En estos días el gobierno de Cristina Fernández lanza una batalla para desdolarizar la economía
Hubo un ministro de economía de la dictadura argentina, Lorenzo Sigaut, que pasó a la historia por una frase categórica: “el que apuesta al dólar, pierde”. Poco después, el ministro del general Viola decretaba una importante devaluación y millones de argentinos que le hicieron caso perdieron.
En estos días el gobierno de Cristina Fernández lanza una batalla para desdolarizar la economía. Faltan dólares para pagar las importaciones y el vencimiento del Boden 2012 (un bono que se entregó a los afectados por el corralito del 2001), por lo que se ha impuesto un virtual cepo cambiario. Ya no es libre la compra y venta de dólares.
Y para predicar con el ejemplo del cambio cultural que se predica, la presidente anunció que traspasará a pesos los tres millones de dólares que tiene en un plazo fijo. Citó al periodista Víctor Hugo Morales (famoso por cómo cantó el gol de “la mano de dios” de Maradona contra los ingleses y muy alineado con el gobierno), que inició una campaña pidiendo que todo el mundo abandone las cuentas en dólares y se pase a la moneda nacional. Según el periodista, lanzó la campaña en repudio hacia los cacerolazos de los pasados días por el dólar.
Al anunciar su decisión sobre sus ahorros, Cristina Fernández instó a los funcionarios del gobierno a que sigan su ejemplo. Y puso en un brete al senador Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, que recientemente reconoció que tenía una cuenta en dólares y que no pensaba en cambiarlos: “tengo dólares porque se me antoja, hago lo que quiero con mi plata (…) Tampoco soy un tarado que tengo que salir a venderlos golpeándome el pecho de un falso patrioterismo y perdiendo guita”. Ahora, la presidente le dijo públicamente, usando la ironía, que él tenía que ser “el primero en la fila”.
En su discurso, en cadena nacional obligatoria, Cristina Fernández aseguró que si la dolarización hubiera triunfado en el 2001, fecha del colapso y el default, “estaríamos todos muertos”. También recordó que, según la AFIP, la Hacienda argentina, sólo el 3,5 % de los ciudadanos compra dólares para atesorar o ahorrar. Algunos críticos señalan que este porcentaje, en realidad, es una muestra del fracaso de las políticas del gobierno, que indican un bajísimo nivel en la capacidad de ahorro de los argentinos. También están los que van a la cuestión de fondo: el dólar es un refugio seguro contra una inflación que está en torno al 25 %.
Cristina Fernández hizo referencia también al abogado que interpuso una medida de amparo ante la justicia, que le negó la compra de 10 dólares, que había prometido a sus nietos por sacar buenas notas. Con cierto aire displicente lo tachó de “amarrete” (tacaño), pero no fundamentó las razones del cepo cambiario.
El discurso de la presidente, no obstante, tenía otro objetivo. Anunciar cambios en la estructura del gobierno, sacando el área de Transportes, que hasta ahora dependía del ministerio de Planificación y de su titular, el controvertido Julio De Vido, para integrarla en el ministerio del Interior, que comanda Florencio Randazzo. La cartera ha estado muy cuestionada; incluso el ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, está procesado por corrupción.
La justificación oficial para el cambio en el organigrama del gobierno es que Planeamiento se aboque a gerenciar la nueva YPF. Pero es un golpe para De Vido, el ministro más antiguo del gabinete, muy ligado a los Kirchner, pero muy tocado por el accidente de tren en la estación porteña de ONCE, el pasado 22 de febrero, que provocó 51 muertos.
El accidente, el más grave en la historia de la ciudad, puso al desnudo la catastrófica situación de la red ferroviaria argentina, privatizada en la década del ´90 por el presidente Carlos Menem. Los concesionarios privados, sin embargo, siguieron recibiendo millonarios subsidios que no se volcaron en mejoras en el servicio. Claudio Cirigliano, dueño de la concesionaria del tren accidentado, está ahora preso bajo la acusación de obstrucción a la justicia. Diversos testimonios indican que inmediatamente después del accidente, la empresa destruyó numerosa documentación que podría incriminarlo.
Uno de los objetivos del nuevo esquema de Transportes es desarmar el costoso entramado de subsidios, que sirvió para apagar el incendio de la crisis que se inició a fines del 2001. Pero el gobierno central está gastando algo más de 3.700 millones de euros al año en subvencionar el transporte, del que un 78 % está destinado al área metropolitana. En esta nueva etapa de “ajuste fino”, como lo definió la presidente, o de ajuste si se habla sin subterfugios, aligerar esta cuenta es fundamental.
Con tal fin se creará un organismo de Transporte del Área Metropolitana, que convocará al gobierno central, al de la ciudad de Buenos Aires y al de la provincia, “para generar un ente tripartito que negocie qué pasará con los subsidios”. En realidad, su pretensión es que la ciudad y la provincia se hagan parte de al menos una parte de los mismos.
La coordinación correrá por cuenta del gobierno nacional, que es el que pone el dinero. Pero la negociación será muy difícil, como muestra el actual conflicto por la negativa del gobierno de la ciudad a recibir el metro, a menos que le aseguren subsidios e inversiones. El gobierno central, además, negociará con dos adversarios políticos, el derechista alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli, peronista pero percibido como adversario interno.
Cada día llegan a la ciudad de Buenos Aires unos tres millones de personas y 1,2 millones de vehículos. Hay unos 22 millones de viajes diarios en los distintos medios de transporte público, ferrocarril urbano y suburbano, autobuses y metro. Y todos viajan a precios congelados desde el 2002. Por ejemplo, el billete de autobús más caro cuesta 0,20 euros, mismo precio que cuesta ir desde la capital hasta Tigre, a unos 30 kilómetros de distancia.
