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28 de enero de 2010, 9:11
NUEVATRIBUNA.ES - 27.1.2010
En el informe publicado este martes, Giving Life, Risking Death (Dar la Vida, Arriesgando la Muerte), Amnistía Internacional cifra en 2.000 las muertes que se producen anualmente por este motivo y concluye que muchas de estas muertes podían haberse evitado fácilmente si las mujeres hubieran podido acceder a tiempo a la asistencia médica adecuada. “Toda mujer tiene derecho a la vida y a recibir la asistencia médica adecuada, y el gobierno debe redoblar sus esfuerzos para abordar la mortalidad materna prevenible –ha dicho Claudio Cordone, secretario general provisional de AI–. Las mujeres de Burkina Faso están atrapadas en un círculo vicioso de discriminación en el que es posible que mueran al dar a luz.”
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo; ocupa el puesto 177 entre los 182 países que figuran en el Informe sobre Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el problema con el que se enfrentan las mujeres es que una gran mayoría están supeditadas a los hombres en su vida, con escaso o nulo control sobre decisiones fundamentales como cuándo solicitar asistencia médica o en qué momento y con qué espaciamiento quedarse embarazada, a pesar de que tienen igualdad de derechos según la legislación burkinesa. Mujeres y niñas siguen estando sometidas al matrimonio precoz y la mutilación genital.
El gobierno burkinés, con ayuda de la comunidad de donantes, ha elaborado ambiciosas estrategias que han logrado reducir los índices de mortalidad materna en algunas partes del país. Pero esas estrategias se han visto perjudicadas por fallos en la implementación y por la falta de rendición de cuentas, que garantiza inmunidad al personal médico que comete abusos, como el cobro ilegal por los servicios. La pobreza contribuye a la mortalidad materna prevenible, especialmente en el caso de mujeres sin recursos económicos que viven en zonas rurales y se enfrentan a obstáculos tanto de índole económica como geográfica para acceder a la asistencia médica. En 2006, el gobierno burkinés aprobó una política para subvencionar el 80 por ciento de los gastos del parto y prestar el servicio sin ningún coste a las mujeres con menos recursos. Sin embargo, esta política no se ha promocionado bien, lo que ha hecho posible la explotación por parte de personal médico corrupto. Tampoco se han establecido unos criterios para determinar quién puede optar a la asistencia subvencionada, por lo que los gastos siguen actuando como una barrera en el acceso a la asistencia médica.
Según el informe de Amnistía Internacional, la desigualdad de acceso a centros de salud adecuados –especialmente en las zonas rurales–, la escasez de suministros médicos y de personal formado y las actitudes negativas o discriminatorias de los trabajadores de la salud también son impedimentos para que las mujeres reciban asistencia. “La mortalidad materna es una tragedia que priva de esposas, madres, hermanas e hijas a las familias cada año, afirma Claudio Cordone. Mientras no se permita a las mujeres tener el control de su propio cuerpo, seguirán muriendo a miles.”
Amnistía Internacional añade que las autoridades han reaccionado al informe, que se les envió con antelación, expresando su satisfacción por el trabajo “minucioso e importante” que ha realizado la organización, si bien insisten en que los casos de conducta indebida por parte de personal médico son “aislados” y reiteran su compromiso de abordar el problema de la mortalidad materna en el país. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que amplíe y mejore el acceso a los servicios de planificación familiar, suprima las barreras económicas para acceder a los servicios de salud materna, garantice una distribución uniforme de los centros de salud y de personal preparado en todo el país, y establezca un mecanismo de rendición de cuentas accesible y bien divulgado para ayudar a combatir la corrupción y la mala administración.
Entre el 28 de enero y el 9 de febrero, una caravana recorrerá Burkina Faso para difundir noticias sobre la campaña de Amnistía Internacional destinada a acabar con la mortalidad materna en el país y ofrecer información que estimule el debate. Entre el 10 y el 13 de febrero, el secretario general provisional de Amnistía Internacional se reunirá con altos representantes del gobierno del país para informarles de los resultados de la caravana y debatir los planes del gobierno para abordar la mortalidad materna.
En el informe publicado este martes, Giving Life, Risking Death (Dar la Vida, Arriesgando la Muerte), Amnistía Internacional cifra en 2.000 las muertes que se producen anualmente por este motivo y concluye que muchas de estas muertes podían haberse evitado fácilmente si las mujeres hubieran podido acceder a tiempo a la asistencia médica adecuada. “Toda mujer tiene derecho a la vida y a recibir la asistencia médica adecuada, y el gobierno debe redoblar sus esfuerzos para abordar la mortalidad materna prevenible –ha dicho Claudio Cordone, secretario general provisional de AI–. Las mujeres de Burkina Faso están atrapadas en un círculo vicioso de discriminación en el que es posible que mueran al dar a luz.”
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo; ocupa el puesto 177 entre los 182 países que figuran en el Informe sobre Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el problema con el que se enfrentan las mujeres es que una gran mayoría están supeditadas a los hombres en su vida, con escaso o nulo control sobre decisiones fundamentales como cuándo solicitar asistencia médica o en qué momento y con qué espaciamiento quedarse embarazada, a pesar de que tienen igualdad de derechos según la legislación burkinesa. Mujeres y niñas siguen estando sometidas al matrimonio precoz y la mutilación genital.
El gobierno burkinés, con ayuda de la comunidad de donantes, ha elaborado ambiciosas estrategias que han logrado reducir los índices de mortalidad materna en algunas partes del país. Pero esas estrategias se han visto perjudicadas por fallos en la implementación y por la falta de rendición de cuentas, que garantiza inmunidad al personal médico que comete abusos, como el cobro ilegal por los servicios. La pobreza contribuye a la mortalidad materna prevenible, especialmente en el caso de mujeres sin recursos económicos que viven en zonas rurales y se enfrentan a obstáculos tanto de índole económica como geográfica para acceder a la asistencia médica. En 2006, el gobierno burkinés aprobó una política para subvencionar el 80 por ciento de los gastos del parto y prestar el servicio sin ningún coste a las mujeres con menos recursos. Sin embargo, esta política no se ha promocionado bien, lo que ha hecho posible la explotación por parte de personal médico corrupto. Tampoco se han establecido unos criterios para determinar quién puede optar a la asistencia subvencionada, por lo que los gastos siguen actuando como una barrera en el acceso a la asistencia médica.
Según el informe de Amnistía Internacional, la desigualdad de acceso a centros de salud adecuados –especialmente en las zonas rurales–, la escasez de suministros médicos y de personal formado y las actitudes negativas o discriminatorias de los trabajadores de la salud también son impedimentos para que las mujeres reciban asistencia. “La mortalidad materna es una tragedia que priva de esposas, madres, hermanas e hijas a las familias cada año, afirma Claudio Cordone. Mientras no se permita a las mujeres tener el control de su propio cuerpo, seguirán muriendo a miles.”
Amnistía Internacional añade que las autoridades han reaccionado al informe, que se les envió con antelación, expresando su satisfacción por el trabajo “minucioso e importante” que ha realizado la organización, si bien insisten en que los casos de conducta indebida por parte de personal médico son “aislados” y reiteran su compromiso de abordar el problema de la mortalidad materna en el país. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que amplíe y mejore el acceso a los servicios de planificación familiar, suprima las barreras económicas para acceder a los servicios de salud materna, garantice una distribución uniforme de los centros de salud y de personal preparado en todo el país, y establezca un mecanismo de rendición de cuentas accesible y bien divulgado para ayudar a combatir la corrupción y la mala administración.
Entre el 28 de enero y el 9 de febrero, una caravana recorrerá Burkina Faso para difundir noticias sobre la campaña de Amnistía Internacional destinada a acabar con la mortalidad materna en el país y ofrecer información que estimule el debate. Entre el 10 y el 13 de febrero, el secretario general provisional de Amnistía Internacional se reunirá con altos representantes del gobierno del país para informarles de los resultados de la caravana y debatir los planes del gobierno para abordar la mortalidad materna.
