sábado. 20.07.2024

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, pidió a Rumanía que los políticos de ese país que están implicados en casos de corrupción, "den ejemplo y dimitan".

Barroso y Ponta se reunieron en Bruselas para analizar las conclusiones del último informe del Ejecutivo comunitario respecto a las reformas exigidas por la Unión a Rumanía por su adhesión al club comunitario, y que el primer ministro de ese país rechazó el pasado 30 de enero por considerar que el documento contenía errores.

En ese informe del llamado Mecanismo para la Cooperación y Verificación (MCV) sobre Rumanía publicado la pasada semana, la CE expresó preocupación por la falta de independencia del poder judicial en Rumanía, aunque reconoció que en el país ya se ha restablecido el orden constitucional.

En ese documento también se urgió a Bucarest a nominar un nuevo Fiscal General y Anti-corrupción "que muestre integridad, independencia y profesionalidad".

Barroso dijo este lunes que reiteró a Ponta que "las condiciones existen ya y hay una situación política más estable, con un nuevo Gobierno y un Parlamento, para lograr avances reales en el proceso de reformas", al tiempo que le insistió en que la CE "necesita ver más progresos en el independencia del poder judicial y en los nombramientos de los puestos clave".

En el informe de verificación la CE pidió a ese país que "el trabajo de los parlamentarios y ministros del país dé ejemplo en términos de respeto e integridad", e informó de que continuará controlando "de cerca" los progresos de Rumanía, además de que publicará un nuevo informe de situación antes de que finalice 2013.

El 1 de enero de 2007, coincidiendo con la adhesión del país a la UE, Bruselas estableció el MCV para evaluar los compromisos pendientes del país en su reforma judicial y su lucha pendiente contra la corrupción, y desde entonces publica informes de progreso regularmente.

Hace menos de dos semanas Rumanía ha aprobado una reforma legal que blinda a senadores y diputados de ese país ante los dictámenes de la Agencia Nacional de Integridad (ANI), competente hasta ahora para declarar la incompatibilidad o el conflicto de interés de los parlamentarios, lo que suponía su cese y el fin de su inmunidad.

Tras la aprobación de esa reforma legal, tendrá que ser la propia Cámara rumana la que dé el visto bueno para levantar la inmunidad y facilitar la investigación sobre el parlamentario afectado.

Al menos 23 parlamentarios rumanos investigados por corrupción o que esperan una sentencia definitiva se pueden beneficiar de esta modificación que obstaculiza las pesquisas de la Fiscalía, que ahora tiene que justificar los motivos por los que solicita que un legislador pierda su inmunidad.

Con la nueva norma, la policía y los fiscales no pueden registrar o interrogar a los parlamentarios hasta tener la aprobación de la Cámara correspondiente, pero para esa luz verde no se establece un plazo temporal

Barroso pide que los políticos implicados en corrupción dimitan