martes 17.09.2019
EDMUNDO FAYANÁS ESCUER

El agua en España

A pesar de las evidentes carencias hídricas, este país es uno de los más derrochadores de agua de Europa. Se distribuye y se utiliza mal, lo que origina una pérdida importante de recursos que repercute en la economía y en la sociedad.

Esta práctica, se instala en la cultura dominante y no ha sido motivo de preocupación hasta ahora. Pero ya empezamos a ver las orejas al lobo y en consecuencia, una parte de la población ya demanda un cambio en la política hidráulica.

Durante el siglo XX se han destruido en España más del 80% de los humedales existentes. A finales del siglo pasado, las administraciones se han dado cuenta de la importancia de su existencia, proponen leyes y medios para intentar recuperarlos o minimizar sus consecuencias.

En estos momentos se produce un fuerte enfrentamiento entre regiones por la cuestión del agua. Esto ha sido debido al planteamiento del Plan Hidrológico Nacional planteado por el Partido Popular y a su obra estrella, el trasvase del Ebro a tierras del sur. Vemos que en los procesos de reforma de los Estatutos regionales, el agua y su utilización es uno de los puntos más controvertidos, y cada región intenta garantizar su utilización.

Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística sobre el suministro y tratamiento del agua, en el año 2001, hablan de un consumo anual en los hogares españoles, empresas, ayuntamientos y otros usos urbanos de 4.804 hm3, mientras que el consumo agrícola es de unos 24.000 hm3.

La proporción de agua consumida por la población española es muy parecida a la de los países desarrollados. La cantidad que se consume en las necesidades municipales y domésticas, no es muy grande respecto al total, siendo su calidad en general buena. Sin embargo, el precio que se paga por ella es barata lo que provoca el despilfarro y la poca importancia que hasta ahora se le ha dado como factor económico de desarrollo.

Los ríos españoles recogen unos 106.000 hm3 anuales de agua. Esto es así, porque tienen grandes diferencias de caudal entre unas estaciones climáticas y otras, siendo su régimen torrencial, lo que ocasiona que su aprovechamiento sea muy difícil. Por ejemplo, en Francia el 40% del agua de sus ríos es aprovechable sin necesidad de hacer grandes embalses. Esta escasa capacidad de retención en España se ve agravada por la desaparición de gran parte de sus humedales.

Las crecidas de los ríos y las sequías cíclicas se presentan como catástrofes que requieren la realización de nuevas infraestructuras hídricas (nuevos embalses, encauzamientos y motas de ribera).

Embalses que se justifican como forma de prevenir las riadas, pero que una vez construidos, se gestionan no para este fin sino para regar o para conseguir la máxima hidroelectricidad, con lo cual cuando se produce una avenida, la capacidad de evitarlo es mínima al encontrarse el embalse lleno. Por consiguiente, la siguiente demanda es la construcción de otro nuevo embalse con dinero público para alegría de las empresas eléctricas.

Actualmente hay una disponibilidad de agua de unos 2.800 m3 por persona/año, superior a muchos países europeos. El problema principal es que su distribución por las distintas regiones del país es muy irregular y en algunas zonas secas tienen una escasez crónica.

Los españoles consumen una media de 165 litros por habitante/día. Castilla la Mancha es la región que más consume, mientras que Galicia y Baleares presentan los consumos más bajos de todo el país.

El modelo de gestión de los recursos hídricos proviene de la época de Joaquín Costa (todo un mito de la historia de la política hidráulica española), que impulsó desde finales del siglo XIX un desarrollo continuado de obras, pantanos, canales, etc.

Este modelo tiene su apogeo tanto en la dictadura de Primo de Rivera, como con la del general Franco. La idea es aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica, tan necesaria en esa época para impulsar el desarrollo del país, como para asegurar el abastecimiento de la población y el regadío, en un país tan atrasado y que mayoritariamente era agrícola

Como consecuencia de esta política de obras y de oferta continua, nuestro sistema hídrico se está convirtiendo cada vez más vulnerable e insostenible. La demanda de agua crece a un ritmo del 13% anual, a pesar de seguir disponiendo de los mismos recursos hídricos, unos 110.000 hm3 potenciales. Sólo son aprovechables directamente el 9%, presentando el 91% restante, grandes dificultades de utilización.

Este caudal limitado que se dispone, está condicionado por una orografía muy complicada y un régimen pluviométrico muy irregular, que divide radicalmente a la península entre la franja húmeda del norte cada vez más escasa y el resto seco.

La cultura despilfarradora se asienta en un círculo vicioso. Por un lado, la inexistencia de normativas que fomenten el ahorro, y por el otro a una política institucional que se basa en el aumento continúo de la demanda, con un desconocimiento de la existencia de tecnologías ahorradoras que permitan hacer un uso más eficaz del agua en el hogar, pero sobre todo en la agricultura. La continua extensión del regadío es otro de los problemas que afecta gravemente a nuestro sistema hídrico. El desmesurado incremento de las urbanizaciones que recoge a los casi cincuenta millones de turistas que nos visitan anualmente. Sirva como ejemplo, que estos utilizan una media de 235 litros de agua por persona/día, mientras que la población española lo hace en 165 litros/día. Es un punto de presión más en el débil sistema hídrico.

Comprar un metro cúbico de agua estaba, en el año 2003, 1,1 euros de media. Los habitantes de Canarias, Baleares y Murcia son los que tienen el agua más cara. La más barata la Rioja, Castilla y León, Castilla la Mancha. En Europa la mayoría paga más que aquí, Turín (0,59 euros m3), Estocolmo (1,42 euros), Ginebra (1,68 euros), Bruselas (1,85 euros), Zúrich (3,78 euros) y Hamburgo (4,2 euros).

La facturación del agua urbana supuso en España, en el año 2004, un gasto aproximado de tres mil millones de euros, que representa el 1% de los gastos familiares.

Los españoles gastan, en 2004, en el agua mineral embotellada unos 1.750 millones de euros, cantidad idéntica a la que el gobierno destinó al mantenimiento y creación de nuevas infraestructuras hidráulicas: embalses, conducciones, etc. Con el dinero que nos gastamos en agua embotellada, podemos ofrecer a todos los ciudadanos un agua de boca tratada con la mejor tecnología de ósmosis y de una calidad muy superior al agua mineral embotellada.

El elevado consumo de agua embotellada, responde a lo que los técnicos llaman la percepción organoléptica del agua, determinada por el color, el sabor, el olor y la temperatura, pero también a la asociación con un cierto status social

Mientras no se cambie de actitud respecto a la contaminación continua del agua hoy existente, la tecnología disponible es incapaz de eliminar estos riesgos. Ante la existencia de abastecimiento por tuberías de aguas de alta calidad, en gran cantidad para usos indiscriminados (uniformidad) surge la alternativa de distintos suministros de aguas, de calidades diferentes, para usos diferentes (diversidad).

El consumo de agua creció entre 1996 al 2001 un 47%, mientras que el PIB lo hace al 20% en el mismo periodo. Eso quiere decir, que para producir 100 euros, hubo que dedicar un 25,23 % más de agua, es pues un ejemplo claro de ineficiencia en la utilización de los recursos. Lejos de hacer más con menos, por desgracia hacemos menos con más.

España es uno de los países de Europa que más despilfarra por su número de habitantes. La política hidráulica que se realice, debe basarse en el ahorro frente al despilfarro actual y continuo aumento de la oferta hídrica.

Con la llegada al poder del Partido Popular, en 1996, promete una reflexión sobre la cuestión del agua, tardando cuatro años en publicar el Libro Blanco del Agua. En éste se reconoce la crisis de la política hídrica tradicional aplicada en España, respecto a las obras públicas y la perentoria necesidad de replantearla.

A pesar de esto, rompe con sus antiguas promesas y el gobierno del PP solicita al inicio de su segunda legislatura, ya con mayoría absoluta, la aprobación urgente de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que tiene la misma fundamentación que el anterior propuesto por el PSOE y que tanto había criticado desde la oposición, es decir, aumentar la oferta y no restringir la demanda.

El PHN del PP privilegia las grandes obras hidráulicas de oferta, desatiende la gestión del agua en su conjunto, se apoya en la noción de recursos excedentarios o sobrantes para justificar las grandes operaciones de trasvases forzados y financiados desde el Estado, cerrando los ojos a unos desequilibrios regionales que contribuye a acentuar.

Es evidente, que se deben de cambiar las reglas del juego económico en el tema del agua para hacer posible el paso desde LA ECONOMÍA DE LAS OBRAS hacia LA ECONOMÍA DEL RECURSO, más acorde con los intereses de la mayoría. La vieja política regeneracionista de Joaquín Costa, que en su época fue eficaz, debe de dar paso a una nueva política hidráulica.

Desde mi punto de vista, el Partido Popular cambia su posición crítica a la política del agua del PSOE, cuando sucumbe a las presiones de los grupos de intereses empresariales y especulativos minoritarios pero muy poderosos.

El informe de la OCDE, de 2004, valora que los precios del agua son muy bajos y no se recurre lo suficiente a la tarificación para gestionar la demanda. La puesta en funcionamiento en España de la nueva directiva marco de la Unión Europea sobre el agua provocará un sensible aumento del precio de ésta. Pero no está claro que el gobierno la ponga en funcionamiento con la celeridad necesaria.

La OCDE dice que hay en nuestro país un desequilibrio agudo entre la oferta y la demanda. Un desequilibrio acelerado entre lo disponible y lo necesario, que ni todos los proyectos de nuevos embalses y trasvases pueden ya de por sí mismos resolver.

Las expectativas de agua en las zonas costeras del Levante y el Sur español disparan automáticamente proyectos de urbanizaciones y de extensión del regadío en una dinámica aparentemente sin fin. Como dice Pedro Arroyo, detrás de la pancarta reivindicativa históricas “el campo español se muere de sed”, lo que se suele encontrar a menudo son intereses especulativos inmobiliarios.

La Ley de Aguas de 1985, que sustituye a la anterior, ya establece la necesidad de proteger los recursos hídricos y provoca la anulación de algunos grandes proyectos hidráulicos ya proyectados por su elevado impacto medio ambiental. Sin embargo, este cambio legislativo propuesto por esta ley apenas provoca cambios operativos por su falta de desarrollo. La poderosa inercia del postismo sigue pesando en los distintos gobiernos españoles.

La Ley de Aguas establece que las aguas subterráneas consideradas de propiedad privada desde el Derecho Romano pasan a ser de dominio público, exactamente igual que las aguas superficiales. Los legisladores no se atreven a aplicar este enunciado de forma retroactiva e incluyen un artículo transitorio en virtud del cual los propietarios de los terrenos conservan la propiedad privada de los pozos, construidos con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley.

Todo esto genera situaciones paradójicas por decirlos de alguna manera. En la cuenca del Segura, por ejemplo donde se ponen en funcionamiento 85.000 ha de regadío de forma ilegal, alimentadas por medio de aguas subterráneas, que provoca el agotamiento de los acuíferos de la zona.

El modelo clásico desarrollista español piensa que la solución del problema está en la construcción de embalses y trasvases. La nueva política hídrica comunitaria establece que, el agua es el soporte indispensable de la biodiversidad y de los ecosistemas a proteger y exige que se aseguren el abastecimiento sin dañar la vida de los ríos, de los acuíferos y de los deltas.

Hay dos modelos de gestión del agua: por un lado, el que juzga prioritario llevar el agua al terreno en el que se genera riqueza. Por otro, se considera que cualquier proyecto económico debe asentarse previamente sobre sus propios recursos. Ambos planteamientos están condicionados, porque piensan que no se puede desatender los cultivos más rentables, y no ignora que el aumento del precio del agua a su coste arruina a parte de la agricultura que es poco rentable y contribuye a la despoblación rural.

Tras las nuevas directivas comunitarias 2000/60, los políticos españoles han tenido que familiarizarse con términos y conceptos como “eco hidrología”, “régimen ambiental mínimo”, “sostenibilidad hidrológica”, “hidrodiversidad” que son de uso corrientes entre los expertos. La fórmula, que las autoridades comunitarias señalan para conseguir un uso eficiente del agua, es que el consumidor pague el coste de la conducción, es decir amortice su realización y además se le añada el coste medio ambiental.

En la actualidad, el importe medio que se paga por el agua potable es de 1,1 euros por metro cúbico. En caso de la no potable se paga 0,38 euros el metro cúbico.

La cobertura sanitaria del agua del grifo en nuestro país es total al cien por cien. Podemos afirmar que es el producto de consumo más vigilado. Sirva como ejemplo la ciudad de Barcelona, donde se hacen más de mil controles diarios de la red. Las estadísticas dicen que el 50% de los barceloneses beben agua del grifo y el 80% la utilizan para cocinar.

La gestión privada gana terreno, así el agua suministrada a través de empresas públicas representan el 42% del total, mientras que el resto lo hacen las empresas privadas.

Las fuentes de agua son mayoritariamente superficiales con el 74%, ganando terreno los procesos de desalación, pasando del 4% del 2002 al 5% del 2004. Las aguas superficiales, especialmente los embalses son los principales suministradores de agua, pero con una tendencia decreciente, mientras que los manantiales y pozos ganan importancia.

Las cuencas con menor disponibilidad de agua potable son Cataluña, Canarias y la cuenca del Júcar, que son también las que presentan un menor consumo, pues tienen los precios más altos.

El agua ha sido siempre un elemento conflictivo en España, últimamente está adquiriendo una dimensión extraordinaria. A la ya conocida conflictividad vecinal, hay que sumar las confrontaciones entre comunidades autónomas con intereses divergentes, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón..., así como la polémica abierta entre comunidades gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno central socialista a costa de la derogación del proyecto de trasvase del Ebro, desavenencias sobre el trasvase Tajo/Segura y el plan de desalación. El agua se convierte en un problema de primera magnitud que condiciona drásticamente el modelo de desarrollo agrícola.

El Ministerio de Medio Ambiente incluye estimaciones, para el año 2050, de los efectos que sufriremos con el cambio climático. Según sus cálculos, la temperatura subirá 2,5 grados, las precipitaciones se reducirán un 10% y la humedad del suelo disminuirá en un 30%.

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Alrededor de la tercera parte del agua que se utiliza en las ciudades y en la industria, y la cuarta parte de la que se emplea en la agricultura son aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas sostienen el caudal mínimo de los ríos y son utilizados como recurso sistemático para resolver ese agudo desequilibrio existente en nuestro país entre oferta y demanda. Existen en España en estos momentos entre medio millón y un millón de pozos, en su inmensa mayoría no declarados legalmente y que provocan una explotación bastante irracional de los acuíferos. Son los grandes desconocidos de la opinión pública del país

Cuando se produce una explotación intensiva de las aguas subterráneas por la sequía u otras causas, se provoca que disminuya el nivel de los acuíferos, lo que origina problemas ecológicos, como por ejemplo en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que son humedales de gran importancia y que acogen gran cantidad de aves. La explotación creciente para usos agrícolas del acuífero 23, que nutre de agua al parque ha hecho que en los años de pocas lluvias grandes áreas de las Tablas se queden sin agua, con consecuencias muy graves para la conservación de éste, lo que provoca grandes mortandades en las aves.

Todos los acuíferos están afectados por problemas de intrusión marina en la costa del Mediterráneo y necesitan una mejora urgente de su explotación, de sus sistemas de control. Es imprescindible permitir que se recarguen antes de seguir explotándolos, pues al bajar su nivel hace que entre agua del mar, lo que impide su explotación.

Existen en el país más de 11.000 puntos de análisis de las aguas subterráneas y en 6.000 de ellos hay controles periódicos de su calidad.

El problema más importante que tenemos en nuestras aguas subterráneas son los altos niveles de concentración de nitratos. El límite máximo permitido por la ley es de 50 mg/l para el abastecimiento de la población. En más de un millar de municipios, que suponen una población de más de dos millones de habitantes, situados mayoritariamente en la zona costera mediterránea se han detectado cantidades superiores a esa cifra.

De los 85 sistemas de acuíferos existentes en el país, la mitad presentan puntos de concentraciones de nitratos superiores a los 50 mg/l. De estos casos, una cuarta parte evoluciona favorablemente, mientras que el resto sigue igual o empeorando, todo ello es consecuencia de la agricultura industrial que se practica en el país.

Los acuíferos de la zona norte española se encuentran en una buena situación, mientras que los de la zona mediterránea, entre Gerona y Málaga se encuentran muy afectados por el problema de los nitratos. También se encuentran en una situación difícil los de las cuencas del río Guadiana y Júcar y algunas zonas de las del Tajo y Duero, especialmente las provincias de Badajoz, Ciudad Real y Albacete. Es mala la situación en Mallorca y en algunas zonas de Canarias.

Es a partir, de 1950, cuando comienza la explotación de los acuíferos subterráneos en nuestro país, debido a los avances tecnológicos en esta materia. La aparición de pozos no responden a ninguna planificación previa, sino que los propios agricultores son los que se dan cuenta de las posibilidades existentes y se dedican a abrir nuevos pozos para sus cultivos, sin ninguna planificación ni autorización.

Actualmente en España, la extracción de aguas subterráneas supone el suministro de 5.300 hm3, de los cuales 1.500 hm3 se destinan al abastecimiento de agua potable a las poblaciones y el resto a riegos agrícolas que abastecen una superficie de más de un millón de hectáreas agrícolas. En la cuenca del Segura, en la provincia de Murcia la cantidad almacenada de recursos hídricos renovables accesibles ha disminuido un 25% en los últimos diez años.

CUENCAS INTERNACIONALES ESPAÑOLAS

España tiene cuatro cuencas compartidas con Portugal, las del río Miño, Duero, Tajo y Guadiana.

Los caudales mínimos que deben de llegar a Portugal están fijados en el convenio de Albufeira, firmado en 1998, entre los dos países.

El acuerdo de Albufeira establece tres caudales mínimos en tres puntos del río Duero. Permite incumplir esos caudales si el año hidrológico, del uno de septiembre al uno de junio, llueve un 35% menos de la media de los diez últimos años.

Si la lluvia supera ese nivel y el caudal no llega a lo acordado, hay una penalización económica equivalente a la electricidad que ese caudal puede producir en Portugal. En la frontera hispano-lusa existen una serie de presas hidroeléctricas muy importantes compartidas por los dos Estados.

Cuencas internacionales españolas

LA LEY DE AGUAS DE 1985

El marco legal español de gestión de las aguas continentales se rige por la Ley de 13 de junio de 1879, lógicamente modificada y completada por toda una serie de normas posteriores.

Resulta claro, que dicha ley se queda anticuada para abordar la regulación jurídica de las aguas continentales. Con el cambio político, que se produce en el país, aparece una nueva configuración autonómica del Estado, surgida a raíz de la Constitución de 1978. Las profundas transformaciones sufridas por la sociedad española, los continuos avances tecnológicos, mayor demanda y conciencia ecológica, así como una mejora de la calidad de vida de los españoles está provocando una mayor utilización del agua y en consecuencia una mayor demanda.

La Ley de 1985 establece el nuevo régimen jurídico del dominio público hidráulico de acuerdo con el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Las Confederaciones Hidrográficas priorizan actuaciones referentes a obras hidráulicas siguiendo con la tradicional política hídrica española. Cabe citar el aumento significativo de la capacidad de almacenamiento, que en el caso de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Sur, se duplica, reduciendo los posibles efectos de futuras sequías.

Hay que añadir gran cantidad de actuaciones en materia de depuración, situando actualmente en el 80% la población española ya cuenta con este servicio. Respecto a la cuestión de la calidad del agua, el Tribunal Europeo ha recibido numerosas denuncias contra España por el incumplimiento de las Directivas Europeas relativas a contaminación por nitratos, tanto en agua de consumo como de baño.

En julio del 2005, se refunde el texto de la Ley de Aguas, adaptándose las modificaciones que se producen en este tiempo así como las nuevas directrices que marca la Unión Europea

Estas modificaciones obedecen a varios aspectos como al mal estado de las infraestructuras, deficiencias en los sistemas de riego y drenaje, etc., evitables con las nuevas tecnologías como la desalación o la reutilización de aguas residuales. Se produce la adecuación de nuestras leyes a las de la Unión Europea, unido al mayor papel de la Comunidades Autónomas en la vida política del Estado.

Los principales aspectos de estas modificaciones son:

- Potenciar la protección y regulación de las aguas continentales, basándose en tres aspectos:

a) Regulación de los caudales ecológicos de cada una de las cuencas como límite de explotación de las mismas, manteniendo el principio de uso para el abastecimiento de poblaciones.

b) Prohibición de actividades como vertidos, almacenamiento de sustancias peligrosas,..., capaces de contaminar o degradar el dominio público hidráulico; cauces de ríos, embalses, acuíferos subterráneos, etc.

c) Aplicación de un nuevo régimen de autorizaciones de vertido acorde con la legislación europea, siempre en función del estado ecológico del medio receptor, o sea, según los parámetros biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos del medio acuático.

- Búsqueda de nuevas formas de obtención de agua. Regula por un lado, la explotación de nuevas instalaciones desalinizadoras, así como la gestión del agua resultante y, por otro, la gestión de aguas recicladas procedentes de los procesos de depuración de aguas residuales urbanas.

- Apoya y promueve políticas de ahorro de agua, aplicables al consumo, gestión y administración del agua. La reforma aporta la implantación de sistemas homologados de medición de consumos, el establecimiento de coeficientes correctores del consumo, etc.

- Aumento de la participación de todas las partes implicadas en la política de gestión, fomentando, entre otros aspectos, la regulación de los usuarios en las Confederaciones Hidrográficas.

- Cesión de derechos de uso del agua por parte del titular de una concesión. Creación de bancos de agua, o sea, intercambios de la cesión del uso aprobados por el Gobierno, siendo los Organismos de cuenca los que puedan hacer ofertas públicas de adquisición de estos derechos de uso.

Como vemos en España hay un mal uso hídrico y escasa conciencia con el tema del agua. Esto debe de cambiar, partiendo de un respeto a los medios hídricos, no desarrollando ni trasvases ni más pantanos. Su conservación y buen uso del agua es fundamental, así como no contaminar y cuidar de su calidad. Si hacemos esto nuestros problemas hídricos mejorarán.

El agua en España
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