En este sentido, la portavoz de Ecologistas en Andalucía, Lola Yllescas, ha expresado en declaraciones a Europa Press que "por fin" ha llegado la decisión del TC, una sentencia que "no lamenta", recordando que en varias ocasiones anteriores desde el colectivo conservador habían expresado que "no estaban satisfecho con la gestión de la Junta de Andalucía en materia de agua y sobre el río, que le viene grande a la Administración andaluza".
Según una nota hecha pública este miércoles por el TC, se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica andaluza. Concretamente, se declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 51, tal y como pedía Extremadura, al considerar que el mismo otorga competencias exclusivas a Andalucía mientras que la cuenca del Guadalquivir es compartida por otras comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Yllescas considera "lógica" la actuación del Alto Tribunal porque la competencia sobre un río que cuenta con una cuenca intercomunitaria como es el caso del Guadalquivir recae sobre el Gobierno del Estado. "En este asunto no hay cáscaras ni juego de palabras, aunque sea un porcentaje mínimo, el Guadalquivir es intercomunitario", ha explicado.
En este sentido, ha apuntado que éste se debe gestionar "con rigor y distanciamiento, para liberar de presiones al río", pues es un elemento "sensible e importante".
"UNA ABERRACIÓN"
Por su parte, el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, ve "positiva" la sentencia, recordando, en declaraciones a Europa Press, que hace tiempo, cuando se conoció el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que daba a Andalucía la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, ya consideraron este hecho "una aberración", sobre todo, por ir en contra de la Directiva Marco de Agua que marcaba la Unión Europa y que regula y define la gestión de los ríos en España.
En esta línea, ha precisado que uno de los principios fundamentales de esta directiva es "la unidad de cuenca hidrográfica", aclarando que los ríos hay que planificarlo y gestionarlo como "unidad", es decir, como "unidad de cuenca, que no es unidad política", según asegura.
Además, considera "importante" la sentencia para avanzar "en la correcta gestión del agua en España, dando prioridad a la Directiva Marco de Agua". Asimismo, cree que la decisión del Alto Tribunal debe servir para "luchar contra la guerra política del agua que existe en el país, donde las comunidades autónomas quieren tener más control sobre este recurso natural, si bien, es el Estado el que tiene que gestionar éste, incluso con medidas internacionales en los casos de las cuencas compartidas con Portugal". En este sentido, añade que la directiva, no sólo define la gestión del agua en los ríos, sino también en la costa.
En referencia al proyecto de dragado de profundización sobre el río Guadalquivir, proyectada por la Autoridad Portuaria de Sevilla, la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, ha confesado a Europa Press que "desconoce" cómo queda ahora el asunto, si bien, ha subrayado que "sigue estando en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino", que tiene que tomar "la última decisión".
