viernes. 29.03.2024
Rafael Correa, presidente de Ecuador

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Ecuador (17 de febrero de 2013), la disputa del presidente Rafael Correa con la prensa avanza a ritmo de clausuras, al tiempo que lucha por cambios en la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para no tener quien fiscalice ni condene sus acciones de gobierno. Ambos frentes son las dos caras de la misma moneda y debilitan el entramado institucional interamericano por disputas políticas.

Fueron seis los medios clausurados, cuatro radios y dos emisoras de televisión, pero en lo que va de año son ya 16, con el agravante de que sus equipos son incautados

Correa tiene un problema evidente con los medios informativos y en menos de cinco años ha convertido a su gobierno en uno de los más restrictivos para la prensa, según el CPJ (Comité para la Protección de Periodistas). Sus disputas no solo con los grandes medios de Quito y Guayaquil, también con radios y televisoras de provincias, como demuestra las clausuras de los últimos 15 días, llevadas a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel). Fueron seis los medios clausurados, cuatro radios y dos emisoras de televisión, pero en lo que va de año son ya 16, con el agravante de que sus equipos son incautados.

Según Fundamedios, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa y el periodismo independiente y de calidad, “Ecuador está ante una verdadera cacería de medios de línea opositora que significa, en la práctica, un ataque a cualquier posibilidad de crítica o disidencia, justo antes del inicio del cronograma electoral”. Fundamedios es acusada por el gobierno de Correa de hacer activismo político a favor de los grandes medios y ser informante de los EE.UU.

Se alegan incumplimientos a la Ley de Radiodifusión y Televisión, como atrasos en los pagos de las licencias. Pero los propios medios y organizaciones como Reporteros sin Fronteras o el citado CPJ, creen que se trata de excusas que esconden una persecución política. En la clausura de Radio Cosmopolita, de Quito, se adivina una represalia por haber invitado a uno de sus programas al ex presidente Lucio Gutiérrez. En el caso de Radio El Dorado, en la provincia de Sucumbíos, la clausura fue por una deuda de 72 dólares.

Pero el titular de de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, ya anunció que otras 20 emisoras serán cerradas en breve. Lo justificó por el impago de multas o la decisión de no renovar licencias. El opositor Jimmy Pinoargote denunció que hay unas 200 emisoras trabajando ilegalmente, porque el Consejo Nacional de Telecomunicaciones no les renueva sus frecuencias, como forma de presionar a los dueños “para que hagan méritos si quieren evitar la reversión de las frecuencias”.

Su pelea con los periodistas que publicaron el libro “El Gran Hermano”, que detalla la historia de Fabricio Correa, hermano del presidente, millonario gracias a sus negocios con el Estado

Estos casos tienen menos repercusión que la disputa con el diario El Universal, al que querelló por injurias por un editorial en el que se lo acusaba de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles en septiembre de 2010, durante una sublevación policial. O su pelea con los periodistas que publicaron el libro “El Gran Hermano”, que detalla la historia de Fabricio Correa, hermano del presidente, millonario gracias a sus negocios con el Estado.

Ambos casos acabaron con indemnizaciones millonarias a favor del presidente, aunque la presión internacional logró que Correa ejerciese el “perdón” y renunciara a cobrar la compensación económica. La política oficial ha llegado a perseguir a siete emisoras de radio que decidieron hacer una transmisión conjunta para debatir sobre la libertad de expresión y la nueva ley de comunicación que promueve el presidente.

El pasado 26 de mayo, en su alocución semanal, Correa hizo un llamamiento a la población para boicotear los medios críticos, a los que llamó prensa corrupta: “tenemos cómo defendernos, dejando de comprar esa porquería que se llaman periódicos, dejando de ver esos canales que hacen politiquería en lugar de informar”. Por si quedaban dudas, rompió en pedazos un ejemplar del diario La Hora, al tiempo que decía: “para que se quejen como les dé la gana, donde les dé la gana”.

Y dio un paso más al señalar que los ministros y funcionarios no darán más entrevistas a los medios que considera opositores, “para no contribuir a llenar el bolsillo de seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional”. Es decir, que la prensa no oficialista no podrá tener fuentes oficiales y chequear la información.

En una entrevista con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, difundida por Russia Today, el presidente ecuatoriano declaró: “los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos”. Usando el mismo argumento que suele utilizar en Argentina el kirchnerismo, señaló también que los periodistas defienden los intereses de los dueños de los medios.

Cuando se produjo toda la polémica con el diario El Universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público un comunicado recordando que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana que protege la libertad de expresión: “no hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada y además puede constituir un medio de censura indirecta, dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”.

La reciente reunión en Cochabamba (Bolivia), de la Asamblea General de la OEA, vio un esfuerzo coordinado por parte de Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, para neutralizar o al menos poner límites a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que la entidad funciona “como una inquisición, especialmente contra los gobiernos de izquierda”, según expresión del representante de Venezuela, Roy Chaderton.

Correa, que fue uno de los pocos presidentes que viajó a Cochabamba, dijo: “en el ámbito de los derechos se vive la satanización del Estado y la cosa pública”, en clara alusión a la CIDH. Añadiendo que los mandatarios “a veces son llevados al banquillo por ONG´s sin ninguna representatividad”.

Acusaron además a la OEA y a la CIDH de ser un instrumento de los EE.UU., ignorando la violación a los derechos humanos en éste último país. Pero como señaló el periodista Andrés Oppenheimer, el pasado año la CIDH aprobó 11 medidas cautelares exigiendo al gobierno norteamericano que tome medidas urgentes para corregir diversos abusos. Ecuador, Venezuela y Bolivia recibieron solo una recomendación por país, y solo Honduras recibió más que los EE.UU.

De la Asamblea de la OEA salió la decisión de convocar una nueva asamblea extraordinaria que debe debatir los cambios. Una de las propuestas es que la CIDH solo se pueda ocupar de casos en los que esté en juego la vida de las personas, pero no de otros como periodistas encarcelados o perseguidos. Correa, además, pretende limitar los fondos destinados al comisionado para libertad de expresión.

Ante esta situación, José Miguel Vivanco, director de la sección América de Human Rights Watch, ha señalado que “es un momento oscuro y difícil para los derechos humanos en la región”. Amnistía Internacional recordó que, a lo largo de los años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del Sistema Interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno.

Y el argentino Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), un centro muy próximo al gobierno, se manifestó a favor de que Argentina apueste inequívocamente por el fortalecimiento de las competencias de la CIDH y la preservación de su autonomía en tanto principal mecanismo de tutela de los derechos de los habitantes de la región. En un artículo en Página 12 recuerda la visita que en 1979 hizo a Buenos Aires la Comisión, cuyo informe posterior marcó un punto de inflexión frente a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Y, ya en democracia, la CIDH determinó la incompatibilidad de las leyes de obediencia debida y punto final con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Denuncian una cacería de medios opositores en Ecuador