La plaza Bolívar, la principal de Bogotá, cuenta desde hace unos días con una estatua entregada por ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados), como símbolo de la grave y persiste situación de riesgo por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia y sus fronteras. El destino final de la estatua, una india embarazada, será el Museo Arqueológico Casa Marqués de San Jorge.
Según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), de los 102 pueblos indígenas que viven en el país, 32 están en peligro de desaparecer, debido a que cuentan con menos de 500 individuos, la mayoría situados en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. De ellos, hay 18 pueblos con menos de 200 personas y 10 menos de 100.
Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, declaró a la revista Semana que los indígenas parecen estar en vías de extinción: “se están muriendo de hambre, de enfermedades, por el conflicto, por la indiferencia”. Aunque el conflicto armado es la principal amenaza, Andrade señala también al Estado, que descuida a las comunidades indígenas.
Este año, 73 indígenas han sido asesinados en Colombia. El año anterior fueron 122 y se calcula que en la década que va de 1999 a 2010, alcanzaron la cifra de 2.582. Otros están siendo amenazados, como William Carupia Cuñapa, presidente de la Organización Indígena de Antioquia, amenazado de muerte para que deje de reclamar tierras para las comunidades indígenas, “si no quería estar bajo tierra”. Paramilitares recientemente desmovilizados serían los responsables. Este dirigente forma parte del pueblo Embara, uno de los que está en peligro de extinción.
Aunque la Corte Constitucional de Colombia ya reconoció esta situación y ordenó al gobierno la creación de un Programa de Garantías de los Derechos para estos pueblos indígenas, solo la etnia Nubak Maku se encuentra cobijada bajo este programa. La ONIC recuerda que ha exigido que el estado colombiano construya un plan de protección integral, “con base en los planes de vida de estos pueblos indígenas en situación de extrema vulnerabilidad, sin embargo el estado no ha mostrado la voluntad política para garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
La voluntad del actual gobierno de Juan Manuel Santos parece ser mejor que la de su antecesor. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que el ejecutivo redoblará sus esfuerzos para que en el 2012 se comience a ejecutar el Programa de Garantías, aunque “supone un esfuerzo fiscal considerable”.
Pero el fenómeno no es exclusivo de Colombia. La lucha por la tierra y la reivindicación de territorios ancestrales lleva en toda América Latina a enfrentamientos con bandas paramilitares, narcotraficantes, grandes empresas transnacionales, megaproyectos mineros y terratenientes usurpadores, en donde el indígena siempre sale perdiendo.
El caso más grave es el de Brasil, donde año pasado fueron asesinados 60 indígenas, cifras que fueron similares a las de 2009 y 2008. Pero en Paraguay, Honduras, Guatemala, Panamá y hasta en Argentina, también hubo indígenas muertos por conflictos por la tierra.
Y lo que es más complicado aún, algunos gobiernos progresistas de la región se ven envueltos en contradicciones difíciles de explicar. Es el caso de Bolivia, donde el primer presidente indígena del país, Evo Morales, tuvo un gran conflicto político con los indios del oriente, a propósito de la carretera que debería atravesar el Parque TIPNIS. Conflicto superado, pero a un gran costo político. O el propio Brasil, financista de dicha ruta, sin olvidar sus propios conflictos por la construcción de gigantescas presas hidroeléctricas en la selva amazónica. Pero, quizá, el caso más claro sea el del ecuatoriano Rafael Correa, enfrentado a la CONAIE, la gran organización de los indígenas, después de haberlos tenidos como aliados fundamentales para su llegada al poder.
El argentino Adolfo Pérez Esquivel, que hace 30 años (plena dictadura militar) recibía el Premio Nobel de la Paz, acaba de publicar un libro, “Resistir en la Esperanza”, en el que incluye las principales cartas que ha escrito a lo largo de este tiempo. Una de ellas, de septiembre del 2005 publicó la tituló “Resistencia de los pueblos originarios frente al saqueo y la represión”. Y tiene todavía tiene plena vigencia. Entre otras cosas, afirmaba: “los hermanos y hermanas indígenas no quieren limosnas, reclaman sus derechos violados por el Estado y los terratenientes, por los cómplices abiertos y encubiertos que permiten llevar adelante las políticas de saqueo y exclusión social a que se ven sometidos”.
