nuevatribuna.es
14 de noviembre de 2010, 9:50
NUEVATRIBUNA.ES - 14.11.2010
Thawra y Resistencia Saharaui afirman que Marruecos no tiene la capacidad jurídica para expulsar, para negar una acreditación de prensa o bloquear ningún acceso informativo, como los recientes casos de los periodistas de Cadena Ser y Luis de Vega de ABC. Añaden que "los intereses manifiestos de España, dichos por la ministra Trinidad Jiménez sobre la importancia de Marruecos en la seguridad nacional, las inversiones económicas, sus políticas migratorias y los intereses de la Unión Europea sobre el Magreb. NO pueden justificar una masacre como la que se está presenciando en la ciudad de El Aaiún". Y concluyen que "si los intereses económicos y políticos que sostiene España con Marruecos son más importantes que la vida de sus ciudadanos. España está fomentando un conflicto antes que dar pasos hacia la paz y la conciliación".
Pero, ¿sique España teniendo responsabilidades legales en el Sáhara Occidental? La periodista y actvista Ana Camacho defiende que así es. En un artículo que recoge Sahara today admite que incluso muchos de los que son simpatizantes de la causa saharaui no lo tienen claro por lo que llama "el poder del engaño" que, a su juicio, sigue tan vivo en la derecha "como para que en ese sector muchos españoles sigan creyendo que el apoyo del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui es un asunto de rojos o, como mínimo, de socialistas militantes y zapateristas ingenuos y demagogos".
Camacho se remite a otro artículo suyo publicado en su blog en diciembre de 2009 cuando Aminetu Haidar estaba retenida en el aeropuerto de Lanzarote. Allí proclamaba que "ESPAÑA SIGUE SIENDO LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA DEL SÁHARA" y recomendaba que "Zapatero debería de dar un vuelco a la política de complicidad con Marruecos que Aminetu denuncia y confirmar alto y claro que, de acuerdo con la legalidad de la ONU que él tanto defendió para Irak, el Sáhara sigue siendo un TNA, un Territorio No Autónomo, pendiente de ser descolonizado por España desde 1975, y que España sigue siendo la autoridad administradora".
Los documentos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este punto son inequívocos. Entre otras cosas dicen:
6. "El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental (el "Acuerdo de Madrid"), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo.
7. El 26 de febrero de 1976, España informó al Secretario General de que, con efecto a partir de esa fecha, había puesto fin a su presencia en el Sáhara Occidental y renunciado a sus responsabilidades respecto del Territorio, dejándolo así de hecho bajo la administración de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba. Tras el retiro de Mauritania del Territorio en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui de 19 de agosto de 1979 (S/13504, anexo I), Marruecos ha administrado el Territorio del Sáhara Occidental por sí sólo. Marruecos, sin embargo, no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas y, por consiguiente, no ha transmitido la información sobre el Territorio prevista en el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas".
De ahí que Thawra y Resistencia Saharaui afirmen sin rodeos que "el sentimiento común de todos es de traición, persecución e impotencia por la sumisión y complicidad del gobierno de España, ante la actuaciones de exterminio contra los Saharauis, que realiza Marruecos en los la ciudad de El Aaiún en los Territorios Ocupados por sus fuerzas militares en el Sahara Occidental".
Este sábado, ambos colectivos calificaron de "falsas" las declaraciones que junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del gobierno, dio Trinidad Jiménez, la ministra de Asuntos Exteriores, con respecto a los 4 activistas y observadores de Derechos Humanos, Silvia García y Javier Arias Sopeña de Thawra, e Isabel Terraza y Antonio Velázquez de Resistencia Saharaui. Afirmaron que "ni conocen la localización de nuestros compañeros de forma concreta y precisa, ni mucho menos se han comunicado con ellos. La posición que asume el gobierno español con estas declaraciones nos llena de vergüenza y preocupación". En su opinión, la seguridad de los cuatro sólo se podrá garantizar si se levanta el veto a la MINURSO y si la Cruz Roja Internacional puede entrar a atender a los más de 4,500 heridos.
El Frente Polisario también está quedando al margen de las reivindicaciones de los saharauis que piden una respuesta rápida y una actuación por parte de organismos internacionales. En Tinduf, la población se podría estar cansando de la pasividad del Polisario hasta el punto de organizarse por su cuenta, sin contar con la que hasta ahora ha sido su principal representación ante la comunidad internacional. Una comunidad que, una semana después del violento asalto al campamento de Gdeim Izik y de que El Aaiún estallara por los cuatro costados, sigue cerrando los ojos. España, también.
Thawra y Resistencia Saharaui afirman que Marruecos no tiene la capacidad jurídica para expulsar, para negar una acreditación de prensa o bloquear ningún acceso informativo, como los recientes casos de los periodistas de Cadena Ser y Luis de Vega de ABC. Añaden que "los intereses manifiestos de España, dichos por la ministra Trinidad Jiménez sobre la importancia de Marruecos en la seguridad nacional, las inversiones económicas, sus políticas migratorias y los intereses de la Unión Europea sobre el Magreb. NO pueden justificar una masacre como la que se está presenciando en la ciudad de El Aaiún". Y concluyen que "si los intereses económicos y políticos que sostiene España con Marruecos son más importantes que la vida de sus ciudadanos. España está fomentando un conflicto antes que dar pasos hacia la paz y la conciliación".
Pero, ¿sique España teniendo responsabilidades legales en el Sáhara Occidental? La periodista y actvista Ana Camacho defiende que así es. En un artículo que recoge Sahara today admite que incluso muchos de los que son simpatizantes de la causa saharaui no lo tienen claro por lo que llama "el poder del engaño" que, a su juicio, sigue tan vivo en la derecha "como para que en ese sector muchos españoles sigan creyendo que el apoyo del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui es un asunto de rojos o, como mínimo, de socialistas militantes y zapateristas ingenuos y demagogos".
Camacho se remite a otro artículo suyo publicado en su blog en diciembre de 2009 cuando Aminetu Haidar estaba retenida en el aeropuerto de Lanzarote. Allí proclamaba que "ESPAÑA SIGUE SIENDO LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA DEL SÁHARA" y recomendaba que "Zapatero debería de dar un vuelco a la política de complicidad con Marruecos que Aminetu denuncia y confirmar alto y claro que, de acuerdo con la legalidad de la ONU que él tanto defendió para Irak, el Sáhara sigue siendo un TNA, un Territorio No Autónomo, pendiente de ser descolonizado por España desde 1975, y que España sigue siendo la autoridad administradora".
Los documentos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este punto son inequívocos. Entre otras cosas dicen:
6. "El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental (el "Acuerdo de Madrid"), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo.
7. El 26 de febrero de 1976, España informó al Secretario General de que, con efecto a partir de esa fecha, había puesto fin a su presencia en el Sáhara Occidental y renunciado a sus responsabilidades respecto del Territorio, dejándolo así de hecho bajo la administración de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba. Tras el retiro de Mauritania del Territorio en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui de 19 de agosto de 1979 (S/13504, anexo I), Marruecos ha administrado el Territorio del Sáhara Occidental por sí sólo. Marruecos, sin embargo, no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas y, por consiguiente, no ha transmitido la información sobre el Territorio prevista en el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas".
De ahí que Thawra y Resistencia Saharaui afirmen sin rodeos que "el sentimiento común de todos es de traición, persecución e impotencia por la sumisión y complicidad del gobierno de España, ante la actuaciones de exterminio contra los Saharauis, que realiza Marruecos en los la ciudad de El Aaiún en los Territorios Ocupados por sus fuerzas militares en el Sahara Occidental".
Este sábado, ambos colectivos calificaron de "falsas" las declaraciones que junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del gobierno, dio Trinidad Jiménez, la ministra de Asuntos Exteriores, con respecto a los 4 activistas y observadores de Derechos Humanos, Silvia García y Javier Arias Sopeña de Thawra, e Isabel Terraza y Antonio Velázquez de Resistencia Saharaui. Afirmaron que "ni conocen la localización de nuestros compañeros de forma concreta y precisa, ni mucho menos se han comunicado con ellos. La posición que asume el gobierno español con estas declaraciones nos llena de vergüenza y preocupación". En su opinión, la seguridad de los cuatro sólo se podrá garantizar si se levanta el veto a la MINURSO y si la Cruz Roja Internacional puede entrar a atender a los más de 4,500 heridos.
El Frente Polisario también está quedando al margen de las reivindicaciones de los saharauis que piden una respuesta rápida y una actuación por parte de organismos internacionales. En Tinduf, la población se podría estar cansando de la pasividad del Polisario hasta el punto de organizarse por su cuenta, sin contar con la que hasta ahora ha sido su principal representación ante la comunidad internacional. Una comunidad que, una semana después del violento asalto al campamento de Gdeim Izik y de que El Aaiún estallara por los cuatro costados, sigue cerrando los ojos. España, también.
