La Comisión Europea ha propuesto este lunes añadir una dimensión social a la base legal del programa de alimentos para la población más pobre de la Unión Europea, que se financia con fondos de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de convencer a los Estados miembros que se oponen a un incremento del presupuesto para esta ayuda, porque consideran que no ha de recibir dinero agrícola.
El Ejecutivo comunitario podría destinar a este proyecto hasta 500 millones de euros anuales en 2012 y 2013 para adquirir alimentos en el mercado, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) le ha obligado a limitar la dotación del próximo año a 113 millones, equivalente al excedente de productos agrícolas que la UE ha almacenado con sus mecanismos de intervención.
Tradicionalmente, la UE distribuía los alimentos retirados del mercado con los instrumentos de intervención previstos para ayudar a los agricultores en situaciones de crisis. Sin embargo, en 2008 planteó acudir al mercado para comprar más alimentos porque el excedente intervenido resultaba insuficiente para alimentar a la población desfavorecida.
El fuerte incremento de los fondos para 2012 y 2013 que reclama Bruselas permanece bloqueado en el Consejo de la Unión Europea, por la oposición de seis Estados miembros, liderados por Alemania, país que llevó al TUE el caso. También se oponen Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y República Checa. Con el cambio de posición de uno solo de estos países se rompería la minoría de bloqueo que impide progresar a la propuesta comunitaria.
En el último debate que los ministros de Agricultura de la UE mantuvieron sobre este asunto, el pasado septiembre, un amplio número de delegaciones expresaron también sus dudas respecto a la propuesta de cofinanciación que el Ejecutivo comunitario introdujo para tratar de dar más recursos al programa, según ha recordado este lunes en rueda de prensa el portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waites. Por esta razón, la Comisión también ha decidido retirar esta opción, ha explicado el portavoz.
La doble base legal que Bruselas propone introducir en su propuesta se la presenta este lunes el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, a los ministros del ramo que se reúnen en Luxemburgo. Waites ha admitido que no espera una decisión al respecto en el marco de esta reunión, pero confió en que sirva para impulsar la discusión y dar con una solución "lo antes posible".
El propio Andor ha dicho en un comunicado que espera que los Estados miembros hagan todo lo necesario para poner en marcha el programa de ayuda y ha advertido de que "el hambre en la Unión Europea simplemente no es aceptable". "En el actual clima de dificultades económicas, la solidaridad debe ser un elemento clave del compromiso social europeo".
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, por su parte, ha llamado a los gobiernos nacionales a "asumir su responsabilidad de cara a los millones de ciudadanos necesitados en la UE, que están a la espera de una decisión de los Estados miembros antes de que llegue el periodo de invierno".
