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sábado 28/5/22
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Cristina Fernández pide un tribunal de ética para el periodismo

Organizaciones profesionales lo rechazan y alertan sobre los riesgos para la libertad de expresión.

El discurso de Cristina Fernández, este pasado 9 de agosto –en cadena nacional–, era para inaugurar las obras de ampliación y modernización de una destilería de YPF. Pero, como es habitual, gran parte del mismo lo dedicó a fustigar a la prensa, especialmente al diario Clarín, dando un paso más: reclamó una Ley de Ética Pública para periodistas. Aclaró que no será ella quien la impulse, pero expresó su deseo que sean las entidades profesionales las que lo hagan. Pero la experiencia indica que seguramente habrá algún sector kirchnerista que le tome la palabra, como sucede con el tema de la re-re-elección presidencial.

Las palabras de la mandataria  comenzaron con una denuncia sobre una presunta campaña en contra de la nueva YPF (después de su nacionalización) y las informaciones que hablaban del disgusto del nuevo presidente de la compañía, Miguel Galuccio, al enterarse por la prensa del decreto que estableció la regulación del mercado petrrolero y que recortaba sus funciones. Según publicó el periodista Marcelo Bonelli en Clarín, esto llevó a Galuccio a pensar en su dimisión.

Cristina Fernández se mostró especialmente molesta con este dato, lo que la llevó a denunciar con nombre y apellido al periodista, un veterano especializado en información económica, que además de Clarín trabaja en Radio Mitre y el canal de televisión por cable Todo Noticias, medios integrantes del mismo grupo. La acusación fue más allá, al señalar que la esposa y un socio del periodista cobraban de la antigua YPF “por servicios que no sabemos si son periodísticos”.

El periodista de Clarín respondió desde las páginas del periódico con una nota en la que afirma: “no es la primera vez que la Presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo”. El escrache es un argentinismo para las denuncias contra los violadores de derechos humanos o los corruptos.

Bonelli aseguró que todos sus ingresos estaban en blanco y habían sido declarados ante la AFIP (Hacienda), añadiendo: “también los de mi esposa, quien realizó tareas en YPF a fines de 2007 desarrollando su profesión de profesora nacional de inglés. Para la Presidenta, eso, trabajar, es un delito”. El periodista de Clarín también escribió que “la intención es sembrar dudas, desacreditar, tratar de desvirtuar una información certera, tratando de sembrar el desprestigio”.

Según la presidente, al hacerse cargo de YPF se encontraron pagos encubiertos a periodistas y también pagos por publicidad encubierta. “Tengo el derecho de decir que jamás hubo en la Argentina la libertad de prensa que hay ahora. Lo que se dijo de Néstor Kirchner y de ésta presidenta no lo han dicho de ningún presidente, ni de los que vendieron el país ni de los que se fueron en helicóptero con 30 muertos”. La cita, que hace referencia a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, es difícil de sostener, con solo hojear las páginas de medios como Página 12 o Clarín de aquella época. 

La presidente sostiene que, al igual que los funcionarios, los periodistas también tendrían que presentar una declaración jurada de bienes, para evitar sospechas de recibir dinero de empresas, “para que cuando leamos algún artículo, sepamos (…) son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que quienes manejamos los recursos públicos”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se mostró contario a la sugerencia de la presidente de legislar sobre la materia, recordando que la propia organización tiene su Código de Ética. Y alerta sobre los graves riesgos que implica para la libertad de expresión esta clase de propuestas.  FOPEA considera que si el gobierno quiere mejorar la calidad de la información pública sería bueno que el propio gobierno cumpla y haga cumplir la Ley de Ética Pública en todo lo referido a la difusión de la información pública: “para que el pueblo pueda controlar el abuso de los poderosos, ya sea desde el Estado o desde el sector privado, es necesario que la información pública no sea tomada como un bien privado por los funcionarios que la gestionan”.

En este sentido, tanto FOPEA como otras organizaciones profesionales vienen señalando prácticas habituales de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que han hecho mucho más difícil acceder a la información: no hay conferencias de prensa, casi no hay entrevistas de funcionarios con medios no oficialistas y es normal que nunca se responda en los gabinetes de prensa a estos mismos medios cuando quieren confirmar algún dato o información. De las páginas web de algunos organismos o ministerios han desaparecido datos o la posibilidad de acceder a los mismos. Y las estadísticas ya no son fiables, después de que se intervino del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

No está regulado el mecanismo para la distribución de la publicidad oficial, lo que en la práctica se usa como premio y castigo. Sirve para garantizar la supervivencia de medios que, de otra manera, no podrían seguir en los kioscos. Valga el ejemplo de Tiempo Argentino, el más kirchnerista de los medios escritos. En los primeros cinco meses de este año recibió un 120 % más de publicidad oficial que en el mismo período del año pasado. Fueron 30,8 millones de pesos, 6,7 millones dólares al cambio oficial, para una tirada de tan solo 13.000 ejemplares diarios. Clarín, con 270.000 ejemplares de media, recibió solo 64.000 pesos, unos 10.300 dólares.

El lenguaje oficial ha impuesto expresiones como “la prensa concentrada”, “los medios hegemónicos”, o “el monopolio”, para referirse fundamentalmente a Clarín y los otros dos medios del grupo, Radio Mitre y TN. Pero con la chequera del Estado el gobierno de Cristina Fernández está construyendo una impresionante red de medios estatales o paraestatales para apoyar el “relato” oficial.

“Estamos inaugurando esta obra por cadena nacional y si no lo hiciésemos nadie se enteraría de estas cosas”, dijo la presidente en su último discurso, usando una vez más (van 13 en lo que va de año) un recurso previsto en la ley solo para situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Además ha empezado a usar una fórmula para contrarrestar las críticas al uso de la medida, que obliga a todos los medios audiovisuales a transmitir en simultáneo, hablando que del otro lado hay una “cadena nacional del miedo y del desánimo” 

La ofensiva del gobierno contra la prensa crítica ha sido denunciada por numerosos organismos internacionales. No hay amenazas directas, como clausura de medios o censura, pero sí las hay indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información, dijo el especialista argentino Martín Becerra a Chequeado.com.

El director del diario El Cronista Comercial, Fernando González, recordaba en un artículo reciente que sin la prensa crítica los argentinos jamás se habrían enterado de la gestión del vicepresidente, Amado Boudou, a favor de una empresa que está a punto de ser expropiada; tampoco de los casos de espionaje que complican a Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y adversario del gobierno; ni de los sobornos en el Congreso durante el gobierno de Fernando de la Rúa; ni de la venta ilegal de armas que terminó con Carlos Menem en prisión. 

Cristina Fernández pide un tribunal de ética para el periodismo
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