nuevatribuna.es
16 de noviembre de 2010, 12:29
NUEVATRIBUNA.ES - 16.11.2010
Desde que las fuerzas marroquíes asaltaron el campamento de en Gdim Izik, a 12 km de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ex colonia española anexionada en 1975 por Marruecos, el régimen de Rabat impuso un férreo cerrojazo informativo que ha pretendido impedir a la prensa internacional el acceso directo a los violentos sucesos que se han vivido en la última semana. A pesar de ello, algunos periodistas y activistas de distintas nacionalidades han conseguido burlar el bloqueo y no faltan testimonios estremecedores -palizas, detenciones masivas, torturas, saqueos... sobre la actuación de los agentes marroquíes. Todos, o la inmensa mayoría, han sido expulsados bajo acusaciones de practicar “técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos” e incluso con el cargo de representar una amenaza para la seguridad el Estado.
Una vez suprimidos los incómodos testigos, Marruecos ha endurecido la escalada de descalificaciones contra la prensa internacional y se ha sentido con las manos libres para dar su propia versión de los hechos. Para ello, se apoya en la distribución de un vídeo con imágenes verdaderamente espeluznantes que muestran cómo se organizaron los saharauis para responder de forma violenta al desmantelamiento del campamento de protesta. Lo hacen armados con cuchillos, piedras y objetos incendiarios.
El gobierno marroquí asegura que diez agentes fueron asesinados allí. Exhiben también unas imágenes en las que un hombre orina sobre varios cadáveres de soldados. En El Aaiún se grabó otra secuencia en la que un agente del orden es degollado en plena calle.
El vídeo fue presentado este lunes por los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores de Marruecos, Taieb Cherqaoui y Taib Fassi Fihri, respectivamente, que volvieron a justificar el asalto de las fuerzas de seguridad al campamento de protesta instalado a las afueras de El Aaiún y denunciaron que los agentes se encontraron en este desalojo con métodos de violencia similares a los existentes en la zona sur del Sahel, donde opera Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Según informa la agencia oficial MAP, Fassi Fihri acusó al Frente Polisario y a Argelia de utilizar una "estrategia de distracción" en el proceso negociador -auspiciado por Naciones Unidas- y enmarcó los últimos sucesos registrados en El Aaiún dentro de estas intenciones. En cambio, alegó que Rabat mantiene su compromiso con el diálogo y que, por tanto, no es "en ningún caso" responsable de los obstáculos en las negociaciones.
Los enfrentamientos tras el desalojo del campamento de Gdem Izik demuestran el "empeño de la otra parte para envenenar el clima de negociación", según el titular de Exteriores, que volvió a defender el "carácter pacífico" de la "inevitable" intervención de seguridad. Y, una vez más, criticó el papel jugado por la prensa extranjera tras estos sucesos y reiteró ante los periodistas congregados en la comparecencia que Marruecos es un "Estado soberano". El jefe de la diplomacia marroquí agregó que su Ministerio ha estado en contacto "permanente" con otros gobiernos para informarles desde el primer día de la evolución de los acontecimientos.
DE LA PROTESTA POR UN TRABAJO MEJOR AL TERRORISMO ISLÁMICO
Las afirmaciones de los ministros marroquíes han caído como un mazazo porque cuesta trabajo creer en una reacción tan organizada y sanguinaria de los acampados, que protestaban no para pedir la independencia del Sáhara, ni para lanzar una yihad, ni mucho menos para atentar contra el régimen encabezado por Mohamed VI. El propósito del campamento era puramente social, como han reiterado hasta la saciedad las organizaciones prosaharauis presentes en la zona. Ghalia Djimi, una responsable de la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH), lo expresa así: "Las reivindicaciones de los miembros del campamento eran puramente de orden socio-económico. No había discurso político, no había una bandera del Frente Polisario". Esas reivindicaciones, básicamente, eran: obtener viviendas, una renta mínima para familias necesitadas o contratos en la administración pública para jóvenes licenciados.
Todo lo cual no es óbice para que entre los acampados se agazaparan otro tipo de individuos dispuestos a aprovechar la coyuntura en beneficio de sus intereses. Mohamed Jelmous, valí (gobernador) de la región, ha hablado de “traficantes de filiales de inmigración clandestina y de contrabando de cigarrillos y droga, entre ellos las redes desmanteladas en el marco de la cooperación regional contra el terrorismo”.
La pregunta es si la presencia de “varias decenas de agitadores” - según las imágenes tomadas desde un helicóptero de la gendarmería marroquí consultadas por la AFP- entre las 20.000 personas instaladas en el campamento -según fuentes de Naciones Unidas- justifica una intervención tan violenta -con gas lacrimógeno y cañones de agua- como la que se produjo el lunes 8 de noviembre.
Y lo triste y lamentable es que una protesta social y solidaria se transforme, por obra y gracia de unos cuantos elementos descontrolados y de un aparato de propaganda, en un nuevo episodio de la guerra contra el terrorismo que en su día engendró George W. Bush para justificar sus obsesiones contra el ‘eje del mal’ y garantizar el silencio de la comunidad internacional ante las atrocidades que, como más tarde hemos ido conociendo, se estaban cometiendo en países como Irak. ¿Estamos ante una estrategia similar de Marruecos para frenar en seco cualquier tentación de organismos como la ONU o el Parlamento Europeo de condenar sus acciones en El Aaiún?
La respuesta a todas estas cuestiones debería proceder de una investigación independiente. Es lo que desde hace días vienen reclamando organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional: “¡Que se sepa la verdad! Pero que no nos la explique España ni Marruecos”. Y, una vez más, se pone en evidencia la necesidad de incluir un componente de vigilancia de los Derechos Humanos en el mandato de la MINURSO, la misión de la ONU que supervisa el alto el fuego alcanzado entre Marruecos y el Frente Polisario alcanzado hace casi 20 años, en 1991.
Desde que las fuerzas marroquíes asaltaron el campamento de en Gdim Izik, a 12 km de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ex colonia española anexionada en 1975 por Marruecos, el régimen de Rabat impuso un férreo cerrojazo informativo que ha pretendido impedir a la prensa internacional el acceso directo a los violentos sucesos que se han vivido en la última semana. A pesar de ello, algunos periodistas y activistas de distintas nacionalidades han conseguido burlar el bloqueo y no faltan testimonios estremecedores -palizas, detenciones masivas, torturas, saqueos... sobre la actuación de los agentes marroquíes. Todos, o la inmensa mayoría, han sido expulsados bajo acusaciones de practicar “técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos” e incluso con el cargo de representar una amenaza para la seguridad el Estado.
Una vez suprimidos los incómodos testigos, Marruecos ha endurecido la escalada de descalificaciones contra la prensa internacional y se ha sentido con las manos libres para dar su propia versión de los hechos. Para ello, se apoya en la distribución de un vídeo con imágenes verdaderamente espeluznantes que muestran cómo se organizaron los saharauis para responder de forma violenta al desmantelamiento del campamento de protesta. Lo hacen armados con cuchillos, piedras y objetos incendiarios.
El gobierno marroquí asegura que diez agentes fueron asesinados allí. Exhiben también unas imágenes en las que un hombre orina sobre varios cadáveres de soldados. En El Aaiún se grabó otra secuencia en la que un agente del orden es degollado en plena calle.
El vídeo fue presentado este lunes por los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores de Marruecos, Taieb Cherqaoui y Taib Fassi Fihri, respectivamente, que volvieron a justificar el asalto de las fuerzas de seguridad al campamento de protesta instalado a las afueras de El Aaiún y denunciaron que los agentes se encontraron en este desalojo con métodos de violencia similares a los existentes en la zona sur del Sahel, donde opera Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Según informa la agencia oficial MAP, Fassi Fihri acusó al Frente Polisario y a Argelia de utilizar una "estrategia de distracción" en el proceso negociador -auspiciado por Naciones Unidas- y enmarcó los últimos sucesos registrados en El Aaiún dentro de estas intenciones. En cambio, alegó que Rabat mantiene su compromiso con el diálogo y que, por tanto, no es "en ningún caso" responsable de los obstáculos en las negociaciones.
Los enfrentamientos tras el desalojo del campamento de Gdem Izik demuestran el "empeño de la otra parte para envenenar el clima de negociación", según el titular de Exteriores, que volvió a defender el "carácter pacífico" de la "inevitable" intervención de seguridad. Y, una vez más, criticó el papel jugado por la prensa extranjera tras estos sucesos y reiteró ante los periodistas congregados en la comparecencia que Marruecos es un "Estado soberano". El jefe de la diplomacia marroquí agregó que su Ministerio ha estado en contacto "permanente" con otros gobiernos para informarles desde el primer día de la evolución de los acontecimientos.
DE LA PROTESTA POR UN TRABAJO MEJOR AL TERRORISMO ISLÁMICO
Las afirmaciones de los ministros marroquíes han caído como un mazazo porque cuesta trabajo creer en una reacción tan organizada y sanguinaria de los acampados, que protestaban no para pedir la independencia del Sáhara, ni para lanzar una yihad, ni mucho menos para atentar contra el régimen encabezado por Mohamed VI. El propósito del campamento era puramente social, como han reiterado hasta la saciedad las organizaciones prosaharauis presentes en la zona. Ghalia Djimi, una responsable de la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH), lo expresa así: "Las reivindicaciones de los miembros del campamento eran puramente de orden socio-económico. No había discurso político, no había una bandera del Frente Polisario". Esas reivindicaciones, básicamente, eran: obtener viviendas, una renta mínima para familias necesitadas o contratos en la administración pública para jóvenes licenciados.
Todo lo cual no es óbice para que entre los acampados se agazaparan otro tipo de individuos dispuestos a aprovechar la coyuntura en beneficio de sus intereses. Mohamed Jelmous, valí (gobernador) de la región, ha hablado de “traficantes de filiales de inmigración clandestina y de contrabando de cigarrillos y droga, entre ellos las redes desmanteladas en el marco de la cooperación regional contra el terrorismo”.
La pregunta es si la presencia de “varias decenas de agitadores” - según las imágenes tomadas desde un helicóptero de la gendarmería marroquí consultadas por la AFP- entre las 20.000 personas instaladas en el campamento -según fuentes de Naciones Unidas- justifica una intervención tan violenta -con gas lacrimógeno y cañones de agua- como la que se produjo el lunes 8 de noviembre.
Y lo triste y lamentable es que una protesta social y solidaria se transforme, por obra y gracia de unos cuantos elementos descontrolados y de un aparato de propaganda, en un nuevo episodio de la guerra contra el terrorismo que en su día engendró George W. Bush para justificar sus obsesiones contra el ‘eje del mal’ y garantizar el silencio de la comunidad internacional ante las atrocidades que, como más tarde hemos ido conociendo, se estaban cometiendo en países como Irak. ¿Estamos ante una estrategia similar de Marruecos para frenar en seco cualquier tentación de organismos como la ONU o el Parlamento Europeo de condenar sus acciones en El Aaiún?
La respuesta a todas estas cuestiones debería proceder de una investigación independiente. Es lo que desde hace días vienen reclamando organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional: “¡Que se sepa la verdad! Pero que no nos la explique España ni Marruecos”. Y, una vez más, se pone en evidencia la necesidad de incluir un componente de vigilancia de los Derechos Humanos en el mandato de la MINURSO, la misión de la ONU que supervisa el alto el fuego alcanzado entre Marruecos y el Frente Polisario alcanzado hace casi 20 años, en 1991.
