Argentina es un país eminentemente agrícola y ganadero. Por eso, la tradicional Exposición Rural que se celebra todos los años por estas fechas, es un escaparate del sector más importante y dinámico en la economía del país. Pero desde hace cuatro años el gobierno la boicotea, ninguno de sus funcionarios acude a la inauguración y los tradicionales stands de ministerios y organismos autónomos están ausentes de la muestra. El origen está en el conflicto que enfrentó al sector con el gobierno, al comienzo del primer mandato de Cristina Fernández, cuando se trató de imponer impuestos extraordinarios a la exportación de granos.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, al inaugurar la muestra en el barrio de Palermo, afirmó que los impuestos que se aplican al campo son confiscatorios, “haciendo que el recurso suelo subsidie los desbalances fiscales nacionales, provinciales y municipales”. Y, en concreto, se quejó de lo que considera un impuestazo impuesto por decreto en la provincia de Buenos Aires, justo cuando la caja provincial se quedó vacía y estuvo en juego el pago de la paga extra de junio para los funcionarios públicos.
Pidió reglas claras y un horizonte certero de mediano y largo plazo, en referencia a la creciente intervención del estado. Según Biolcati, en los últimos años se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, se cerraron 100 frigoríficos (mataderos) y miles de trabajadores perdieron sus puestos. Afirma que el gobierno desconoce y ningunea al campo, “pero si no tuviéramos el yuyiyo (arbusto) de la soja no sé dónde estaríamos”. Al hablar del yuyito, Biolcati hacía referencia a unas antiguas declaraciones de la presidente en las que dijo que la soja era un “yuyo (argentinismo para arbusto o malas hierbas) que crece sin ningún tipo de cuidados especiales”. Es gracias a la soja, sin embargo, que Argentina logra ingresos extraordinarios, al ser uno de los principales productores mundiales.
Históricamente, el peronismo consideró al campo –la oligarquía vacuna- como enemigo. Razones no le faltaron, los gobiernos conservadores y todas las dictaduras tuvieron el apoyo de la Sociedad Rural. Uno de los pabellones de la Exposición del barrio de Palermo lleva el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz, antepasado homónimo del que fuera ministro de Economía de la última dictadura. Hasta la llegada del primer peronismo, la condición de los peones rurales era de virtual semiesclavitud, siendo el Estatuto de Peón de Campo (1944) uno de las medidas sociales más importantes. De hecho fue promovida por Perón cuando aún era secretario de Trabajo en el gobierno militar de Farrell
Las peleas del campo con gobiernos democráticos no empezaron ahora. Fue sonada la silbatina que cosechó en 1988 el presidente Raúl Alfonsín, cuando acudió a la inauguración de la muestra, a cuenta del Plan Primavera, que con un sistema de cambios diferenciado, perjudicaba al campo. Con el kirchnerismo, el conflicto se desató abiertamente en 2008, a poco de iniciarse el primer mandato de Cristina Fernández, cuando el gobierno impulsó las llamadas retenciones móviles a la exportación de granos (impuestos a la exportación), lo que llevó a los productores agropecuarios a bloquear las rutas del país durante cuatro meses.
El conflicto acabó cuando el asunto se trató en el Senado y el voto del entonces vicepresidente, Julio Cobos, fue decisivo para la derrota del gobierno. Nada fue igual a partir de entonces: el vicepresidente pasó al limbo, nunca más volvió a tener un papel dentro del gobierno, y solo cosechó desaires de la presidente. Y las relaciones con el campo entraron en el congelador. Víctima colateral fue la prensa no oficialista, que el gobierno asimiló a otros sectores a los que tildó de “destituyentes”.
Hoy, cuatro años después, aquél conflicto no está superado y el rencor mutuo persiste. El campo asegura que el sector está peor que hace cuatro años, se queja de que en el gobierno no hay una política agropecuaria, que la rentabilidad ha bajado y que la intervención del gobierno solo consigue complicar la comercialización de sus productos. No es la visión del gobierno, que alega que el sector recibe ingresos extraordinarios y considera que tiene que contribuir de acuerdo a los mismos.
Y no hay ningún diálogo ni voluntad del gobierno de tenerlo. El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, no atiende el pedido de audiencia de la llamada Mesa de Enlace Agropecuaria, que nació al calor del conflicto de 2008. Seguramente por su origen, a pesar de que tiene la representatividad que le da que la integren las cuatro principales organizaciones agropecuarias del país. “Nosotros seguimos expresando en todos los foros que podemos la situación del sector agropecuario, estamos pidiendo a Yahuar que termine con este caprichito de decir yo a la Mesa de Enlace no la recibo, porque hay problemas muy urgentes para tratar y tenemos la representatividad, no hay que demostrarlo”, señaló Biolcati.
Hay reproches más específicos. La llamada cuota Hilton, los cortes de carne de primera calidad que la UE permite importar de algunos países –Argentina es el principal- en condiciones arancelarias especiales, no se llegó a cumplir en los últimos 4 años. De las casi 30.000 toneladas del último ciclo comercial, se enviaron solo 18.500, y las culpas van para el controvertido secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Las trabas puestas a la exportación de trigo y maíz, con el objetivo de asegurar el consumo interior, está provocando la creciente “sojización” de la agricultura argentina.
Datos recientes de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que la superficie sembrada de trigo será la menor en 40 años. Mientras la superficie dedicada al trigo, maíz y girasol, es de 9 millones de hectáreas, a la soja se le dedica el doble, 18 millones. En EE.UU., el trigo triplica a la soja.
El problema es que la falta de rotación de cultivos provoca una degradación de los suelos y, a la larga, no es sustentable. Pero los precios récord que está alcanzando la soja en los mercados internacionales –en lo que va de año subió un 50 %- atentan contra el sentido común. Se pronostica que la próxima será una cosecha récord, de 55 millones de toneladas.
Hace justamente un año, cuatro ex secretarios de Agricultura (de los gobiernos de Alfonsín, Menem, Duhalde y De la Rúa), presentaron un documento en el que criticaban con dureza al actual gobierno “por su arcaica y atrasada visión sobre el campo”. Señalaban que el viento de cola no va a ser eterno, o dicho de otra manera, los precios internacionales de la soja, principal exportación de la Argentina, no van a poder mantenerse en el tiempo. También señalaban que el sistema tributario y político conspira contra el desarrollo de los pueblos del interior y que Argentina “es el único país del mundo que tiene impuestos a las exportaciones”.
