Este decreto modifica otro de 1997 que limitó drásticamente el traslado permanente a La Habana de cubanos procedentes de otras provincias del país con la finalidad de evitar el hacinamiento y el aumento de la criminalidad y el desempleo en la capital.
La norma obligaba a todos los interesados a solicitar permisos especiales para residir de forma permanente en La Habana. Los que la incumplían eran enviados a sus provincias de origen e incluso podían ser sancionados con multas.
Ahora, el Gobierno ha decidido exceptuar de la tramitación de este permiso de residencia permanente a determinadas personas, como a los ascendientes, descendientes y cónyuges de los propietarios de viviendas en la capital y a las personas discapacitadas.
Si bien, el decreto mantiene las restricciones a la movilidad del resto de cubanos, al considerar que "siguen vigentes las condiciones que en su día motivaron la adopción de esta norma".
Aunque se desconocen las causas exactas que han motivado la flexibilización de la normativa sobre migración interna, esta medida se enmarca en el programa de reformas políticas impulsado por el presidente, Raúl Castro, para modernizar el país.
Desde el año 2008, cuando sustituyó a su hermano Fidel en la Presidencial por problemas de salud, Raúl ha prometido eliminar las prohibiciones innecesarias que generan malestar en la población.
No obstante, muchos cubanos ansían una reforma migratoria más amplia que elimine la necesidad de recibir de las autoridades un permiso de entrada y salida del país para poder viajar al extranjero.
