son los instrumentos de los que se ha valido para sumar votos.
No es casual que a una semana de las elecciones el ejército colombiano diera uno de los golpes más duros a las FARC consiguiendo liberar a cuatro de los rehenes más importantes. Santos se ha llevado todos los elogios y el candidato aprovechó este lunes para detallar cuál será su política para acabar con la guerrilla.
Su programa está más cerca del soborno puro y duro que de una negociación o un diálogo abierta con la guerrilla. Según anunció el candidato de la U, cuando llegue al Gobierno piensa ofrecer incentivos económicos a los insurgentes que devuelvan a la libertad a los secuestrados que continúan cautivos -veinte policías y militares y un número sin precisar de civiles-.
Además anunció en rueda de prensa que entregará dinero del tesoro público a quienes entreguen información sobre el paradero de los retenidos o, en todo caso, datos que faciliten acciones militares para debilitar a las FARC. Algo parecido ya hizo Álvaro Uribe cuando inició un programa en el que ofrecía dinero a los universitarios que se convirtieran en chivatos, consiguiendo así poner en peligro a la sociedad civil, y a la vez darle el ‘poder’ de luchar contra la guerrilla y el narcotráfico.
Santos también ha querido dejar tranquilos a los guerrilleros y ha anunciado que no irán a la cárcel ya que buscará algún instrumento jurídico de modo que la ley no permita enviarles a prisión. También recordó que mantendrá la política de desmovilización que inició Uribe, porque “es mejor un guerrillero desmovilizado que uno capturado o que uno muerto”.
El otro candidato, Antanas Mockus, del Partido Verde, no ha anunciado ninguna política de chantaje contra las FARC sino más bien continuar con la apuesta de alta tecnología para controlar mejor los pasos de la guerrilla. Mockus ha optado por las amenazas: “Si siguen secuestrando en las actuales condiciones, estarán cavando su propia tumba”.
El candidato del partido verde no ha querido presentarse a la segunda vuelta en coalición con partidos de izquierda como el Polo Democrático que obtuvo casi un 10% de los votos en la primera vuelta. Mockus se presenta solo y se presume que no alcanzará muchos más votos.
En la primera vuelta Santos le sacó 25 puntos de ventajas y las últimas encuestas informan que la diferencia actual podría llegar hasta los 37 puntos. La liberación de los rehenes tiene mucho que ver con la nueva distancia que le ha sacado Santos.
Las operaciones estrella parecen primar ante el exterminio de más de 1.000 indígenas, o ante el hecho de que desde 2002 – año en que Uribe llegó al Gobierno- se han producido casi 15.000 asesinatos extrajudiciales. Tampoco debe importar que más de 2.000 adolescentes hayan sido asesinados por el ejército colombiano para darlos como si fueran guerrilleros y engordar su cupo de matanzas. Importa menos que esos militares asesinos finalmente hayan quedado libres y todavía las madres de las víctimas sufran amenazas por pedir justicia.
Colombia, un país donde ser sindicalista supone que la vida no valga nada, donde la expropiación de tierras – por parte de los paramilitares y las FARC- ha obligado a cinco millones de colombianos a desplazarse de sus casas, por no citar los cientos de refugiados políticos que han tenido que exiliarse. Este país se enfrenta el domingo a unas elecciones en las que parece que esta retahíla de problemas no han interesado, se han dejado al margen para que todo se reduzca a una operación de liberación de cuatro ex militares. Las liberaciones son fundamentales, pero ¿A cualquier precio?
Ni los asesinatos extrajudiciales, ni el robo de tierras, ni el exterminio indígena, ni el hecho de que un tercio de la ejecutiva de Uribe esté siendo juzgada por sus relaciones con los paramilitares son motivos suficientes para dejar de votar al partido de la U, del todavía presidente Álvaro Uribe.
Este domingo será la segunda vuelta de las elecciones colombianas y Juan Manuel Santos, el candidato de la U, parece que arrasará con mayoría. La política de mano dura y una campaña centrada en las FARC son los instrumentos de los que se ha valido para sumar votos.
No es casual que a una semana de las elecciones el ejército colombiano diera uno de los golpes más duros a las FARC consiguiendo liberar a cuatro de los rehenes más importantes. Santos se ha llevado todos los elogios y el candidato aprovechó este lunes para detallar cuál será su política para acabar con la guerrilla.
Su programa está más cerca del soborno puro y duro que de una negociación o un diálogo abierta con la guerrilla. Según anunció el candidato de la U, cuando llegue al Gobierno piensa ofrecer incentivos económicos a los insurgentes que devuelvan a la libertad a los secuestrados que continúan cautivos -veinte policías y militares y un número sin precisar de civiles-.
Además anunció en rueda de prensa que entregará dinero del tesoro público a quienes entreguen información sobre el paradero de los retenidos o, en todo caso, datos que faciliten acciones militares para debilitar a las FARC. Algo parecido ya hizo Álvaro Uribe cuando inició un programa en el que ofrecía dinero a los universitarios que se convirtieran en chivatos, consiguiendo así poner en peligro a la sociedad civil, y a la vez darle el ‘poder’ de luchar contra la guerrilla y el narcotráfico.
Santos también ha querido dejar tranquilos a los guerrilleros y ha anunciado que no irán a la cárcel ya que buscará algún instrumento jurídico de modo que la ley no permita enviarles a prisión. También recordó que mantendrá la política de desmovilización que inició Uribe, porque “es mejor un guerrillero desmovilizado que uno capturado o que uno muerto”.
El otro candidato, Antanas Mockus, del Partido Verde, no ha anunciado ninguna política de chantaje contra las FARC sino más bien continuar con la apuesta de alta tecnología para controlar mejor los pasos de la guerrilla. Mockus ha optado por las amenazas: “Si siguen secuestrando en las actuales condiciones, estarán cavando su propia tumba”.
El candidato del partido verde no ha querido presentarse a la segunda vuelta en coalición con partidos de izquierda como el Polo Democrático que obtuvo casi un 10% de los votos en la primera vuelta. Mockus se presenta solo y se presume que no alcanzará muchos más votos.
En la primera vuelta Santos le sacó 25 puntos de ventajas y las últimas encuestas informan que la diferencia actual podría llegar hasta los 37 puntos. La liberación de los rehenes tiene mucho que ver con la nueva distancia que le ha sacado Santos.
Las operaciones estrella parecen primar ante el exterminio de más de 1.000 indígenas, o ante el hecho de que desde 2002 – año en que Uribe llegó al Gobierno- se han producido casi 15.000 asesinatos extrajudiciales. Tampoco debe importar que más de 2.000 adolescentes hayan sido asesinados por el ejército colombiano para darlos como si fueran guerrilleros y engordar su cupo de matanzas. Importa menos que esos militares asesinos finalmente hayan quedado libres y todavía las madres de las víctimas sufran amenazas por pedir justicia.
Colombia, un país donde ser sindicalista supone que la vida no valga nada, donde la expropiación de tierras – por parte de los paramilitares y las FARC- ha obligado a cinco millones de colombianos a desplazarse de sus casas, por no citar los cientos de refugiados políticos que han tenido que exiliarse. Este país se enfrenta el domingo a unas elecciones en las que parece que esta retahíla de problemas no han interesado, se han dejado al margen para que todo se reduzca a una operación de liberación de cuatro ex militares. Las liberaciones son fundamentales, pero ¿A cualquier precio?
