Las relaciones entre el gobierno de Cristina Fernández y los sindicatos, hasta hace poco firmes aliados, están virtualmente rotas. El paro decretado por el gremio de los camioneros, que responde a la familia Moyano (el padre, Hugo, secretario general de la CGT, el hijo, Pablo, secretario general adjunto del sindicato de camioneros), ha obligado a la presidente a anticipar su regreso de la Cumbre Río + 20, lo que demuestra la gravedad que le asigna el gobierno a la situación.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmó una denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano, haciéndolos responsables de la situación creada por el paro. Se basa la denuncia en dos artículos del código penal que hablan de amenazas cuando tienen como objetivo la obtención por la fuerza de una medida o concesión por parte de alguno de los poderes públicos.
“Que me denuncien, no hay problema, pero a partir de ahora hay un paro nacional de camioneros”, dijo
Cuando Hugo Moyano fue informado de esta circunstancia por un periodista que lo entrevistaba en un programa de televisión, la respuesta fue convocar en ese mismo momento un paro nacional del gremio a todas las ramas del mismo y no solo al transporte de combustible, como estaba previsto inicialmente. “Que me denuncien, no hay problema, pero a partir de ahora hay un paro nacional de camioneros”, dijo, al tiempo que amenazaba con una movilización hacia la Plaza de Mayo para el viernes.
Moyano aseguró que otros sindicatos se sumarán a la protesta. Y no ahorró críticas al gobierno (“alcahuetes”) y a la presidente, de la que dijo que está muy mal asesorada: “no va a entender nunca la lucha de los trabajadores, esta señora no puede seguir gobernando el país de la forma en que lo hace, la presidente derrama soberbia”.
Esta es una situación inédita, ya que durante el primer gobierno kirchnerista, el de Néstor, Hugo Moyano fue una de las bases fundamentales de apoyo para un gobierno que llegó debilitado por la crisis política, económica y social del 2001-2002. Y los camioneros de Moyano fueron usados cuando al gobierno le convenía movilizarlos para presionar a empresas que no se avenían a reducir sus precios a tarifas. También fueron numerosas las ocasiones en que bloquearon la distribución del diario Clarín, enemigo político del gobierno.
Esta alianza, que se mantuvo firme hasta la muerte de Néstor Kirchner, se deterioró rápidamente con Cristina sola en la Casa Rosada. A las diferencias políticas, parece añadirse una antipatía de tipo personal y una decisión de la presidente de doblegar cualquier poder que se interponga en su forma de gobernar.
El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, criticó como irracional y egoísta la medida de fuerza de los camioneros, añadiendo: “llama la atención que luego de que este gobierno recuperó una empresa emblemática y estratégica para el desarrollo nacional, como es YPF, la primera medida de fuerza afecte al sector de los combustibles”. Abal Medina también afirmó que mientras el mundo se cae a pedazos en Argentina “se está llevando a cabo un proceso de transformación, creando y manteniendo millones de puestos de trabajo”.
Esta escalada se produce en vísperas del congreso de la CGT, donde el gobierno apuesta por desbancar a Moyano de la conducción. “Si atiende el reclamo de los trabajadores, no me presento como candidato en la CGT, éste es el desafío que le hago a la presidente”, lanzó Moyano.
El distanciamiento entre el hombre fuerte del sindicalismo y el gobierno comenzó cuando se preparaban las listas a legisladores para las elecciones de octubre del 2011, en las que solo logró colocar a uno de sus hijos, cuando tradicionalmente la CGT tenía una importante representación. Vendrían después declaraciones de Moyano que molestaron mucho en la Casa Rosada, como aquella de que querría ver en la Casa Rosada a un trabajador, que dispararon la respuesta de la mandataria de que ella trabajaba desde los 18 años.
El dirigente sindical, que era vicepresidente del Partido Justicialista (peronista) de la provincia de Buenos Aires, acabó dimitiendo como signo de protesta. Máximo dirigente del gremio de camioneros desde 1987 y secretario general de la CGT desde 2004, Moyano se ha convertido ya en un enemigo declarado del kirchnerismo, lo que supone tiempos difíciles por venir, cuando la presidente no lleva más que medio año de su segundo mandato y con un horizonte económico en el que empiezan a aparecer algunas nubes de subido color oscuro.
Según el Índice General de Expectativas, que elabora la UCA (Universidad Católica Argentina), el pesimismo aumenta entre los argentinos. y por séptimo mes consecutivo cayeron las expectativas sobre la situación económica. Un 34 % de los consultados consideran que es mala, cuando en octubre pasado, fecha de las elecciones generales, los pesimistas eran la mitad.
La presidente admitió que la crisis global está empezando a golpear a Argentina y que no se pueden mantener los índices de crecimiento de años pasados. Si en el 2011 la economía argentina creció el 9 %, el Banco Mundial estima que este año no pasará del 2,2 %. Hay caída en el superávit fiscal, en las reservas y en las inversiones, mientras la inflación se mantiene en torno al 25 %. Hasta el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, artífice del falseamiento de las estadísticas oficiales, admitió que la inflación estaba alta. Y las provincias, cada vez más dependientes del dinero que les quiera dar el gobierno central, están al borde de la insolvencia.
Los índices de popularidad de la presidente también caen de manera acelerada. Elegida con el 64 % de los votos, hace 8 meses, el 2011 terminó con guarismos aún mejores, del 70 %. Pero ahora mismo solo tiene un 48 % de aprobación, según una encuesta de Poliarquía o un 39 % según otra de la empresa Management & Fit.
El descontento de ve también alimentado por las trabas para la compra de dólares, fenómeno que afecta sobre todo a la clase media. Pero también los sectores más pobres tienen motivos para la frustración. La inflación está licuando los planes sociales, que se actualizan con las cifras oficiales, no las reales.
Las trabas a las importaciones están provocando, además, la falta de insumos básicos para algunas empresas, lo que supone pérdidas de empleo. Pero también desabastecimiento en sectores muy sensibles, como la salud, donde se denuncian faltas de medicamentos, artículos de ortopedia, instrumental quirúrgico y hasta vacunas.
Este es el panorama en el que hay que ver el conflicto entre los sindicatos y el gobierno. Se dice en Argentina que no es posible gobernar sin los peronistas, es decir, sin el apoyo de los sindicatos. El ejemplo más claro fue el primer gobierno democrático tras la última dictadura, en el que el presidente Raúl Alfonsín enfrentó 13 paros generales en los seis años escasos de su gobierno, lo que provocó que tuviera que irse antes de tiempo, en medio de una hiperinflación sin precedentes.
Sin embargo, en el posterior gobierno del peronista Carlos Menem -en realidad un transformista que llevó a cabo una política neoliberal- buena parte de los sindicatos apoyaron sus políticas de ajuste, que incluyeron la flexibilización laboral y masivas privatizaciones.
Este apoyo se entiende mejor si se tiene en cuenta que Menem, en el marco del Programa de Propiedad Participada, ofreció a los dirigentes colaboracionistas que participaran como “sindicatos empresarios”, en las empresas privatizadas, otorgándoles el 10 % de las acciones de las mismas. Y a estos mismos gremios alineados con el gobierno les otorgó fondos sociales extraordinarios, unos 4.000 millones de dólares, que pudieron manejar a su antojo.
Menem cooptó o compró el apoyo de ciertos dirigentes sindicales clave. Pero lo que se ve ahora es un enfrentamiento muy duro. El conflicto de los camioneros comenzó con tres reclamaciones fundamentales: aumento del 30 % en las negociaciones salariales, restablecimiento de las asignaciones familiares, que pierden cuando el sueldo supera los 5.000 pesos (algo menos de 1.000 €) y la eliminación del impuesto a las ganancias. Pero en el fondo hay un claro enfrentamiento político. Moyano ya se acercó a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya blanqueó sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia en el 2015.
En la dura disputa que ha comenzado, Moyano tiene un flanco débil. En cualquier momento se puede reactivar la causa judicial que lo investiga en Suiza por presunto lavado de dinero. Hasta ahora había contado con la protección del gobierno, que no dio lugar al exhorto llegado desde Ginebra pidiendo información sobre el caso. Pero a nadie debería extrañar que el juez Oyarbide, el favorito del gobierno, acelere los tiempos contra el sindicalista.
