El presidente Joseph Kabila parte como máximo favorito en las elecciones presidenciales de este lunes en República Democrática del Congo, los segundos comicios multipartidistas desde la independencia del país en 1960, marcados por la falta de transparencia, los problemas de organización, la amenaza de acusaciones de fraude y la violencia política. Cuestiones todas ellos derivadas de una u otra forma del atroz conflicto civil en el país africano (1998-2003), que se cobró la vida de cinco millones de personas, y ha dejado el país en ruinas.
A los comicios se presentan 18.500 candidatos por 417 partidos para repartirse 500 escaños (una media de 37 candidatos en competición por asiento), entre ellos estrellas del pop y un líder rebelde Mai Mai, Ntabo Ntaberi Sheka, al que se acusa de haber ordenado la violación en masa de casi 400 mujeres el año pasado en la región de Kivu (este del país), y que esta semana comparecía triunfal en un poblado de esta misma zona ante la pasividad de la Policía y a menos de tres kilómetros de una base de Naciones Unidas.
Las semanas previas a los comicios han estado dominadas por la violencia entre los partidarios de Kabila y de su principal rival, el veterano líder de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), Etienne Tshiseki --antiguo opositor encarcelado por el régimen del cleptócrata Mobutu Sese Seko--, de 78 años de edad, y el único junto al presidente de la Unión para la Nación Congolesa (UNC) y ex aliado de Kabila, Vital Kamerhe, que puede amenazar el triunfo indiscutible del actual presidente congoleño.
El otro gran nombre de los comicios es un notable ausente: el ex líder rebelde Jean Pierre Bemba, actualmente encausado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra, y que desde su celda ha pedido "unidad" a la oposición para vencer a Kabila. Una labor especialmente difícil, sobre todo tras la reforma constitucional realizada por Kabila el pasado mes de febrero que reduce las elecciones a una sola vuelta en el caso de un margen de ventaja lo suficientemente abultado, incrementando así sus opciones de victoria.
También hay que mencionar al ex líder rebelde Bosco Ntaganda, acusado de crímenes de guerra por el TPI por el alistamiento forzado de niños menores de 15 años en conflictos armados y que ahora ostenta un alto cargo militar en el este del país. Según informa el 'New York Times', sus fuerzas están obligando a los residentes de la región a votar por Kabila a punta de pistola.
Estos comicios transcurren en un contexto completamente distinto al de los celebrados hace cinco años, cuando Naciones Unidas legitimó el proceso electoral gracias a una estrecha supervisión. Tal escenario no se repetirá ahora. Con la firma en 2009 del acuerdo de paz con Ruanda, la ONU "ha perdido su destacado papel" en el gigantesco país africano, según estima el diario 'The Economist', y con ello "su capacidad de salvar a Congo --el país menos desarrollado del mundo y donde tres de cada cuatro personas viven por debajo del límite de la pobreza-- de sí mismo".
EL COMIENZO DEL DRAMA
El grupo de expertos International Crisis Group (ICG) cree que los problemas logísticos son la principal amenaza a la que se enfrentan estos comicios. Los candidatos podrían emplear el desarrollo irregular del proceso electoral como excusa para acusar a Kabila de fraude. El peor de los casos sería que concluyera con un resultado ajustado, lo que permitiría a más de un candidato podría atribuirse la victoria. Y mientras el caso se resuelve en los ineficaces tribunales congoleños, podría haber un baño de sangre en las calles.
No importa quién gane, habrá violencia
"No importa quién gane, habrá violencia", aseveró el director de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos, Jean Claude Katende. Violencia que ya se ha declarado entre partidarios de Kabila y Tshisekedi, así como entre entre grupos armados en las regiones de Kivu Norte y Sur.
Y violencia, finalmente, contra los periodistas, como ha denunciado Reporteros sin Fronteras esta semana, que cuenta con informaciones del interior del país que denuncian "sin ningún género de dudas" la existencia de "presiones y ataques contra los periodistas, cierres de medios y la conversión de otros en herramientas de propaganda, aumentando la tensión de un clima "que de por sí había empeorado dramáticamente en las últimas semanas".
DIFICULTADES LOGÍSTICAS
El amplio presupuesto de 500 millones de dólares con el que cuenta la Junta Electoral para organizar las elecciones podría no ser suficiente para garantizar la llegada de las papeletas --impresas en Sudáfrica-- y de las urnas --un total de 62.000, importadas desde China-- a la totalidad de un país cuyo tamaño rivaliza con el de Europa Occidental.
Las deficientes infraestucturas y servicios de transporte podrían dificultar seriamente la apertura de los colegios o el desplazamiento de los votantes, particulamente en Kivu, donde también han surgido quejas sobre listas de registros incompletas y la falta de colegios electorales.
Precisamente esta semana se han producido varias manifestaciones en la región de Shabinda, donde sólo están preparados cuatro de los 27 colegios previstos. Según estimaciones de Radio Okapi, hasta un 32 por ciento de los residentes de la región podría quedarse sin votar.
QUEJAS DE FRAUDE
El nivel de retórica exhibido por los candidatos durante su campaña, apunta Azad Essa para Al Yazira, ha sido tan intenso que parece poco probable que los rivales de Kabila acepten la derrota de buen grado, máxime cuando se sospecha que el presidente de la Junta Electoral es un buen amigo del presidente.
La propia Unión Europea (UE) denunció el pasado miércoles la falta de transparencia en el procedimiento que desarrollará el Tribunal Supremo del país para ratificar los resultados. "Tanto los ciudadanos como los observadores electorales necesitan conocer todos los decretos relativos a la disputa electoral, y por desgracia y por ahora no se esrá dando el caso", lamentó la UE.
El Centro Carter de Estados Unidos también se ha hecho eco de la petición de la UE y solicita por su parte al Supremo que haga públicas las decisiones que tome sobre las quejas oficiales que pudieran presentar los candidatos.
