Las relaciones entre el gobierno y la petrolera prácticamente no existen, hay acusaciones cruzadas
Con una preocupación cada vez más intensa por el déficit energético y las cuentas externas, el gobierno argentino viene sumando declaraciones y medidas de presión contra Repsol-YPF, empresa que produce un tercio del petróleo y un 20 % del gas natural del país. Las relaciones entre el gobierno y la petrolera prácticamente no existen, hay acusaciones cruzadas y el debate sobre la reestatización de la compañía ya está instalado en los medios y en las declaraciones de diversos sectores, fundamentalmente en el oficialismo.
En el último mes, la presidenta, Cristina Fernández, ha hecho ya dos claras alusiones al problema, mientras otros funcionarios se han encargado de seguir con las acusaciones contra YPF: “no manejamos el combustible, no manejamos la generación y, entonces, tenemos que estar importando por 10.000 millones de dólares”, dijo la mandataria el pasado lunes, día 27.
La primera advertencia la había lanzado el pasado 25 de enero, en su primera aparición pública tras pasar por el quirófano, cuando exigió a las empresas petroleras que reinviertan en el país y anunció el fin de la “avivada” (picardía). Antes, en diciembre pasado, una versión del diario Clarín indica que Cristina Fernández le habría dicho al Príncipe Felipe, presente en Buenos Aires para la inauguración del segundo mandato de la presidente: “quiero expresarle mi desagrado y preocupación por el comportamiento de Repsol en YPF”.
Este próximo jueves, 1 de marzo, la presidente dará un mensaje ante la Asamblea Legislativa, inaugurando el período de sesiones del Parlamento. Y hay señales que indican que podría hacer algún anuncio sobre YPF. Parece muy difícil una nacionalización, ya que el precio sería inalcanzable para el gobierno argentino, incluso con las acciones de la petrolera en baja. Pero la decisión de nombrar un interventor en la empresa ferroviaria que protagonizó el gravísimo accidente de la pasada semana, puede dar alguna pista.
Según el diario El Cronista Comercial, los abogados de la compañía ya trabajan estudiando, como hipótesis de trabajo, los tres posibles escenarios: “una intervención estatal, una administración conjunta o, en el peor de los casos desde la mirada de los empresarios, una estatización”.
Ante la eventual nacionalización de la compañía, Daniel Gustavo Montanat, que fue presidente de la YPF estatal, al fin del gobierno de Alfonsín y secretario de Energía al comienzo del período de Menem, recordaba recientemente que la compañía se vendió cuando el barril costaba 12 dólares y hoy se discute recomprarla cuando cotiza 100 dólares: “vendimos barato y compraríamos caro” señaló.
En el acta de la última reunión del directorio de YPF, el presidente de la misma, el español Antonio Brufau, dejó constancia de la existencia de amenazas de sanciones o restricciones, “de dudoso fundamento legal”. A lo que se le contestó desde el gobierno que “lo único dudoso es el proceder de la gestión de Repsol en YPF”.
Dos son los reproches principales que le hace el gobierno de Buenos Aires a la petrolera hispano-argentina: falta de inversión, que sería la causa del descenso en la producción de los últimos años; y la remisión de utilidades a España, que el año pasado fue el 96 % de sus ganancias. El pago de dividendos para este año se calcula en 1.300 millones de dólares, una cantidad demasiado importante para el gobierno, cuya meta es acabar el año con 10.000 millones de dólares de superávit.
Por fin conozco la cara del colonizador
Las relaciones de YPF con el gobierno argentino son claramente tensas. En sus últimos viajes a Buenos Aires, Brufau no consiguió ver a la presidente, cosa que antes no sucedía. El pasado 6 de febrero, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le habría dicho al propio Brufau, en su primer encuentro entre ambos: “por fin conozco la cara del colonizador”.
Las provincias productoras de petróleo, que según la Constitución son dueñas del subsuelo y, por tanto, de las regalías, acaban de crear el Organismo Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Una de las primeras cosas que hicieron fue redactar un documento acusando a Repsol-YPF de ser el principal culpable de la caída de producción de gas y petróleo. Y pidieron que las petroleras (en general, pero el destinatario era YPF), se hicieran cargo de compensar las importaciones que debe efectuar el gobierno para abastecer adecuadamente al mercado interno.
Días más tarde, dieron un plazo de dos años para que las empresas petroleras aumentaran la producción de gas y petróleo en un 15 %. Y advertían que si había bajos niveles de inversión, podría llegarse a “la reversión inmediata de aquellos permisos de exploración o concesiones de explotación”.
Pero la presión alcanzó un punto más alto el pasado 23 de febrero, cuando tres altos funcionarios del gobierno intentaron participar en la reunión del directorio de YPF, en la que el principal asunto era el informe de gestión de la compañía durante 2011. Había llegado desde España Antonio Brufau. La empresa lo impidió, señalando que era una reunión en la que solo participan los directores, incluyendo un representante del Estado.
Los secretarios de Energía y el de Política Económica, que habían acudido con un notario y un grupo de periodistas, se tuvieron que quedar en la puerta. Algo con lo que ya contaban, ya que no estaban invitados. Un comunicado posterior del gobierno, se preguntó “qué oscuro tema iban a tratar”. Gustavo Baratta, número 2 del ministerio de Planificación, que representa al Estado en el directorio, y que sí podía participar en la reunión, prefirió no ingresar y retirarse con los otros altos funcionarios.
El accionista mayoritario de YPF es Repsol, pero en el 2008 entró en escena la familia Eskenazi, que hoy tiene el 25 % de las acciones. Fue una iniciativa del fallecido presidente, Néstor Kirchner, que quería “argentinizar la compañía”. Los elegidos eran dueños del Banco de Santa Cruz, provincia de la que Kirchner fue gobernador. Y se hizo mediante un curioso acuerdo: no pusieron dinero, sino que tuvieron dos créditos, uno de la misma YPF, con la garantía de sus propias utilidades. Para que pudiera ir pagando los préstamos, el contrato establecía que se repartirían utilidades por más del 90 %, lo que repercutió en el nivel de inversiones.
El momento económico y político que atraviesa el país, que empieza a sufrir medidas de ajuste, y la indignación popular por los 51 muertos del accidente ferroviario, pueden llevar al gobierno a avanzar sobre algunas de las empresas privatizadas en la década del gobierno neoliberal de Menem. Y la petrolera aparece está claramente en la mira del gobierno.
