Las primeras solicitudes de trasvases documentadas corresponden a las regiones de Murcia y Almería, cuyos regímenes de lluvia siempre han sido escasos e irregulares.
Este territorio se encuentra en aquella época (mitad del siglo XIV) dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada. La ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia, plantea a Enrique II[1] la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encuentran a más de cincuenta kilómetros de distancia.
La villa de Elche decide gestionar un trasvase con las aguas perennes del río Júcar, en 1420, consiguiendo que Villena y Chinchilla que se encuentran en territorio de Castilla, permitan pasar por sus territorios las conducciones de agua de este trasvase.
Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego, en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular, no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traerla de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.
El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentín, desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros de longitud, por un terreno muy accidentado, que dificulta la posibilidad de realizarlo. En consecuencia acaba en fracaso, debido a la carestía del mismo y a las dificultades técnicas que presentan en aquella época.
Otros proyectos pretenden traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acaban también en fracaso. A ellos se oponen no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino al rechazo de los lugares de donde sale el agua, pues son conscientes de la riqueza que supone disponer de ella.
El Antiguo Régimen proyecta, en el siglo XVIII, la realización de grandes obras hidráulicas debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comárcales, intenta la ordenación del territorio, tal y como lo propugna el reformismo borbónico.
Los orígenes de la planificación hidráulica en España surgen con los Borbones, que pretenden revitalizar la monarquía hispana y devolver al país el lugar perdido en el concierto internacional.
Los gobernantes ilustrados juzgan imprescindible, entre otras medidas de diversa índole, la vertebración de la España peninsular, cara a unificar su mercado agrícola, mediante un sistema de comunicaciones con acusado protagonismo de la navegación interior. Desconocen e infravaloran los condicionamientos físicos del territorio, sobre todo su elevada altitud media y las serias dificultades de circulación inherentes del relieve. Así como la penuria veraniega de precipitaciones que padece la mayoría del territorio, provocando duros estiajes en su red hidrográfica.
Casi todos los grandes proyectos de esta época, ya sean de iniciativa privada o pública supeditan el riego a la navegación. Aunque tampoco faltan excepciones notorias, donde el uso agrícola del agua reviste carácter exclusivo o primordial.
No cabe duda que las grandes decisiones hidráulicas del reformismo ilustrado, llevan el sello del marqués de la Ensenada o de Floridablanca. Destaca este segundo personaje por su interés por el desarrollo del regadío.
Dentro de las grandes obras planeadas, hay alguna descabellada y utópica, como la propuesta del brigadier general de ingenieros Carlos Lemaur, que consiste en hacer el canal del Guadarrama al Guadalquivir y de ahí al océano. Tras arrancar del Guadarrama sigue los valles del Manzanares, Jarama, Tajo, cruza la Mancha y Sierra Morena hasta el Guadalquivir y, por el sur de este, hasta Sevilla y el Atlántico.
Este desarrollo de grandes obras tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón[2], canal de Tauste, entre otros. Como fracasos más sonoros, están los canales de Murcia y de Guadarrama.
En los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado, le sobran utopías y limitaciones técnicas. Es verdad que, hay un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española, tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753. Los canales del Ebro, el fracaso del Canal de Murcia y ya en el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” durante el reinado de Fernando VII[3].
A finales de abril de 1802, se produce la rotura del embalse de Puentes que causa el mayor desastre de la historia hidráulica española, con 608 muertos y daños calculados en unos 32.400.000 reales de vellón.
Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el conocimiento hidrológico de España, a partir de la creación, en 1865, de las Divisiones Hidrológicas, organismos que conocen una serie de vicisitudes en su funcionamiento. Suprimidas en 1870, pero restablecidas y reajustadas en 1881, son nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX, pero ya desvirtuadas y convertidas posteriormente en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.
Conviene subrayar que la ingente labor legisladora en materia de aguas durante la segunda mitad del siglo XIX conduce, con frecuencia, a infravalorar las actuaciones encaminadas a la planificación hidráulica en dicho período. En esta etapa, se registra una iniciativa del mayor interés para el reconocimiento hidrológico de España. En 1865, se crean las Divisiones Hidrológicas, organismos que conocen grandes altibajos.
Es esclarecedora la opinión de Manuel Lorenzo Pardo cuando habla de las Divisiones Hidrológicas: “Existían en aquella época unos organismos denominados Divisiones Hidrológicas a cuyo cargo corría principalmente el estudio de la red fluvial; se transformaron en Divisiones de Trabajos Hidráulicos para poder acometer los del Plan (de 1902), comenzando naturalmente por formar los proyectos de las obras integrantes, pero se abandonó la función esencial y básica que empezaba a ofrecer resultados interesantes y contaba con trabajos muy meritorios. No se reanudó el servicio de aforos hasta algún tiempo después, dejando un período sin cubrir, precisamente el que hacía falta para la redacción de proyectos. Estos se hacían sin base, o con base tan endeble y poco segura, que era milagroso el acierto”.
Se promulga la primera Ley de Aguas, en 1879, que se ve rápidamente superada por una demanda excepcional de recursos hídricos, aprovechamientos, utilización desmedida de recursos y sobreexplotación de acuíferos, que hace que rápidamente se quede anticuada.
Gracias a esta Ley de Aguas, se elabora el Plan General de Canales de Riego y pantanos, de 1902, fecha en que también se crean las Confederaciones Sindicales Hidrográficas[4].
El plan es elaborado, en 1902, con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento del aragonés Joaquín Costa. Impulsado por el entonces ministro de Fomento, Rafael Gasset. Es la respuesta del liberalismo político a la grave crisis agraria en que está inmerso el país en aquellos momentos históricos. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo[5].
El plan de 1902, opta por un planteamiento uniforme. Considera beneficioso cualquier regadío, y no utiliza como criterio de transformación del mismo, el coste económico por hectárea. La consecuencia de este hecho es, que se hacen muchos regadíos interiores de dudosa rentabilidad, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables, por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan obtiene unos resultados poco satisfactorios, si miramos la gran inversión económica realizada.
Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera[6], en 1923, se modifica radicalmente la política hidráulica, plantea la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.
La política hidráulica española, adquiere un carácter decididamente regional. Pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de las actuaciones de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.
Los logros de estas Confederaciones son muy desiguales, en contraste, por ejemplo, con el éxito espectacular en el Ebro, donde se transforman unas 100.000 hectáreas de regadío. En otros ríos como el Júcar, apenas hay actuaciones. Dichas carencias las intenta solucionar el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933), con una perspectiva unitaria, que representa la supeditación de cualquier interés particular, ya sea privado o regional, al horizonte nacional.
El Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, tiene un marcado sesgo mediterráneo. Las iniciativas tienen por finalidad primordial el canal de Murcia, la acequia Real del Júcar y los pantanos de Puentes y Valdeinfierno. Se planea en esta zona un proyecto de redotación y expansión del regadío, como el del canal de Murcia con 84.000 Ha, y la ampliación de los Riegos de Levante con 338.000 Ha
Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados de la política hídrica hasta ahora realizada, obedece más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentan solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Tiene una perspectiva unitaria. Supedita cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.
Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar, solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea es marginada.
Para lograr esto, se idea el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que prevé la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para la realización de dichos regadíos se necesita un volumen de agua de 2.300 Hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua, se cuenta con los sobrantes de los ríos valencianos y múrcianos, pero se requiere aguas de otras cuencas fundamentales de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.
Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirma su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero éste no se hace realidad hasta 1979.
El Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) y origina el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.
Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionada a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo de 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.
Se argumenta como motivo de su creación, que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana, en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.
La representación en las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la Junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de reconstrucción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio y formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.
EL TRASVASE TAJO / SEGURA
La gran obra hidráulica del siglo XX es el trasvase Tajo/Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera. Se aprueba, en el año 1933, en tiempos de la Segunda República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realiza. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.
El proyecto consiste en un canal de 286 km de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas y Buendía, llega al de Alarcón sobre el río Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura en la zona murciana altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Excomisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.
Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 hectáreas y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha trasvasado tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.
La experiencia de este trasvase sirve, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores Si se estudia su funcionamiento y su historia, tendremos los conocimientos suficientes para evitarlos, en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el propuesto trasvase del Ebro.
El trasvase Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones generan más desequilibrios y conflictos, que los que pretenden resolver, cuando hay alternativas posibles en las zonas que acusan déficit hídrico.
La cesión de recursos desde el Tajo no sólo no alivia, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que sirve para agravar la situación, al transformar un 40% más de hectáreas de tierra que inicialmente se van a poner en regadío.
El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel, cifra en 57.000 las hectáreas de regadío que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años, en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada con la llegada del agua del trasvase del Tajo/Segura.
Esta extensión del regadío que surge al margen de la ley, sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.
El crecimiento descontrolado del regadío al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo urbanizado masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.
Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, realizado por Julia Martínez y Miguel Ángel Esteve, señala que el déficit de la región murciana, es por lo menos de 1.000 Hm3, en el año 2003, y con una tendencia de rápido crecimiento.
Este trasvase tiene un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando se aprueba y realiza su construcción, sin la búsqueda de consensos y equilibrios sociales y territoriales tan necesarios en este tipo de actuaciones hídricas.
El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propicia roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si algún día se realiza el trasvase del Ebro, aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicita, en el verano de 2004, el doble del caudal previsto en el Plan Hidrológico Nacional del PP que trae el trasvase del Ebro.
[1] Enrique II de Castilla 1366- 1379. Sus grandes dotes políticas y militares engrandecieron el reino de Castilla. Concedía grandes prebendas a los nobles, haciendo que estos alcanzaran gran fuerza lo que posteriormente provoco una gran amenaza a la propia monarquía
[2] El canal Imperial de Aragón, tiene una longitud de 93 km., por el margen derecha del Ebro desde Fontellas (Navarra) hasta pasado Zaragoza.
[3] Fernando VII (1784-1833), su reinado se considera uno de los más turbulentos y desafortunados de la historia de España. En su reinado se produce la llamada guerra de la Independencia, y además coincide con la expansión de las ideas liberales,
[4] Las Confederaciones Sindicales Hidrográficas Las denominadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas tenían como finalidad la formación de un plan de aprovechamiento general coordinado y metódico de las aguas que discurren por el cauce de los ríos comprendidos en la cuenca, incluyendo entre sus competencias, el conocimiento e informe de todas las solicitudes de concesión de aguas públicas de la cuenca sobre el punto concreto de su compatibilidad con las obras incluidas en el plan de aprovechamientos y la propuesta de concesión o caducidad de las que afecten a dicho plan.
[5] Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953) Ingeniero de Caminos, elabora el gran pantano en el nacimiento del Ebro, diseña el Plan de Riegos del Levante, funda la Confederación del Ebro y fue una de las voces más importantes en el tema del agua en la primera mitad del siglo XX.
[6] El general Primo de Rivera, gobierna como dictador desde 1923 hasta 1930. destaca por su amplio plan de obras públicas con el que intenta reducir el paro secular del país.
