Pocas horas antes, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha apuntado que el porcentaje final de respaldo al "Sí" ha sido del 62 por ciento. Sin embargo, el conteo rápido del CNE muestra una victoria más ajustada, según han informado otros medios periodísticos ecuatorianos.
"Hemos ganado por más de 20 puntos", ha señalado el mandatario. "El pueblo ecuatoriano ha vencido, la verdad ha triunfado", ha agregado. Correa ha aseverado que es necesario comenzar a trabajar a partir del triunfo obtenido este sábado en la consulta popular, según la Agencia Venezolana de Noticias.
En una entrevista transmitida por el canal de televisión panamericano Telesur, Correa ha precisado que con esta decisión del pueblo, Ecuador tendrá la posibilidad, entre otras cosas, de revertir el proceso de descomposición en el que estaba sumido el sistema de justicia de esa nación.
Según Cedatos-Gallop, el 57 por ciento de los votantes respaldó las diez cuestiones que se sometieron a referéndum, que se ha convertido en un voto de confianza para Correa, en el poder desde 2007.
Correa ha mantenido una gran popularidad entre las clases bajas y medio-bajas gracias a su inversión en escuelas, carreteras y hospitales. La oposición le acusa de tener "ramalazos autoritarios similares a los de su aliado Chávez".
PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM
El referéndum constó de diez preguntas, de las cuales cinco eran enmiendas a siete artículos de la Carta Magna y las restantes abarcan cuestiones generales. Los asuntos que han despertado gran controversia han sido la reestructuración del sistema judicial y la regulación de las actividades de los medios, aunque el propio Correa ha dicho que su intención no es ejercer controles sobre la libertad de prensa.
Su proyecto prevé la creación de un consejo encargado de vigilar y regular el contenido que se difunde a través de los diarios, las emisoras y las cadenas locales, los cuales, según él, estarían incumpliendo lo establecido en la Constitución aprobada en 2008 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta consulta el Gobierno pretende evitar, además, que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan acciones en empresas que no correspondan al ámbito para el que trabajan.
