nuevatribuna.es
28 de febrero de 2011, 6:09
nuevatribuna.es | 25.02.2011
Desde hace algunos meses y coincidiendo con la práctica terminación del deslinde que determina el dominio público en las costas españolas, han comenzado a surgir colectivos de personas con intereses concretos en espacios costeros, tales como urbanizaciones de lujo con amarres de yates en Cataluña, zonas industriales en Cantabria y construcciones de todo tipo, industriales, hoteleras y de ocio en toda España, que presionan a los gobiernos autonómicos para que fuercen a modificar o suprimir la Ley de Costas.
Tanto la Secretaria de Estado, como el Director General, han asegurado que se está estudiando con cada una de las comunidades autónomas los casos conflictivos para buscar soluciones, pero que, en ningún caso esto va a pasar por vaciar de contenido la ley que ha servido para evitar muchos desmanes en nuestras costas.
Las organizaciones ecologistas, especialmente Greenpeace, por su parte, urgen al Gobierno a tomar medidas reales y a continuar el proceso iniciado durante la etapa de Cristina Narbona en el Ministerio, culminando con acciones como el derribo del hotel ilegal de El Algarrobico, en Almería, paralizado por orden judicial.
En opinión del Ministerio y del PSOE, por boca del secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de este partido, Hugo Morán, se está intentando asaltar la Ley de Costas por el PP mediante iniciativas parlamentarias como una proposición de Ley del PP votada en el Senado, a la vez que ha desatado una campaña de desprestigio de la Ley para liquidarla y dar "vía libre a las políticas de los mejores años de la especulación del suelo que promovió el PP".
El gobierno socialista, recuerda Morán, ya ha deslindado el 95% de los 10.157 kilómetros del litoral español lo que, en su opinión, deja a las claras cuál ha sido su política de protección de la costa.
Pedro Diez Olazábal
