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20 de octubre de 2010, 6:43
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 18.10.2010
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Eloy Velasco que pida a Venezuela la extradición de Cubillas Fontán para que sea juzgado de los "graves actos criminales" de los que se le acusa en España. En un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el fiscal coordinador en materia de terrorismo, Vicente González Mota, argumenta que la nacionalidad venezolana del reclamado "no es un obstáculo para la concesión de la extradición", ya que el tratado vigente entre los dos países desde 1989 considera el rechazo de la entrega por este motivo "potestativo y no preceptivo".
Pero Venezuela no está de acuerdo con esta interpretación. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, lo dejó claro el pasado 14 de octubre cuando dijo en declaraciones a la prensa de su país que "una persona venezolana no puede ser extraditada". Cubillas, que trabaja para el Gobierno de Chávez desde 2005, había sido acusado de instruir en ese país latinoamericano a los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, según declararon ellos mismos a la Guardia Civil y después al juez.
La fiscal venezolana dijo que la Fiscalía haría "todas las diligencias" al respecto de estas acusaciones. "Cada vez que el Ministerio Público inicia una investigación se practican todas las diligencias que el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes permiten, según sea el caso y siempre apegados a Ley". La Fiscalía estaba dispuesta a hacer comparecer a todos los vinculados en la investigación, incluso los que estén fuera del país. Asimismo, la fiscal dijo que pedirían información a España sobre la causa de la Audiencia.
Ortega señaló que el Ministerio Público venezolano nombró a un fiscal para investigar el caso, después de que el propio Cubillas solicitara la indagación tras haber sido "imputado públicamente".
Eso sí, el etarra no será extraditado: "Cubillas ingresó a Venezuela en 1990, posteriormente solicitó la naturalización, la cual le fue concedida. Entonces, de acuerdo con nuestra Carta Magna, una persona venezolana, ya sea por naturalización o por nacimiento, no puede ser extraditada", señaló la fiscal.
De hecho, el tratado bilateral entre España y Venezuela contempla que en el caso de que el Gobierno de Hugo Chávez no accediese a la entrega del reclamado, "el Estado requerido está obligado a cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales". Este precepto está contenido en los artículos 8.1. y 8.2. del tratado de extradición entre España y Venezuela. El primero establece que "cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley", mientras que el segundo añade que "si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causas de nacionalidad, deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel".
DELITOS DE TERRORISMO Y NO POLÍTICOS
Otro argumento que utiliza González Mota para justificar su solicitud de extradición es que los delitos por los que la Audiencia Nacional reclama a Cubillas Fontán (tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas) "no pueden ser considerados como delitos políticos" sino que constituyen "actos de terrorismo".
También recuerda que sobre Cubillas Fontán pende una orden internacional de detención con fines de extradición desde el 24 de febrero de 2010, cuando el juez Velasco le procesó junto a otros 11 dirigentes de ETA y las FARC en un auto en el que advertía de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.
El fiscal ha realizado esta petición después de recibir por fax una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se hacía constar que el reclamado es "ciudadano venezolano y reside en ese país, trabaja desde octubre de de 2007 como jefe de Seguridad en el INTI (...) y se ha personado recientemente ante las autoridades judiciales de Venezuela sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional".
La impresión que cunde en Venezuela, en círculos próximos a Cubillas, es que la persecución de la que es objeto no es sino una maniobra para poner a Hugo Chávez en un aprieto. Lo ha dado a entender, en declaraciones a El País, Marino Alvarado, abogado y director de la ONG Provea: "Arturo sigue trabajando en el ministerio. Vive en la misma casa y mantiene sus amistades y contactos. Si no trabajara en ese ministerio a lo mejor no habría tanto revuelo".
Alvarado se refiere a que el ministerio para el que trabaja Cubillas es el Instituto Nacional de Tierras, donde ejerce como jefe de seguridad, y además trabaja cerca del vicepresidente de la República, Elías Jaua, pues está casado desde 2003 (año que consiguió la nacionalidad venezolana) con Goizeder Odrizola, asesora de Comunicación de Jaua.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Eloy Velasco que pida a Venezuela la extradición de Cubillas Fontán para que sea juzgado de los "graves actos criminales" de los que se le acusa en España. En un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el fiscal coordinador en materia de terrorismo, Vicente González Mota, argumenta que la nacionalidad venezolana del reclamado "no es un obstáculo para la concesión de la extradición", ya que el tratado vigente entre los dos países desde 1989 considera el rechazo de la entrega por este motivo "potestativo y no preceptivo".
Pero Venezuela no está de acuerdo con esta interpretación. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, lo dejó claro el pasado 14 de octubre cuando dijo en declaraciones a la prensa de su país que "una persona venezolana no puede ser extraditada". Cubillas, que trabaja para el Gobierno de Chávez desde 2005, había sido acusado de instruir en ese país latinoamericano a los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, según declararon ellos mismos a la Guardia Civil y después al juez.
La fiscal venezolana dijo que la Fiscalía haría "todas las diligencias" al respecto de estas acusaciones. "Cada vez que el Ministerio Público inicia una investigación se practican todas las diligencias que el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes permiten, según sea el caso y siempre apegados a Ley". La Fiscalía estaba dispuesta a hacer comparecer a todos los vinculados en la investigación, incluso los que estén fuera del país. Asimismo, la fiscal dijo que pedirían información a España sobre la causa de la Audiencia.
Ortega señaló que el Ministerio Público venezolano nombró a un fiscal para investigar el caso, después de que el propio Cubillas solicitara la indagación tras haber sido "imputado públicamente".
Eso sí, el etarra no será extraditado: "Cubillas ingresó a Venezuela en 1990, posteriormente solicitó la naturalización, la cual le fue concedida. Entonces, de acuerdo con nuestra Carta Magna, una persona venezolana, ya sea por naturalización o por nacimiento, no puede ser extraditada", señaló la fiscal.
De hecho, el tratado bilateral entre España y Venezuela contempla que en el caso de que el Gobierno de Hugo Chávez no accediese a la entrega del reclamado, "el Estado requerido está obligado a cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales". Este precepto está contenido en los artículos 8.1. y 8.2. del tratado de extradición entre España y Venezuela. El primero establece que "cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley", mientras que el segundo añade que "si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causas de nacionalidad, deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel".
DELITOS DE TERRORISMO Y NO POLÍTICOS
Otro argumento que utiliza González Mota para justificar su solicitud de extradición es que los delitos por los que la Audiencia Nacional reclama a Cubillas Fontán (tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas) "no pueden ser considerados como delitos políticos" sino que constituyen "actos de terrorismo".
También recuerda que sobre Cubillas Fontán pende una orden internacional de detención con fines de extradición desde el 24 de febrero de 2010, cuando el juez Velasco le procesó junto a otros 11 dirigentes de ETA y las FARC en un auto en el que advertía de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.
El fiscal ha realizado esta petición después de recibir por fax una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se hacía constar que el reclamado es "ciudadano venezolano y reside en ese país, trabaja desde octubre de de 2007 como jefe de Seguridad en el INTI (...) y se ha personado recientemente ante las autoridades judiciales de Venezuela sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional".
La impresión que cunde en Venezuela, en círculos próximos a Cubillas, es que la persecución de la que es objeto no es sino una maniobra para poner a Hugo Chávez en un aprieto. Lo ha dado a entender, en declaraciones a El País, Marino Alvarado, abogado y director de la ONG Provea: "Arturo sigue trabajando en el ministerio. Vive en la misma casa y mantiene sus amistades y contactos. Si no trabajara en ese ministerio a lo mejor no habría tanto revuelo".
Alvarado se refiere a que el ministerio para el que trabaja Cubillas es el Instituto Nacional de Tierras, donde ejerce como jefe de seguridad, y además trabaja cerca del vicepresidente de la República, Elías Jaua, pues está casado desde 2003 (año que consiguió la nacionalidad venezolana) con Goizeder Odrizola, asesora de Comunicación de Jaua.
