Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, ha defendido en el Pleno del Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad presentada por su grupo parlamentario al proyecto de ley de Evaluación Ambiental y ha lamentado que el texto “no proteja ni a los ciudadanos ni al medioambiente ni proporciona transparencia en los procesos ni evita el secuestro de los gobiernos por parte de intereses particulares”.
"Se incrementa la seguridad jurídica de los promotores, con la consiguiente desprotección de nuestros ríos, mares, hábitats, fauna y de las personas que habitan en esos entornos”
La diputada de ICV ha asegurado que “con esta propuesta legal que impulsa el Gobierno del PP muchos otros proyectos Castor serán posibles y, lamentablemente, se incrementan la opacidad de los procesos y el ninguneo a la ciudadanía”.
Ortiz ha reprochado al Gobierno que haya tramitado esta ley por procedimiento de urgencia “con el objetivo de limitar el debate parlamentario y la participación en la elaboración legislativa”.
Aunque, lo peor, en opinión de Ortiz es que ésta es una ley que “no sirve para mejorar la protección del medioambiente” y justifica esta afirmación en que se “simplifica la legislación vigente sobre evaluación ambiental; se incrementa la seguridad jurídica de los promotores, con la consiguiente desprotección de nuestros ríos, mares, hábitats, fauna y de las personas que habitan en esos entornos”.
Asimismo, la portavoz de medio ambiente de La Izquierda Plural fundamenta el rechazo de su grupo al proyecto de ley en que éste ha sido redactado “al servicio de la opacidad, el secretismo y las trabas a la participación de los ciudadanos que puedan verse afectados por los proyectos”.
“El que paga contamina”
Otro de los argumentos aducidos por Ortiz para la presentación de su enmienda a la totalidad es que el texto “mercantiliza el medio ambiente, eximiendo la responsabilidad pública de su protección”. “Ustedes –añade- han cambiado la lógica de ‘quien contamina paga’ por la lógica de ‘quien paga contamina’ olvidando que hay cosas que no tienen precio”.
Por otra parte, la diputada de ICV ha afeado al Gobierno “la deslealtad institucional, por decirlo suavemente, del proyecto de ley que supone una nueva recentralización de las competencias autonómicas, incumpliendo no sólo los Estatutos de Autonomía sino la propia Constitución”.
Ortiz ha señalado en su intervención en el Pleno del Congreso que “estamos ante un proyecto de ley hipócrita y que tiene como finalidad lavar la imagen del Gobierno” y se muestra convencida de que el objetivo final del texto es “legalizar el fracking y compensar la irresponsabilidad que supone la fractura hidráulica, una técnica que comporta riesgos sísmicos, uso de productos químicos altamente contaminantes en el subsuelo, consumo desaforado de un recurso escaso como es el agua, con el agravante de conocer lo dañina de esta técnica por la experiencia de otros países”.
La diputada ecosocialista ha señalado que “ésta es otra ley al servicio del PP y de sus amigos pero muy alejada de lo que necesitan los ciudadanos y nuestro medioambiente”.
“Hay alternativas –explica Ortiz- y éstas pasan por defender a la gente y el medioambiente, por defender el planeta que es el recurso más preciado que tenemos, por codecidir con la gente sobre el futuro de su entorno, sobre los costes y beneficios de macro proyectos, ya sean casinos, ciudades chinas o gasísticas.
“Los ciudadanos –concluye- tienen derecho a participar, opinar y merecen el respeto de las administraciones”.
