El cambio climático ya afecta a las costas del Estado español con un aumento creciente del nivel del mar, según ha corroborado esta semana la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Pero el Gobierno ignora estos efectos reales, con una modificación de la Ley de Costas que reduce la protección del litoral y que podría provocar graves efectos ambientales y sociales. Ecologistas en Acción reclama la desestimación de la nueva ley.
La influencia del cambio climático es ya patente en las costas y los mares de Europa, de acuerdo a los datos recopilados por la AEMA. La acidificación de los océanos, la temperatura superficial del mar y el contenido de calor oceánico provocan ya un aumento medio del nivel del mar en la mayor parte del litoral europeo y a nivel global, con una subida anual media de 1,7 milímetros en el último siglo y de 3 milímetros al año en las dos últimas décadas. Las proyecciones prevén mayores aumentos, lo cual acrecienta el riesgo de inundaciones, entre otras consecuencias.
Mientras la AEMA advierte de la necesidad de prepararse ante una realidad innegable, al igual que otros muchos estudios científicos, el Gobierno español pretende sacar adelante una modificación de la Ley de Costas que reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en la rías. Ecologistas en Acción subraya que las rías son consideradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como uno de los principales lugares a ser transformados y ocupados por el mar. Por tanto el proyecto de Ley de Costas camina en contra del perfil costero que existirá en pocos años.
En la práctica la modificación supondría la desprotección de grandes tramos de litoral al reducir esta franja en las rías y al declarar como suelo urbano otras zonas del frente costero. Una medida que ignora la dinámica de los ecosistemas y que podría tener graves efectos ambientales y sociales en poco tiempo.
El nuevo proyecto de ley, que ya ha sido aprobada en Consejo de ministros y se encuentra en fase de tramitación parlamentaria resulta una omisión de responsabilidades del Estado ante los efectos del cambio climático, al pasar a manos privadas una considerable parte del litoral. Por el contrario las Administraciones Públicas deberían trabajar en el desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático y elaborar verdaderas estrategias de adaptación en la costa.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no sólo debe enviar a sus altos cargos a la Cumbre de Clima que se celebra en Doha. Su responsabilidad es estudiar los informes sobre calentamiento global y aplicar medidas para frenarlo y adaptarse a sus consecuencias.
