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26 de diciembre de 2010, 11:57
nuevatribuna.es | PD | 22.12.2010
La ley medioambiental que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, tras su tramitación, ha sido la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, lo que se ha realizado únicamente con la abstención del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña- Izquierda Unida – ICV.
Se han incluido nueve enmiendas presentadas en el Senado: cinco pactadas entre todos los grupos, y otras cuatro presentadas por el PSOE que no han recibido el respaldo del PP y sí la abstención de CiU.
Comenzó su tramitación parlamentaria con la aprobación de su anteproyecto por el Gobierno en abril de 2010 y tiene por objetivo dar cumplimiento a la directiva europea 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono, inscrita en el denominado paquete de 'Energía y Cambio Climático', con el que los países de la UE darán cumplimiento al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo de 2007, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto al año base (1991), en el año 2020.
Entre las opciones para alcanzar este objetivo, la UE se ha decantado entre otras por la captura y almacenamiento geológico de carbono (CAC), una tecnología de transición que comienza por capturar el CO2 de las instalaciones industriales, para después transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.
El objeto definido por la norma aprobada es establecer “el marco jurídico para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CO2), en condiciones seguras para el medio ambiente, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático”.
Asimismo, “el objetivo del almacenamiento geológico de CO2 es su confinamiento permanente, en condiciones seguras para el medio ambiente, de manera que se eviten y, cuando no sea posible, se reduzcan al máximo, los efectos negativos o riesgos que pudiera tener dicho almacenamiento, sobre el medio ambiente y la salud humana”.
Según el Gobierno, con la aplicación de esta tecnología se podrían llegar a evitar para el 2030, emisiones que representan aproximadamente el 15 por ciento de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea.
La diputada, Nuria Buenaventura, de ICV afirmó para justificar su abstención que la lucha contra el cambio climático "no puede pasar por esconder el CO2", aunque considera que con la tramitación de esta normativa sí se ha producido un avance en esta materia.
María Teresa de Lara, del PP, ha defendido que esta tecnología ayudará a que en 2100 se reduzcan hasta en un 50 por ciento las emisiones de CO2, tal y como dicta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en sus informes. Además, considera que es "especialmente oportuna" su aprobación, tras la reciente Convención de Cambio Climático de Cancún, México (COP 16). Es más, ha resaltado que España mantiene compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, a pesar de que estos han descendido, y que es uno de los países que más derechos de emisión tiene que comprar.
El diputado del PSOE, Fernando Moraleda, ha apreciado la actitud de consenso de todos los grupos para que esta tecnología pueda incorporarse al ordenamiento jurídico español, al tiempo que ha indicado que España es un "país pionero" por estar apoyando el liderazgo de la UE para que este fenómeno pueda tener "una respuesta desde la política y no desde los mercados".
