En la denuncia presentada por Donald Vance y Nathan Ertel también se culpa a otras personas sin identificar de haber desarrollado, autorizado y empleado en su contra duras técnicas de interrogatorio en Irak, lo que supondría una violación de sus derechos.
Ahora un tribunal de Chicago suscribe la decisión de otro tribunal federal en el mismo estado de Illinois para que la continúe el proceso.
Ambos individuos trabajaban para una compañía privada de seguridad y estaban preocupados por que la empresa estuviera involucrada en casos de soborno u otras actividades corruptas. Estas sospechas les llevaron a contactar con las autoridades estadounidenses y a cooperar con ellas.
A principios de 2006 militares de Estados Unidos les retuvieron y trasladaron al Campamento Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad. Ahí es donde se habrían producido los duros interrogatorios, las agresiones físicas y el hostigamiento psicológico.
Meses después fueron liberados en el aeropuerto, sin que antes se les hubiera imputado ningún crimen. En su opinión, las autoridades norteamericanas sabían que eran inocentes.
La corte de apelaciones determina que si bien es poco probable que Rumsfeld sea el responsable directo del tratamiento que recibieron, Vance y Ertel han argumentado de manera creíble que la decisión de torturarles se tomó en las más altas instancias del Gobierno.
La defensa de Rumsfeld corre a cargo del propio Departamento de Justicia, que podría recurrir a otro tribunal de apelaciones o al Supremo. No es la primera vez que Rumsfeld y el Gobierno se enfrentan a denuncias sobre presuntos abusos y torturas en el exterior. Normalmente los tribunales han desestimado estos casos, iniciados por ciudadanos extranjeros.
