La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Javier Gómez Bermúdez el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los ocho activistas de Greenpeace detenidos el pasado 9 de mayo tras llevar a cabo una protesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva Ley de Costas.
"El informe de la Fiscalía deja claro que la protesta era pacífica y que lo único que quería evidenciar es grave retroceso en la protección ambiental y el uso público del litoral que supone la nueva Ley de Costas", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España
En un escrito presentado al Juzgado Central de Instrucción número 3 el fiscal Luis Barroso explica que no consta que la intención de los activistas fuera la de invadir la sede del Congreso ni que quisieran emplear la fuerza, violencia o intimidación.
Tampoco hay constancia, dice el Ministerio Público, de que se alterara el normal funcionamiento de la sesión plenaria que se celebraba aquel día, por lo que no dió la comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.
Gómez Bermúdez dejo en libertad a los ocho miembros de Greenpeace, a los que impuso comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios. En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres de los activistas consiguieron sortear la acción de la Policía y saltaron una valla que rodea el perímetro del edificio, que se encuentra en obras.
Posteriormente aprovecharon el andamiaje de estas obras para llegar hasta el tejado donde mostraron una pancarta en la que se podía leer: 'El PP vende nuestras costas'. Uno de ellos se descolgó con una cuerda por la fachada de la entrada principal, habitualmente cerrada.
El fiscal destaca en su escrito que el grupo de ecologistas empleó una furgoneta que, a modo de maniobra de distracción, paró en la puerta de Los Leones para atraer la atención de la policía.
Pone también de manifiesto que la detención de los activistas comportó "evidente riesgo" para los policías que intervinieron en ella ya que la zona se encuentra en obras y "la escalera por la que tuvieron que subir a toda velocidad mide 23 metros desde el suelo hasta el techo".
Greenpeace celebra que la Fiscalía pida el archivo de la causa por la protesta pacífica en el Congreso
Aunque ni Greenpeace ni los ocho activistas imputados tienen aún notificación oficial de la Audiencia Nacional, la organización ecologista celebra que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no vea delito en la escalada al Congreso de los Diputados. Según los medios de comunicación, el fiscal, Luis Barroso, ha pedido el archivo de la causa por considerar que "que no existe constancia de que se alterara el pleno y que su intención fuera invadir la Cámara Baja".
Los activistas pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional, donde en un principio fueron acusados de un posible delito contra las "altas instituciones del Estado" que podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel.
"El informe de la Fiscalía deja claro que la protesta era pacífica y que lo único que quería evidenciar es grave retroceso en la protección ambiental y el uso público del litoral que supone la nueva Ley de Costas", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España
La protesta se llevó a cabo el día en el que en el Congreso se aprobó con la mayoría absoluta del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de partidos, la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral. Esta aprobación desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP).
